Enrique Santos Calderón
El presidente Petro está muy solo y quienes lo rodean no tienen experiencia, dijo esta semana su exministra Cecilia López, una mujer sin pelos en la lengua. La alcaldesa saliente de Bogotá, otra mujer que habla sin rodeos, fue más allá y sostuvo que Colombia retrocede al “abismo del terrorismo” bajo la “conducción errática del presidente…”. Duras palabras.
Al mismo tiempo, se divulga la última encuesta de Invamer, donde la aprobación de Petro cae al 26 por ciento y la Comisión de Acusación de la Cámara abre indagación preliminar al presidente por presunta financiación ilegal de su campaña en 2022, mientras su hijo Nicolás deberá presentarse en enero ante un juzgado de Barranquilla para responder por supuesto enriquecimiento ilícito. Se entiende que Petro se pueda sentir solo.
Curiosamente, en la misma semana, el Opinómetro de Datexco señala una subida de 11 puntos en su favorabilidad, lo que parecería desconcertante. Algunos la atribuyen a su vistosa campaña de solidaridad con Palestina de cara a una opinión sensibilizada por las desgarradoras imágenes de los niños de Gaza. Pero no resulta convincente y tampoco entiendo esta discrepancia, la más grande que se hayan presentado entre dos reconocidas encuestadoras de opinión. Mas lógica sería la caída, como reflejo de un desgaste natural del gobierno.
El drástico juicio de Claudia López sobre Petro se produjo a raíz del atentado con granadas contra el peaje del Boquerón en la vía al Llano, que revivió recuerdos de cuando las Farc quisieron cercar a Bogotá. Pero poco tiene que ver con esa época y las andanzas del señor Mordisco mal pueden prestarse para sembrar el pánico ni la utilización política. Resaltaría en cambio el anuncio que hizo esa disidencia de que renunciará al secuestro con fines económicos. Queda la duda de con qué otros fines lo practicaría, pero la noticia es positiva y recuerda cuando las Farc hicieron lo mismo en 2012, que fue el hecho que más ambientó el proceso de paz que se gestaba con esa guerrilla.
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A todas estas, el Congreso cierra el año con cerca de 90 proyectos de ley represados o hundidos. Entre los negados, por 46 votos contra 41, está el que buscaba regular el porte y consumo de cannabis recreativo entre adultos que, junto con la derogación que hizo Petro de las sanciones al porte de dosis mínima de droga, se ha prestado para una polémica nacional impregnada de populismo moralizante y emotiva politiquería. Los expresidentes Uribe, Duque y voceros varios del Centro Democrático advierten en tono casi apocalíptico que favorece el narcotráfico, entrega el país al crimen y atenta contra la familia. “¿Por qué no se pueden dar debates maduros sobre el tema de las drogas?”, preguntaba con razón un editorial de El Espectador.
La marihuana es obviamente una sustancia de cuidado, cada vez más expandida, y debe impedirse su consumo cerca de escuelas y menores de edad. De la llamada “cripy”, la más potente, fueron incautadas hace poco por la policía nada menos que 1.500 kilos rumbo a Medellín. Pero en un país que desde 1986 legalizó la dosis mínima persiste la polémica y la confusión, pues sucesivos gobiernos han reinterpretado y modificado la norma según el clima político reinante. En 1994, en su sentencia sobre libre desarrollo de la personalidad, la Corte Constitucional despenalizó explícitamente la dosis personal, pero los bandazos continuaron.
La derogatoria de Petro no elimina la prohibición del tráfico, aunque existe la inquietud de que se debilite la capacidad de la policía para controlar el comercio de los jíbaros, que sabrán utilizar el escudo de la dosis mínima. En cualquier caso, el Estado debe fortalecer las campañas de prevención y la policía concentrar su inteligencia en ubicar a las organizaciones criminales que están detrás del narcotráfico. Perseguir el menudeo resulta tan desgastador como inútil.
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Ya se sabe que mientras sea ilegal y haya tanta demanda y oferta, el de la droga será el más rentable de los negocios y no se acabarán la violencia ni corrupción que lo acompañan. En el país del norte que lanzó la “guerra contra la droga” la marihuana se convirtió hace tiempo en el más dinámico cultivo comercial y hoy la hierba recreativa es legal en 24 estados. Aunque el surgimiento de variantes cada vez más fuertes de cannabis ha revivido el debate allá y en otros países que la han legalizado.
Y en esta Colombia de 2023, la nación que más alto precio ha pagado en la guerra contra el narcotráfico, aún estigmatizada como “potencia de la droga”, se recalienta ahora la vieja polémica sobre la prohibición o regulación del cannabis. Más valdría recordar que, como dijo en los noventa el presidente uruguayo Sanguinetti, “el tráfico de estupefacientes no nació en Colombia, sino en las calles de Nueva York”. O a aquel jefe de la DEA que desde 1985 sostuvo —por algo será— que “podemos golpear a los narcotraficantes, pero no logramos golpear el narcotráfico.” Dos frases para tener en cuenta.
P.S.: Sería absurdo que el pleito por la licitación de pasaportes en que se ha enredado el canciller Álvaro Leyva acabara con la eficiencia y prontitud que ha caracterizado la entrega de ese esencial documento. Y que, además, los colombianos termináramos pagando los costos multimillonarios de este litigio.
Esta columna reaparecerá a mediados de enero.
