Daniel Coronell
El abogado Álex Vernot, cuya sentencia a seis años de prisión por el delito de soborno de testigos fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia en las últimas horas, ha dicho que, en el caso Hyundai, el único que no ha respondido es el verdadero cerebro de la operación.
Por cuenta del soborno a funcionarios judiciales para que tomaran las medidas cautelares que favorecieran a Carlos Mattos en su pleito con Hyundai, terminaron en la cárcel el corrupto magnate, quien, por cierto, se ha dado una vida de rey durante la mayor parte de su reclusión; dos jueces que le recibieron plata; diez funcionarios de la rama judicial que se vendieron también y dos abogados: Luis David Durán, especialista en derecho de familia, quien efectuó el pago de coimas y se convirtió en el principal testigo del caso; y el propio Álex Vernot, condenado por ir a la cárcel a ofrecerle al testigo Durán dos millones de dólares para que se retractara y declarara a favor de Mattos.
A pesar de las quince condenas, sigue faltando una explicación, quizás la más importante de todas: ¿cuál fue el papel de Néstor Humberto Martínez en estos hechos?
El condenado Vernot ha afirmado por años que, antes de ser fiscal, Néstor Humberto Martínez fue el asesor jurídico de Mattos y que él diseñó la estrategia para torcerle el brazo a la multinacional coreana y a sus representantes, para obligarlos a conciliar. Existen documentos que respaldan esa versión.
La estrategia consistía en que los jueces adoptaran medidas cautelares que impideran a Hyundai y a sus representantes vender sus productos en Colombia. Con los carros y camiones detenidos en el puerto, el tiempo marchaba contra la multinacional. Después de cierta fecha, los vehículos dejarían de ser último modelo y se desvalorizarían, aunque siguieran cero kilómetros.
Con el hacha en el cuello, los coreanos y sus representantes conciliaron, aceptando pagarle una suma enorme a Mattos porque, pese al monto, resultaba menor que las eventuales pérdidas. El éxito del opulento demandante fue atribuido a un pretendido dream team jurídico del que hacían parte Abelardo de la Espriella; el penalista Iván Cancino, quien años después sería grabado reuniéndose con Mattos en sus escapadas de la cárcel; y Álex Vernot.
Sin embargo, la génesis de la cuestionada estrategia –aceitada como ya sabemos– está en una oferta de servicios de DLA Piper Martínez Neira a Hyundai Colombia Automotriz, cuyo presidente era Carlos Mattos. La carta firmada por Néstor Humberto Martínez está dirigida a Mattos, a quien llama “Respetado presidente y amigo”.
La oferta establece que los honorarios que cobraría la firma de Martínez serían 500 millones de pesos si el caso se resolvía en primera instancia, y 200 millones más, si iba a segunda.
Lo más llamativo y atípico está en un cobro variable: “En el evento en el que se dicte medida cautelar contra el demandado, se causará una comisión de éxito equivalente al diez por ciento (10%) del valor de los bienes objeto de la misma o el diez por ciento (10%) de la caución requerida, lo que resulte mayor, más IVA e ICA. Esta comisión se cancelará dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la decisión respectiva”.
Ni en Colombia ni en Estados Unidos existe la tradición de cobrar porcentajes sobre medidas cautelares. Algunos abogados con los que hablé, lo consideran antiético. En el caso de los vehículos comerciales, que era la parte del litigio que atendía la firma de Néstor Humberto Martínez, esas medidas cautelares contra los representante de Hyundai tenían un valor estimado de 45 millones de dólares. Es decir, al futuro fiscal le iban a tocar 4.5 millones de dólares.
La demanda fue firmada y presentada ante “juez civil municipal (reparto) por Néstor Humberto Martínez, apenas unos días después de la presentación de la oferta a Carlos Mattos. Lo cual demuestra que fue aceptada.
La jueza que aceptó las medidas cautelares es Ligia del Carmen Hernández Pérez. Un tiempo después, ella confesó ante la Fiscalía que había recibido plata después de haber tomado la decisión favorable a Mattos:
–¿Acepta usted, sí o no, los cargos que la Fiscalía le ha imputado el día de hoy? –le preguntó la jueza de garantías.
–Sí acepto –admite la jueza Hernández– en cuanto a lo que recibí y lo declaré en la audiencia de interrogatorio. Fueron cuatro entregas y cien millones de pesos, no más.
Se los entregó Dagoberto Rodríguez, oficial mayor del otro juez sobornado, quien declaró: “Yo desconozco al día de hoy los posibles arreglos entre Ligia, Carlos Mattos y el abogado que llevaba el proceso”.
El fiscal del caso, Álvaro Betancur, tenía claro quién era el abogado que llevaba el proceso:
–El abogado demandante, en este caso y quien tenía el poder de Carlos Mattos, era el doctor Néstor Humberto Martínez Neira, fiscal, para ese momento era abogado litigante. El proceso, a pesar de que él inicia con la demanda del proceso, quien lleva el proceso es un abogado suplente del bufete para ese momento del abogado demandante, para ese momento, Néstor Humberto Martínez Neira.
Hace años, cuando supe esto, le pregunté al entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez: “¿Recibió usted, o su firma DLA Piper Martínez Neira, beneficios económicos por la medida ordenada por la jueza Ligia del Carmen Hernández Pérez?”.
El entonces fiscal me respondió hablando de sí mismo en tercera persona: “La información requerida vulnera el fuero privado y profesional del abogado Néstor Humberto Martínez”.
Martínez se declaró impedido para el caso Hyundai. Apenas una formalidad, porque sus subalternos siguieron actuando. Hoy sigue sin responder si recibió, como había pactado con Mattos, los 4.5 millones de dólares o si el exótico millonario le incumplió.
Cualquiera sea la respuesta, es necesaria la explicación de quien ocupó la Fiscalía General. También es importante saber cuándo se enteró de los pagos a la juez que concedió la millonaria medida que Martínez pidió en la demanda.
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