Por Elizabeth Mora-Mass
La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos le quitó su principal elemento esencial a la llamada Ley de Derecho al Voto de 1965, la cual es considerada no sólo como una de las grandes conquistas de los Derechos Civiles de las Minorías de la Unión Americana, sino como la puerta que abrió las puertas a la participación democrática de la nación.
En una votación de 6-3, la mayoría conservadora de la Corte impuso su criterio a los liberales, al desestimar el mapa de votación de Luisiana, el cual abría un nuevo distrito de mayoría negra para cumplir con la norma, calificando el nuevo distrito como “inconstitucional”.
El juez conservador Samuel Alito escribió el informe de la mayoría conservadora de la hacen parte los jueces Clarence Thomas y Neil Gorsuch, a quienes se sumaron los jueces Roberts, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett.
Las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, consideradas como los jueces liberales, votaron por la negativa.
La Ley del Derecho al Voto es para muchos la Carta Magna de los Derechos Civiles de las Minorías en los Estados Unidos.
La decisión de la Corte se da en momentos en republicanos y demócratas se disponen a reestructurar todos los mapas electorales de las tierras del Tío Sam, en lo que los politólogos llaman “mayoría minoritaria”.
Es decir, el “grupo mayoritario” es dividido en fragmentos con el objetivo de que el nuevo distrito electoral divida al grupo mayoritario en dos o más grupos, convirtiéndose en el “grupo minoritario”.
Lo descrito en los dos últimos párrafos lo estamos viendo en las propuestas de rediseño de los distritos de los estados del sur, básicamente republicanos, mientras que los distritos de los estados demócratas presentan el mismo proyecto para eliminar los votos republicanos de sus estados.
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