
Carlos Alvarado Quesada* y Katrina Burguess*
En muchas democracias actuales, la migración se discute en términos viscerales y emocionales que guardan poca relación con la realidad. Si esto no cambia, los costos futuros de una mala gestión del problema recaerán sobre todos, en particular sobre las democracias envejecidas y con dificultades fiscales del mundo.
BOSTON – A pesar de todo lo que se ha escrito y dicho sobre la migración en los últimos años, una perspectiva basada en la seguridad sigue dominando la cobertura del tema. El resultado es un círculo vicioso en el que la retórica predominante lleva a la gente a percibir a los migrantes como una amenaza, lo que lleva a los políticos a redoblar la retórica y las políticas basadas en el miedo.
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Por supuesto, la seguridad es una consideración importante para cualquiera que intente gestionar un fenómeno tan multifacético como la migración. Pero centrarse desproporcionadamente en la seguridad no solo es inexacto, sino que también impide el tipo de enfoque integral que el problema requiere. La elaboración de una política migratoria exitosa es una tarea a largo plazo. No debe estar impulsada por ciclos electorales coyunturales ni por presiones populistas.
Entre las muchas facetas de la migración que se descuidan se encuentra su estrecha relación con el progreso económico, la cual documentamos en un reciente informe de políticas para el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo en Colombia. Sin comprender y centrarse en este vínculo, la gobernanza migratoria corre el riesgo de volverse autodestructiva tanto para los países de origen como para los de destino. Nuestra investigación muestra que las malas políticas migratorias dañan la economía, debilitan los modelos de integración social, erosionan las normas y libertades democráticas y amenazan con crear desequilibrios demográficos permanentes.
Muchos países ya parecen estar en las primeras etapas de declive poblacional, creciente dependencia de las personas mayores y crecientes presiones fiscales. A medida que estas tendencias persistan, los sistemas de pensiones se verán sometidos a presiones, la escasez de mano de obra se hará más frecuente, el crecimiento económico podría desacelerarse y las desigualdades existentes se profundizarán. Si bien la migración no puede resolver estos problemas por sí sola, es un componente fundamental de cualquier programa serio para promover la productividad, el envejecimiento saludable y la plena participación en la fuerza laboral. Estos beneficios socioeconómicos rara vez se incluyen en los debates políticos sobre inmigración, incluso cuando temas relacionados como la inflación y la deuda pública ocupan un lugar central.
Sin duda, los niveles de inmigración necesarios para mitigar el declive demográfico en muchos países son políticamente irrealistas, y los flujos migratorios descontrolados plantean preocupaciones legítimas, especialmente cuando los sistemas de integración son débiles. Pero la respuesta actual, cada vez más prohibicionista, está destinada al fracaso. La migración es un elemento central de la economía del siglo XXI y desempeñará un papel cada vez más importante en la configuración o el obstáculo del desarrollo futuro. Esto significa que representa una enorme oportunidad para los países que la gestionen adecuadamente.
Una buena gestión de la migración comienza por considerar las perspectivas de todos los involucrados. Necesitamos más alianzas globales y regionales entre los países de origen, tránsito y destino. Dado su poder y riqueza, los países de destino son esenciales para cualquier colaboración significativa. Pero sus ciudadanos olvidan con demasiada frecuencia que la mayoría de los migrantes y refugiados del mundo son acogidos por países más pobres, y que los migrantes comienzan y pasan por otros países antes de llegar a las puertas del Norte Global. Lo irónico es que, si bien la migración podría beneficiar a los países ricos del Norte, sus efectos en los países de tránsito no son ni neutrales ni necesariamente inofensivos.
Una complicación importante es que la infraestructura migratoria dificulta el acceso de los migrantes potenciales a vías regulares. Muchos países proporcionan información obsoleta y poco transparente sobre las oportunidades de inmigración, y los procesos de visado no fomentan la migración regular y segura. Como resultado, existe un mayor incentivo para el tráfico ilícito y la explotación. En este contexto, las plataformas públicas que aclaran los criterios de elegibilidad y explican los procedimientos en diferentes idiomas podrían ser muy útiles. Al mismo tiempo, es necesario ampliar y adaptar las vías legales complementarias (educación, trabajo, reunificación familiar o canales humanitarios) para satisfacer las necesidades de los flujos migratorios mixtos actuales.
De cara al futuro, quienes defienden un enfoque más sensato deberían centrarse en tres objetivos esenciales.
En primer lugar, la política migratoria debe aislarse de la política a corto plazo. Las decisiones deben basarse en datos, no en el miedo. La política migratoria es una inversión pública a largo plazo que se verá afectada si los migrantes se convierten en chivos expiatorios y se vilipendian con fines políticos. Al igual que con la política monetaria, cuanto más se pueda trasladar la formulación de políticas migratorias de los ámbitos políticos partidistas a instituciones independientes y basadas en la evidencia, mejor.
En segundo lugar, la política migratoria debe integrarse más firmemente en un marco multilateral más amplio. Tanto los países de origen como los de destino pueden beneficiarse de la colaboración para prevenir la fuga de cerebros, facilitar el tránsito ordenado y garantizar que las remesas contribuyan al desarrollo a largo plazo. Ningún país puede gestionar estas complejidades por sí solo. Necesitamos enmarcar la migración no como una emergencia, sino como una característica permanente de nuestro mundo interconectado. Los acuerdos internacionales coordinados pueden ayudar a alinear los intereses de los países emisores y receptores, equilibrar los imperativos económicos con la cohesión social y evitar la mentalidad de suma cero que con demasiada frecuencia enturbia la política migratoria. En última instancia, no hay otra manera de prevenir tanto el agotamiento del capital humano de las economías emergentes como la reacción política que desestabiliza las democracias consolidadas.
En tercer lugar, debemos invertir en la integración y la comunicación pública. Con demasiada frecuencia se percibe a los migrantes como una carga, cuando en realidad son motores del crecimiento económico y la vitalidad cultural. Las políticas inclusivas —que brindan acceso al empleo, la educación y la vida cívica local— son esenciales no solo para el éxito de los migrantes, sino también para la resiliencia democrática. Cuando los migrantes son vistos y tratados como miembros valiosos de la sociedad, crece el apoyo a políticas humanas. Donde se les excluye o criminaliza, se produce polarización. La verdadera recompensa se produce cuando se les brindan a los migrantes las herramientas para contribuir —mediante el empleo, el emprendimiento y la participación cívica— y cuando las sociedades de acogida abren espacio para nuevas formas de pertenencia.
En muchas democracias actuales, la migración se debate en términos viscerales y emocionales que guardan poca relación con la realidad. La vigilancia fronteriza por sí sola no puede prevenir la migración irregular; solo puede desplazarla o retrasarla. Si las personas creen que pueden construir vidas más seguras y prósperas en otro lugar, lo intentarán, legalmente o no.
La migración es uno de los desafíos políticos más complejos de nuestro tiempo; pero también representa una gran oportunidad para las sociedades en proceso de envejecimiento. Podemos permitir que el problema sea secuestrado por alarmistas, o podemos abordarlo con coordinación, valentía y claridad mediante la implementación de políticas basadas en la evidencia, regidas por la cooperación y animadas por un espíritu de inclusión y equidad. La solución no es criminalizar la esperanza, sino gestionarla con dignidad y visión estratégica, para que se convierta en una fuerza para el desarrollo y la prosperidad globales compartidos.
*Carlos Alvarado-Quesada, expresidente de Costa Rica (2018-22), es socio del Club de Madrid.
*Katrina Burgess es profesora de Economía Política y directora del Instituto Leir de Migración y Seguridad Humana en la Escuela Fletcher de la Universidad Tufts.
