Ana Bejarano Ricaurte
Esta semana conocimos una verdad incontrovertible: Corficolombiana, entidad financiera perteneciente al Grupo Aval, accedió a pagar ochenta millones de dólares en los Estados Unidos para detener los casos en su contra por sobornos entregados a funcionarios públicos en Colombia. La información provino directamente del Departamento de Justicia. Fue clara y completa, aun así, la máquina de la desinformación se encendió rápida y eficientemente para hacer creer a la opinión pública algo que simplemente no es verdad. Es un interesante y vigente caso de estudio que brinda luces sobre cómo funcionan las iniciativas que dependen del manoseo de la verdad.
Lo cierto es que en estricto sentido Corficolombiana no pagó una multa ni tampoco fue absuelta de ningún cargo. Lo que ocurrió fue que suscribió un pacto especial con las autoridades gringas llamado “acuerdo de enjuiciamiento diferido” (DFA, deferred prosecution agreement). Se trata de un mecanismo empleado cuando la autoridad tiene bases para acusar al investigado, pero accede a no hacerlo a cambio del cumplimiento de ciertas condiciones. Si, tras un determinado tiempo, el investigado cumple sus promesas, la autoridad acepta archivar el caso. Si no se verifican, el proceso avanza y se acusa formalmente.
Los términos del acuerdo son negociados: en muchos casos la parte investigada accede a pagar de manera anticipada una parte del dinero que la cobrarían de ser impuestas multas. Se suelen emplear estos tratos cuando el acervo probatorio es lo suficientemente fuerte como para asegurar que el investigado accederá a negociar y a someterse a ciertas condiciones para evitar una condena. Es una práctica que el Departamento de Justicia gringo considera importante para asegurar cambios en comportamientos corporativos dañinos.
En este caso, Corficolombiana además de aceptar el pago de ochenta millones de dólares, también ha accedido a brindar numerosa información sobre los hechos investigados, así como el cambio en diversas prácticas y protocolos que permitieron los demostrados sobornos. También es evidente que la negociación protegió al Grupo Aval, el cual claramente decidió sacrificar a Corficolombiana para evitar que los reflectores se posaran sobre los más altos niveles de la estructura.
En tres años el Departamento de Justicia analizará si Corficolombiana, además de hacer el pago correspondiente, ha cumplido el resto de las condiciones impuestas y en ese momento decidirá si archiva o no la investigación. De manera que no es realmente una absolución —se acerca mucho más a una aceptación de responsabilidades— y tampoco es la imposición de una multa, pues el monto ha sido negociado y aceptado por Corficolombiana.
El caso no se ha terminado, y está a la espera de que la entidad financiera cumpla lo prometido. Lo que sí es cierto es que sobre el Grupo Aval y Corficolombiana descansan suficientes pruebas de corrupción como para hacerlos torcer el brazo, pagar una altísima cantidad de dinero y comprometerse con condiciones difíciles para evitar acusaciones penales y administrativas.
Claro, la explicación de toda esta minucia jurídica se presta fácilmente para el enrevesamiento de hechos. Por eso algunas personas salieron rápidamente a calificar de absolución lo que no es. Varios alzaron los brazos en señal de victoria: políticos buscando futuras financiaciones, lavadores de caras y criaturas semejantes. También algo de gente desinformada que no tiene el tiempo o el interés para averiguar qué fue lo que en realidad ocurrió.
Y en semejantes condiciones: un asunto técnico que no es de fácil comprensión, poderosísimos intereses en juego, relacionistas públicos que viven del acomodo de la verdad y la premura de la noticia en redes sociales derivan en el escenario perfecto para consolidar hechos ficticios.
Este es el libreto que se repite en tantos asuntos de interés público: el manoseo de los hechos, el aprovechamiento de los temas confusos para absolver y condenar arbitrariamente. Una nueva y peligrosa tendencia en el mundo de la información, que vimos desenvolverse en vivo esta semana. En este caso se trata de la imagen pública de un poderoso conglomerado económico, pero cuando se emplea para otras materias, como por ejemplo el cambio climático o las elecciones, los resultados pueden ser devastadores.
Detener estas falsedades con ropaje de verdad requerirá de un enorme compromiso del periodismo como industria, pero ante todo como actividad de interés público. También de las audiencias que deberán estar preparadas para entender asuntos complejos y dudar de quienes busquen confundirlas.
