El poder de la Dian y de la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera quedó en manos de una sola persona. Casi ningún colombiano sabe quién es este hombre, en qué consiste su influencia y cómo la usa. Ahora, con su venia, han sido nombradas, a dedo, 22 personas en cargos como el de las aduanas de los puertos que hoy están controlados por ‘Papá Pitufo’. CAMBIO revela la historia.
Por: María Jimena Duzán
Entre tanta pelea diaria, el presidente Petro parece no haberse dado cuenta de lo que está sucediendo en la Dian desde que, el pasado 29 de enero, nombró a Luis Eduardo Llinás en la dirección de esa poderosa entidad. Este contador de Ciénaga de Oro, ahora todopoderoso en el Gobierno, es muy cercano a Nicolás Petro, el hijo presidencial problemático al que la Fiscalía ya acusó por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Sin que nadie se percatara, Llinás acaba de concretar una peligrosa jugada: firmó las resoluciones nombrando a dedo y sin ningún proceso de selección a 22 nuevos directores en las seccionales en la Dian. Se trata, nada más y nada menos, que de los cargos más apetecidos por organizaciones criminales como el Clan del Golfo, la Oficina de Envigado o la sofisticada estructura que maneja alias Papá Pitufo, zar del contrabando. La razón del apetito por estos puestos es sencilla: quien los controle, adquiere el dominio absoluto de los puertos de Colombia.
Llinás no solo es el director encargado de la Dian. Además de ese, tiene otro sombrero que concentra en él un poder descomunal: fue designado director de la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera (UIAF). Sin embargo, a pesar de tener semejante capacidad, fuentes que pidieron reserva de su nombre afirman que Llinás hizo los nombramientos pasándose por la faja los estrictos procesos de ambas entidades. Ni siquiera se verificó si el patrimonio de los aspirantes guardaba coherencia con sus salarios pasados y niveles de ingreso registrados.
Luis Eduardo Llinás, director general de la Dian. Crédito: @DIANColombia.
Por la gravedad del asunto, CAMBIO consultó a la directora del Dapre, Angie Rodríguez, para determinar si el presidente estuvo enterado del mar de nombramientos ordenado por Llinás. Una movida que, además, se presentó en pleno año electoral. Su respuesta fue un categórico “no”. «El presidente no supo de esos nombramientos, no intervino en ellos y no sabía que habían sido hechos sin pasar por ningún filtro”, respondió con cierto asombro la directora Rodríguez. Además, afirmó que ella había cumplido con los trámites de publicar las hojas de vida que le enviaba el doctor Llinás, pero que nunca supo para qué cargos estaban destinadas.¿Cómo pudo Llinás tomarse semejante atribución sin pasar por el presidente?
Es probable que, hasta la publicación de este artículo, el nombre de Luis Eduardo Llinás no les diga nada a la inmensa mayoría de los colombianos. Es un hombre de muy bajo perfil que ha operado por debajo del radar de los medios.
Sin embargo, hace rato que la prensa ha debido ponerle la lupa porque se trata, ni más ni menos, que del segundo funcionario más poderoso de este Gobierno después del presidente Gustavo Petro. En el Estado colombiano no hay nadie que maneje más información privilegiada que Llinás. Ya era poderoso cuando el mandatario lo nombró como director de la UIAF. Sin embargo, cuando le entregó también la dirección de la Dian, Llinás se quedó con la facultad de saber que en este país no se mueve un alfiler sin que él se entere. Ambos cargos en manos de la misma persona acaban pareciéndose mucho a una agencia de inteligencia de uso exclusivo de la Presidencia. Una especie de ‘mini DAS’.
Por la vía de la UIAF, Llinás tiene el poder de perseguir las platas de la corrupción y puede acceder a los estados financieros de todos los colombianos. La Dian, por su parte, además de manejar el recaudo y todo lo que tenga que ver con impuestos, tiene el control de las aduanas en los puertos. Esos mismos que están cooptados por las mafias de la política, el narcotráfico y el contrabando, un negocio que superó los 8.800 millones de dólares en 2022.
La decisión de concentrar esos dos sombreros en una cabeza fue adoptada por el Gobierno para fortalecer la lucha contra el contrabando y, supuestamente, para quitarle a la mafia el poder que tiene en los puertos. Sin embargo, todo apunta a que Llinás ha utilizado esos superpoderes para otra cosa y les está sacando provecho para beneficio propio y de su grupo político.
Su ascenso al Olimpo del poder ha sido vertiginoso y tiene todo que ver con su cercanía con Nicolás Petro. La relación empezó cuando Llinás trabajaba como el contador del hijo del hoy presidente. Su entrada a la política se dio en 2019, año en el que se vinculó a la Oficina de Apoyo Legislativo (OAL) de Nicolás Petro en la Asamblea del Atlántico. Posteriormente fue nombrado director en Antioquia de la campaña presidencial de Petro y compartió allí espacio con otro gran amigo suyo, Olmedo López, hoy capturado por el escándalo de la UNGRD. Tiene, además, una conocida cercanía con el exalcalde de Medellín y precandidato presidencial Daniel Quintero.
Con Llinás, en la UIAF llegaron también otros amigos de Nicolás Petro. Uno de ellos, Luis Fernando Montes, fue designado jefe de Planeación. Luego de unos meses en la UIAF, Montes fue trasladado a la Unidad de Gestión de Riesgo en donde su amigo Olmedo lo nombró como jefe de Contratación, justo en el momento en el que se estaba estructurando el ahora conocido robo de los recursos de esa entidad. Olmedo López también nombró a un hermano de Llinás como asesor de la Dirección, cargo del que salió cuando Carlos Carrillo asumió las riendas de la entidad. Estos vasos comunicantes casi que incestuosos entre la UIAF de Llinás y la UNGRD de Olmedo López debieron haber encendido las alarmas hace rato. Pero hasta ahora nada ha pasado.
Puerto de Buenaventura. Crédito: Colprensa.
Según múltiples fuentes de la entidad que pidieron reserva, Llinás no solo ha utilizado a la UIAF para proteger a su grupo político, sino para perfilar investigaciones quirúrgicas con el fin de sacar de la foto a unos y de exponer a otros. “Esa es la fórmula mágica que le ha permitido mostrar ciertos resultados en medio de grandes omisiones”, me dijo una de las fuentes consultadas.
Cuando el escándalo de la UNGRD estalló, mediante comunicado público, Llinás dio la orden en la UIAF de moverse contra Olmedo López, pero se ha cuidado de proteger a todos los nombres que podrían vincularlo a él o a Nicolas Petro con el escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres. “Mientras Olmedo López está en la cárcel, Luis Fernando Montes, el amigo de Llinás y de Nicolas Petro que fue trasladado de la UIAF a la UNGRD para que fuera sus ojos en la contratación de la Unidad, ha pasado de agache”, me advirtió otra de las fuentes que pidieron reserva.
Esas mismas fuentes, algunas de las cuales tienen a su cargo la labor de hacer las revisiones de funcionarios que susciten alertas, revelan una realidad preocupante. Según su relato, Llinás también estaría usando su poder en la UIAF para proteger a personas cercanas al presidente. En esa lista, reservada y por fuera de los canales oficiales, se registran nombres como el de la excanciller Laura Sarabia, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y los de varios jefes seccionales de la Dian.
El nombramiento de Llinás en la UIAF no cayó nada bien en la comunidad de inteligencia. Aunque desde el principio su llegada levantó suspicacias, la cosa se agravó cuando hizo público el informe confidencial sobre la compra del sistema de espionaje Pegasus en el Gobierno de Iván Duque. Esa sola imprudencia provocó la suspensión de Colombia del grupo Egmont, que permitía la colaboración y el cruce de informaciones sensibles con todas las unidades de inteligencia financiera en el mundo. Con la salida de ese grupo, la UIAF perdió muchos dientes para la lucha contra lo que Petro ha denominado como la mafia “cuántica”.
Con ese historial tan poco confiable, no se entiende por qué el presidente decidió encargar a Llinás de la dirección de la Dian. Estamos hablando de una agencia con un altísimo riesgo de cooptación por parte del crimen organizado y estructuras criminales disfrazas de política.
Cuando el país conoció de la existencia de ‘Papá Pitufo’ y empezó a hacerse pública la dimensión de su poder, el presidente Gustavo Petro dijo que haría hasta lo imposible para quitarle el dominio de los puertos a las estructuras del contrabando. Sin embargo, desde su llegada a la Dian, Llinás parece haber hecho lo contrario. Jairo Villabona, antecesor de Llinás en el cargo, había nombrado a Jerlyn Arley Ocampo como director de Aduanas de Buenaventura en enero de este año. Ese nombre acabó apareciendo en el allanamiento que hizo la Fiscalía el 13 de febrero pasado a la casa de ‘Papá Pitufo’, días después de que CAMBIO revelara la historia sobre la entrega de 500 millones de pesos del zar del contrabando a la campaña de Gustavo Petro.
Luis Eduardo Llinás. Crédito: @DIANColombia.
El nombre de Jerlyn Arley Ocampo solo salió a la luz en mayo, cuando el exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, lo expuso ante los micrófonos. Sin embargo, Llinás sí tenía esa información desde antes y, aun así, se hizo el de la vista gorda y lo dejó seis meses más en ese sensible puesto. Hablé con varias fuentes para entender por qué Jerlyn Arley no había sido retirado de su puesto, a pesar de aparecer en la órbita de ‘Papá Pitufo’. La respuesta fue de película. Dos fuentes de la Dian me dijeron que Llinás había dado la orden de no mover a Jerlyn de su puesto por cuenta de una petición de la Fiscalía. Según lo dicho por el director a esas fuentes reservadas, se trataba de un pedido directo del ente acusador porque Jerlyn estaba siendo interceptado y suministrando información valiosa. Sin embargo, al preguntarle directamente a la fiscal general de la Nación sobre este tema, la doctora Camargo afirma que se trata de una “fábula”. Es decir, desmiente que existiera una colaboración entre esta persona y la Fiscalía.
El 1° de julio de este año, con la firma de la resolución de Llinás nombrando a 22 personas a dedo en las jefaturas seccionales de la Dian, Jerlyn Arley Campo finalmente fue removido de su cargo. Lo reemplazó Jorge Shigemichi Nogami Aki, un oficial de la Armada que viene de manejar la aduana de Riohacha. Su nombre, me aseguran mis fuentes, fue impuesto por el propio comandante de la Armada y de entrada se desechó una propuesta para que se presentara una lista de candidatos. Se le nombró en el acto, con el argumento de que Petro quiere ahora militarizar los puertos y que ese nombramiento va en esa dirección. El nombre de Jorge Shigemichi, de acuerdo con varias fuentes, fue puesto sobre la mesa por primera vez por Laura Sarabia, quien le habría llevado la hoja de vida al entonces director de la Dian, Jairo Villabona, para que lo nombrara en la aduana de Riohacha. Ahora es el nuevo director del puerto de Buenaventura, sin duda el más importante del país.
Aunque no hay pruebas de ningún pago a nadie por estos nombramientos, en fuentes abiertas se asegura que, por este nuevo nombramiento, la mafia pudo haber pagado cerca de un millón de dólares. ¿Quién está recibiendo ese dinero y en qué lo van a usar? Buena pregunta….
En sus seis meses al frente de la dirección de la Dian, Llinás ha concentrado sus esfuerzos en mejorar sus relaciones con los políticos. Con ese propósito nombró a Carlos Andrés Vargas en la subdirección de Empleo Público. Ese es el cargo más importante de la Dian porque proyecta e influye en los nombramientos. Vargas es un operador político que trabajó con Llinás en la campaña presidencial de Petro en Medellín y ahora se encarga de la relación con los políticos. Él coordina la agenda de alcaldes y senadores con las subdirecciones estratégicas de la Dian, como la subdirección logística, que es la responsable de las donaciones, fruto de los bienes incautados. Esas donaciones, según me lo revelaron varias fuentes, están siendo entregadas por el propio Llinás en eventos con alcaldes y gobernadores a nombre del petrismo con miras a las elecciones de 2026. (Ver video)
En la lista de congresistas que le pidieron cita a Llinás meses antes de que hiciera los 22 nombramientos a dedo, hay legisladores de todas las orillas ideológicas. Están los liberales Jorge Hernán Bastidas y Wilmer Castellanos, éste último investigado por recibir coimas y miembro de la lista que María Alejandra Benavides, exasesora de Ricardo Bonilla, puso a disposición de las autoridades. Del Centro Democrático aparece Óscar Darío Pérez, mencionado también en la famosa lista publicada por el exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes. El Pacto Histórico no se queda atrás, pues entre los visitantes también figuran Ferney Silva, César Pachón e Isabel Cristina Zuleta. Esta senadora es la delegada del Gobierno para los diálogos con la Oficina de Envigado, una de las estructuras criminales que más poder ha ganado en el puerto de Buenaventura.
Puerto de Cartagena. Crédito: Colprensa.
Otra ficha importante de Llinás es su asesora, Mimi Johana Parra Salcedo, una joven economista hija de una importante dirigente sindical de la Dian, quien se encarga de las relaciones con las agencias norteamericanas que luchan contra el contrabando. Ella fue la mano derecha de Olmedo López en el Fondo de Adaptación, en donde se desempeñó como contratista en 2023. Según varias fuentes consultadas en la Dian, Mimi Johanna Parra es hoy el poder real detrás del trono.
El 27 de junio pasado, Llinás decidió encerrarse en su oficina en compañía de su asesora Mimi Johana Parra y del subdirector de empleo público, Carlos Andrés Vargas. Los tres trabajaron los 22 nombramientos en las seccionales de la Dian, los cargos más importantes para la lucha contra la corrupción y el contrabando. No usaron ningún filtro ni utilizaron a la UIAF, que él mismo dirige, para revisar si esas personas eran las idóneas. Los nombraron a dedo.
Llinás hubiera podido utilizar sus superpoderes para ir por los corruptos, para detener el saqueo en Ecopetrol, para exponer a todos los que intervinieron en el robo a la UNGRD, para perseguir a los funcionarios corruptos en la Dian y para ir tras el dinero de las mafias de la droga y del contrabando. Pero, hasta ahora, parece estar concentrado en otra cosa.
Al cierre del artículo, Luis Eduardo Llinás, director de la UIAF y de la Dian, respondió a un cuestionario que le hicimos llegar. Frente a los nombramientos hechos a dedo, afirma que el director de la Dian puede nombrar a los directores seccionales “sin necesidad de un proceso de concurso o ratificación, porque son de libre nombramiento y remoción”. Y aunque sostuvo que sí hubo un proceso de debida diligencia, no ofrece ninguna evidencia de que ese filtro se utilizó. También negó que hubiera un acuerdo con la fiscal general de la Nación para dejar en el cargo de director de Aduanas de Buenaventura a Jerlyn Arley Campo, pese a que su hoja de vida había aparecido en un allanamiento a la casa de ‘Papá Pitufo’ hecho por la Fiscalía en febrero pasado. Sin embargo, en su respuesta, el director de la Dian y de la UIAF no aclara por qué lo dejó en ese puesto seis meses más. Por último, y en contravía de lo que le dijo a CAMBIO la directora del Dapre, Llinás sostiene que el presidente sí estaba al tanto de “todas las actividades y decisiones que se adoptan en la Dian y de todos los mecanismos de transparencia y debida diligencia para los nombramientos en esa entidad”.
CAMBIO publica la respuesta completa de Llinás:
Buenas tardes, María Jimena cordial saludo, es un placer de verdad que me escribiera, aunque me gustaría más hablar personalmente y conocerla en vivo y en directo.
Por lo pronto envío respuesta a sus preguntas y entenderá que son temas complejos que me pueden colocar en situación de vulnerabilidad y poner en riesgo mi seguridad y la de mi familia. Espero que con estás respuestas puedan culminar su artículo.
1. Aunque los nombramientos de directores seccionales son de libre nombramiento y remoción del director de la Dian. Esto significa que pueden ser nombrados y removidos libremente por la autoridad nominadora, en este caso, el director general de la Dian, sin necesidad de un proceso de concurso o ratificación.
El artículo 125 de la Constitución Política establece como regla general que los servidores del Estado sean incorporados mediante el sistema de méritos y además que permanezcan en el cargo, mientras no hayan incurrido en las causales específicas de retiro previstas por el legislador. No obstante, la Constitución también prevé que los directores y responsables de las instituciones, pueden rodearse de personas de su entorno más próximo, es decir, de toda su confianza, quienes encarnan y materializan las políticas administrativas y las estrategias del director para el desarrollo de la misión institucional, por lo que el manejo de este grupo especial de personas de confianza debe ser flexible. Por lo anterior, la Constitución y la ley han previsto que algunos cargos deban ser de libre nombramiento y remoción, lo cual implica que su permanencia responda a la discrecionalidad del presidente, director, gerente o responsable de la entidad.
Crédito: @DIANColombia.
El proceso de nombramiento y remoción de los directores seccionales de la Dian se rige por las siguientes reglas:
Libre nombramiento y remoción:
Los directores seccionales son nombrados por el director general de la Dian en cargos de libre nombramiento y remoción.
Nombramiento ordinario:
El nombramiento se realiza mediante nombramiento ordinario, que es la forma general de proveer cargos en la administración pública, sin requisitos adicionales como concursos.
Facultad discrecional:
La autoridad nominadora, el director general, puede remover a un director seccional en cualquier momento, sin necesidad de justificación, haciendo uso de su facultad discrecional.
Excepción:
Si el director seccional es nombrado por encargo, se deben seguir las reglas específicas para encargos, incluyendo la evaluación de méritos y la verificación de observaciones.
En resumen, los directores seccionales de la Dian son nombrados y removidos por decisión discrecional del director general, sin necesidad de un proceso de concurso o justificación específica, dentro del marco de los cargos de libre nombramiento y remoción.
La facultad nominadora respecto de los empleos de libre nombramiento y remoción de la Dian se encuentra a cargo del director general de la entidad, de conformidad con el artículo 5 del Decreto Ley 927 de 2023, en concordancia con el numeral 23 del artículo 8 del Decreto 1742 de 2020, así como con el artículo 2 de la Ley 1437 de 2011. De esta forma, el director general de la entidad puede decidir discrecionalmente las personas a vincular en tales empleos, verificando en todo caso que cumplan con los requisitos mínimos y competencias para su desempeño, en ejercicio de la referida facultad nominadora.
Sin embargo, en aras de la transparencia establecí una DEBIDA DILIGENCIA, en la cual se establecieron mecanismos de verificación exhaustiva que hace la Subdirección de empleo público, y adicionalmente desde su misionalidad y en el marco de convenio existente entre Dian y UIAF, se debe hacer un análisis económico, financiero y patrimonial de los candidatos.
2. Las conversaciones con el señor presidente son de respeto y como mi superior él está enterado de todas las actividades y decisiones que se adoptan en la Dian, y de todos los mecanismos de transparencia y debida diligencia para los nombramientos de la Dian.
3. Las relaciones con la fiscal general de la Nación son excelentes, concretamente con la delegada contra las finanzas criminales, quien es la supervisora del convenio entre UIAF y FGN, se han establecido mecanismos de cooperación y colaboración armónica, para contribuir a combatir y perseguir judicialmente las conductas relacionadas con el lavado de activos, delitos fuente, financiación del terrorismo, el contrabando, favorecimiento de contrabando, fraude aduanero, así como el ejercicio de la acción de extinción de dominio.
Los informes que entrega la UIAF en apoyo judicial o en el marco de su competencia en sede de inteligencia, no pueden ser utilizados como elementos materiales probatorios ni pueden hacer parte del proceso penal, solo son criterio orientador.
Lo anterior, nos lleva a concluir de manera enfática que la UIAF no investiga, solo hace análisis financiero, y desde el marco de mis competencias no tengo información ni injerencia en la competencia de la FNG, no he hablado con la señora fiscal general de la Nación sobre el tema que me pregunta, solo tengo respeto y admiración hacia ella por la labor que adelanta desde el ente acusador. Si más me despido espero que tenga una buena tarde y con ganas de poder conocerla personalmente. Abrazos.
