Daniel Coronell
Esta semana conocí una resolución de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia compulsando copias para investigar a Abelardo de la Espriella por la oferta de soborno a un testigo para que no declare contra un cliente suyo. El acta es la 323 y está fechada el 21 de octubre de 2013. Lo curioso es que en ninguna dependencia de la Fiscalía General de la Nación pudieron encontrar las copias mencionadas. Como si se hubieran perdido por el camino.
La resolución de la Corte Suprema es la que acusa a la senadora Piedad Zuccardi del delito de concierto para delinquir agravado por relación con grupos paramilitares.
En la página 49 de esa resolución se menciona la existencia de una conversación grabada en la que participan el condenado parapolítico Javier Cáceres, el también condenado, pero por celebración indebida de contratos, Nicolás Curi; y Hugo Atencia, el abogado de Uber Enrique Bánquez, alias Juancho Dique, jefe paramilitar en los Montes de María.
De acuerdo con el documento de la Corte Suprema: “Hugo Atencia le dice a sus interlocutores que su cliente, el postulado Juancho Dique, se está quejando porque Libardo Simancas (exgobernador de Bolívar, condenado por parapolítica) le ha quedado mal y no le ha enviado la plata que le mandaron a ofrecer con la Gata e Hilsaca por conducto del abogado Abelardo de la Espriella”.
La resolución también habla del propósito que animaba a Enilse López, alias la Gata, a Alfonso ‘el turco’ Hilsaca y al político Libardo Simancas, para pagarle al paramilitar preso, alias Juancho Dique: “Los dos comerciantes presentes y el exgobernador, le están ofreciendo dinero a Juancho Dique, a través de Abelardo de la Espriella para que no los mencione en su versión libre de Justicia y Paz, y revela circunstancias particulares de los apoyos que uno y otro le brindaron al mencionado, hoy condenado por la Corte”.
La grabación que reposa en los archivos de la Corte Suprema de Justicia –es decir, al menos una copia sobrevive– registra el siguiente diálogo:
–A mí me dijo el amigo del Departamento –dice Javier Cáceres, refiriéndose a Libardo Simancas– que le había mandado 300 a Juancho Dique.
–No le ha mandado nada –responde el abogado Hugo Atencia.
–Entonces se los cogió el intermediario –replica Cáceres.
Más adelante, Hugo Atencia cita a alias Juancho Dique:
–No se acuerda que yo le dije que aquí me había visitado Abelardo de la Espriella –y continúa– porque ellos le mandaron a Abelardo de la Espriella: la Gata y el Turco.
Para esa época, el hoy candidato presidencial, Abelardo de la Espriella, era abogado de Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca dentro del proceso por el feminicidio de cuatro trabajadoras sexuales de Cartagena, a las que acribilló un sicario junto a la Torre del Reloj en una aparente operación de mal llamada “limpieza social”.
De acuerdo con la narración del abogado Hugo Atencia, registrada en la grabación, De la Espriella se apareció de sorpresa en el lugar de reclusión del paramilitar: “le mandaron a Abelardo de la Espriella y resulta que el hp (Juancho Dique) me dice a mí que cuando yo autorizo la entrada del abogado, yo pensé que era usted, cuando me enfrascaron con ese tipo aquí (risa de Atencia), eche y tú por qué no le preguntas al guardián ¿Qué cuál abogado es? Ah no, lo tengo autorizado es a usted, cuando me preguntaron yo dije que sí…Él estaba esperando alguna vaina, él no es ningún pendejo”.
La Corte Suprema de Justicia concluye: “En términos generales lo que en esa conversación se revela y para lo que interesa a los propósitos de esta decisión, es que los empresarios Enilse López, alias La Gata; Alfonso Hilsaca, alias El Turco Hilsaca; y Libardo Simancas, políticos y empresarios señalados por tener vínculos con los paramilitares, le envían a Dique a su sitio de reclusión al abogado Abelardo de la Espriella para ofrecerle dinero a cambio de no ser mencionados en su versión libre”.
Por esa razón, la Corte Suprema de Justicia compulsó copias contra Abelardo de la Espriella para que la Fiscalía determinara si había incurrido en conductas irregulares, es decir si había cometido algún delito.
Doce años largos después, no fue posible encontrar en ninguna dependencia de la Fiscalía el resultado de esa orden. No se sabe siquiera si en algún momento se inició la investigación. Simplemente, las copias desaparecieron.
