Daniel Coronell
El Country Club de Bogotá es uno de los más exclusivos del país. Sus salones y campos deportivos están reservados para sus socios e invitados, estos últimos, por reglamento, no pueden repetirse más allá de dos veces al mes. La tradición de selectividad ha alimentado una costumbre que muchos miembros relatan con orgullo: les echan “balota negra” –es decir no admiten como socios– a empresarios y políticos que no tienen suficiente pedigrí.
Sin embargo, esta no ha sido una historia solamente de pergaminos. Por ejemplo, en esa misma institución empezaron las diferencias entre Enrique Pardo Hasche y Eduardo Puyana Rodríguez, suegro del expresidente Andrés Pastrana. Esas diferencias monetarias terminaron con el secuestro del señor Puyana, asesinado durante su cautiverio. Por ese secuestro fue condenado Pardo Hasche, pariente de figuras prominentes y delincuente implicado en presiones a un testigo, para voltearlo a favor del expresidente Álvaro Uribe.
El pasado miércoles 14 de mayo, uno de los elegantes comedores del Country fue testigo del inicio de un plan para desacreditar y criminalizar al senador Iván Cepeda y al abogado representante de víctimas Miguel Ángel del Río.
De acuerdo con una versión, conocida por la Fiscalía, el llamado abogánster Diego Cadena, condenado en las últimas horas por soborno de testigos en actuación penal, citó en ese Club al expolicía Manuel Castañeda, conocido con el alias de el narcochofer, para persuadirlo de participar en el plan para involucrar falsamente en una operación de narcotráfico a Cepeda y a Del Río.
Desde luego, ni el abogánster ni el narcochofer son miembros del Country Club. Un socio “los firmó” para que ingresaran.
Cadena le ofreció a Castañeda, quien está libre por un principio de oportunidad, conseguido por su abogado Miguel Ángel del Río, que declarara contra su defensor y contra Iván Cepeda. En contraprestación le gestionaría protección y beneficios económicos en Estados Unidos.
Es decir, nuevamente promete prebendas, a cambio de un testimonio, para enlodar a quienes han sido contrapartes del expresidente Uribe.
Para alardear de sus contactos con las agencias federales de Estados Unidos, Cadena le envió al narcochofer un pantallazo de una llamada de WhatsApp en la que, aparentemente, habla con “Chris García, DEA Bogotá”, “Julio Mena, FBI Tampa”, alguien llamado “Tampa Mc Donough” y “Denis Kennedy, HSI”, un acrónimo que corresponde a Homeland Security Investigations, la unidad de investigación del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. 
A la reunión del Country siguieron dos encuentros en hoteles de Bogotá. Hay varias conversaciones grabadas que muestran que a Castañeda le estaban prometiendo beneficios económicos, y que Cadena, además, le decía: “Créame, hermano, que usted tiene el mejor apoyo que pueda tener del mundo entero cuando está del lado de esos manes”.
El Pacto del Country había avanzado por cinco semanas cuando el senador Iván Cepeda y el abogado Miguel Ángel del Río se percataron de lo que estaba pasando y publicaron un comunicado en el que advertían:
“Denunciamos intento de vincularnos falsamente al narcotráfico”. “A través de distintas fuentes de información, tenemos conocimiento de que en contra nuestra se está fraguando una operación criminal que busca atentar contra nuestra reputación e integridad”.
El Country Club de Bogotá es uno de los más exclusivos del país. Sus salones y campos deportivos están reservados para sus socios e invitados, estos últimos, por reglamento, no pueden repetirse más allá de dos veces al mes. La tradición de selectividad ha alimentado una costumbre que muchos miembros relatan con orgullo: les echan “balota negra” –es decir no admiten como socios– a empresarios y políticos que no tienen suficiente pedigrí.
Sin embargo, esta no ha sido una historia solamente de pergaminos. Por ejemplo, en esa misma institución empezaron las diferencias entre Enrique Pardo Hasche y Eduardo Puyana Rodríguez, suegro del expresidente Andrés Pastrana. Esas diferencias monetarias terminaron con el secuestro del señor Puyana, asesinado durante su cautiverio. Por ese secuestro fue condenado Pardo Hasche, pariente de figuras prominentes y delincuente implicado en presiones a un testigo, para voltearlo a favor del expresidente Álvaro Uribe.
El pasado miércoles 14 de mayo, uno de los elegantes comedores del Country fue testigo del inicio de un plan para desacreditar y criminalizar al senador Iván Cepeda y al abogado representante de víctimas Miguel Ángel del Río.
De acuerdo con una versión, conocida por la Fiscalía, el llamado abogánster Diego Cadena, condenado en las últimas horas por soborno de testigos en actuación penal, citó en ese Club al expolicía Manuel Castañeda, conocido con el alias de el narcochofer, para persuadirlo de participar en el plan para involucrar falsamente en una operación de narcotráfico a Cepeda y a Del Río.
Desde luego, ni el abogánster ni el narcochofer son miembros del Country Club. Un socio “los firmó” para que ingresaran.
Cadena le ofreció a Castañeda, quien está libre por un principio de oportunidad, conseguido por su abogado Miguel Ángel del Río, que declarara contra su defensor y contra Iván Cepeda. En contraprestación le gestionaría protección y beneficios económicos en Estados Unidos.
Es decir, nuevamente promete prebendas, a cambio de un testimonio, para enlodar a quienes han sido contrapartes del expresidente Uribe.
Para alardear de sus contactos con las agencias federales de Estados Unidos, Cadena le envió al narcochofer un pantallazo de una llamada de WhatsApp en la que, aparentemente, habla con “Chris García, DEA Bogotá”, “Julio Mena, FBI Tampa”, alguien llamado “Tampa Mc Donough” y “Denis Kennedy, HSI”, un acrónimo que corresponde a Homeland Security Investigations, la unidad de investigación del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
A la reunión del Country siguieron dos encuentros en hoteles de Bogotá. Hay varias conversaciones grabadas que muestran que a Castañeda le estaban prometiendo beneficios económicos, y que Cadena, además, le decía: “Créame, hermano, que usted tiene el mejor apoyo que pueda tener del mundo entero cuando está del lado de esos manes”.
El Pacto del Country había avanzado por cinco semanas cuando el senador Iván Cepeda y el abogado Miguel Ángel del Río se percataron de lo que estaba pasando y publicaron un comunicado en el que advertían:
“Denunciamos intento de vincularnos falsamente al narcotráfico”. “A través de distintas fuentes de información, tenemos conocimiento de que en contra nuestra se está fraguando una operación criminal que busca atentar contra nuestra reputación e integridad”.
DENUNCIAMOS INTENTO DE VINCULARNOS FALSAMENTE AL NARCOTRÁFICO COMUNICADO DE PRENSA Comunicado conjunto de Miguel Ángel del Río e Iván Cepeda sobre operación difamatoria en su contra Bogotá D. C., 25 de junio de 2025.- Miguel Ángel del Río, abogado, e Iván Cepeda Castro, senador de la República y defensor de derechos humanos, nos permitimos informar a la opinión pública lo siguiente: A través de distintas fuentes de información, tenemos conocimiento de que en contra nuestra se está fraguando una operación criminal, que busca atentar contra nuestra reputación e integridad. Los autores de esta operación pretenden, mediante graves calumnias y falsos testimonios, vincularnos a organizaciones del narcotráfico. Como corresponde ante una situación de esta naturaleza, hemos acudido a la Fiscalía General de la Nación para formular la respectiva denuncia penal, e igualmente, prevenir cualquier situación que pueda obstruir nuestra labor, especialmente en esta etapa, cuando el juicio oral contra el acusado expresidente Álvaro Uribe Vélez ha entrado en su fase final. La Fiscalía adelanta ya la respectiva investigación.
Tan pronto conoció la reacción de sus eventuales víctimas, el abogánster llamó al narcochofer para advertirle que en adelante debían comunicarse únicamente por la aplicación Signal, que encripta llamadas y mensajes. También le dijo que en Estados Unidos estaban tratando de revivir una investigación contra Iván Cepeda a la que le sumarían “esto” y que una expareja de Miguel Ángel del Río estaba en contacto con la oficina de De la Espriella para entregar información en contra del representante de víctimas.
En la conversación telefónica, ocurrida el 25 de junio, se oyen al fondo los alegatos de conclusión de la fiscal Marlene Orjuela en el juicio contra Álvaro Uribe, es decir Cadena veía la audiencia mientras hablaba con Castañeda.
La insistencia en el uso de Signal es llamativa porque en las interceptaciones entre Álvaro Uribe y Diego Cadena hay una en la que el expresidente le dice al abogánster: “hombre lo llamo por Signa” (sic). Es decir, no todas las conversaciones entre ellos pudieron ser rastreadas por las autoridades.
El 14 de julio publiqué los primeros indicios del plan de Diego Cadena contra Cepeda y Del Río, mientras El Reporte estaba al aire en la W, el abogánster le escribió a Manuel Castañeda:
–Que iba a sacar unos audios con usted y los agentes –dice Cadena.
–Me envía el link, doc por favor –pide Castañeda.
–Me preocupa la reacción de los agentes. Es delicado por la obstrucción a la justicia.
–No tengo idea, hasta ahora me levanto,
–Manuel si usted grabó y filtró eso, yo creo que puedes verte ellos problemas legales con ellos (sic). Dígame la verdad.
Por esos mismos días, Tomás Uribe Moreno empezó a llamar a Iván Cepeda “determinador político del narcotráfico”. Ayer, sábado, después de la condena a Diego Cadena, el partido Centro Democrático publicó un trino diciendo: “Señor Iván Cepeda ¿sabía usted que, en Estados Unidos, los colaboradores y determinadores de narcotraficantes son condenados a “Cadena” perpetua?”.
Señor Iván Cepeda (
@IvanCepedaCast), ¿sabía usted que en Estados Unidos, los colaboradores y determinadores de narcotraficantes son condenados a “Cadena” perpetua?
Hace unos días les conté sobre unos falsos procesos contra Iván Cepeda, presentados en el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia suplantando a un abogado a quien le falsificaron la firma.
Hace unos días les conté sobre unos falsos procesos contra Iván Cepeda, presentados en el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia suplantando a un abogado a quien le falsificaron la firma.
