La ley, ¿para qué?

 Por Jaime Burgos Martínez*

En este país se presentan a diario situaciones que se encuentran reguladas en normas jurídicas; pero estas, lamentablemente, en algunos casos no se aplican: falta de autoridad. Por ello es inevitable cuestionarse, si el fin de la ley es regular el modo, forma y orden de portarse los miembros y las instituciones de una sociedad, así como de garantizar los derechos y libertades fundamentales para la convivencia, pues entonces ¿por qué esta no se hace efectiva? ¿Qué sucede? 

¿Será que el marco constitucional que nos gobierna, desde el 4 de julio de 1991, es muy garantista?, puesto que abundan derechos y escasean deberes y obligaciones; y las autoridades, de distinta naturaleza, por diversas razones ―de buena o mala fe―, van más allá de los principios fundamentales consagrados en la Constitución Política, so pretexto de aplicar la ley, y crean condiciones o situaciones inverosímiles de Ripley, que ayudan al crecido desbaratamiento de la nación.

Todos los días se ven determinaciones que no se ajustan a la realidad nacional ni mucho menos al ordenamiento jurídico. ¡Nada sucede! Las autoridades judiciales y los organismos de control que tienen el poder de decisión: guardan silencio, como si nada pasara. ¡Todo anda suelto de madrina! El ambiente está cargado de malos manejos, de inseguridad, de bloqueos arbitrarios de vías públicas y de candidatos presidenciales a tutiplén que no ofrecen soluciones concretas para salir del actual atolladero. Hablan de combatir la corrupción; pero de los dientes para afuera, como argumento político, pues, la regla de la experiencia enseña que, después de asumir el poder, por terceras personas, quedan inmersos en ella. Y la excusa es la forma como se halla estructurado el sistema político y electoral que rige. ¡Qué horror!

Si se aplicara la ley en estricto derecho, ya este país tuviera otro cantar: por ejemplo, no habría bloqueos permanentes de las vías públicas, ya que si se hubiera reglamentado el artículo 37 de la Constitución Política, tal como ella lo dispuso, estoy seguro de que el Congreso de la República en su sapiencia y en pos del bien común, por iniciativa gubernamental, hubiera reglado, sin vulnerar el sagrado derecho a la protesta, la permisión, según las circunstancias, de unos bloqueos esporádicos u ocasionales; sin embargo, pesan más los intereses políticos y electorales que la prosperidad de la ciudadanía…debacle económico y el alza del costo de vida.

En efecto, si la autoridad existiera y se aplicara la ley, no hubiera tanto conflicto, verbigracia, en elecciones de cualquier índole (en corporaciones legislativas, judiciales y administrativas), en trámites de contratación estatal (cambio de licitación pública a selección abreviada, sin justificación alguna), en la invasión de bienes públicos (parques, edificios, etc.), en la esquilmación del erario, etc.; de lo contrario, se alienta al dios de la riqueza para que complazca a todos aquellos que carecen de pudor y honradez…y campee el desorden. Entonces, la ley, ¿para qué?

De ahí que el filósofo y tratadista político español Jaime Balmes y Urpiá, del siglo XIX,afirmó: «Ninguna sociedad por pequeña que sea, puede conservarse ordenada sin una autoridad que la rija; donde hay una reunión es preciso que haya una ley de unidad; de lo contrario, es inevitable el desorden…».

*Jaime Burgos Martínez 

Abogado, especialista en derechos administrativo y disciplinario.

Bogotá, D. C., octubre de 2025