Los Pandora Papers
Esta semana se cumplen dos años de la revelación de los secretos bien guardados de más de 300 políticos de todo el mundo en una filtración masiva de documentos. Sacar a la luz los negocios turbios de la élite mundial encendió protestas y provocó investigaciones que aún están en curso.
Las investigaciones de los Papeles de Pandora vincularon a funcionarios públicos actuales o anteriores de más de 100 países con empresas anónimas que se utilizaron para comprar bienes raíces y artículos de lujo o para estacionar dinero en el extranjero.
Utilizamos estas revelaciones para presentar el caso final para poner fin al abuso de las empresas anónimas. Siguiendo nuestra campaña, cada país tendrá que establecer un registro específico para permitir a las autoridades ver quién es el propietario o el control final de las empresas.
Pero las empresas anónimas no se crean milagrosamente a sí mismas. Los Papeles de Pandora provienen de 14 proveedores de servicios corporativos, todos con sede en jurisdicciones con altos niveles de secreto financiero. Entre ellas se encontraban dos firmas panameñas: Alcogal y Overseas Management Company Inc (OMC).
Casi la mitad de los políticos que aparecen en las investigaciones eran clientes del bufete de abogados Alcogal. Sus clientes se han visto envueltos en algunos de los escándalos de corrupción más infames de la historia reciente de América Latina.
Por ejemplo, los registros filtrados revelaron que Alcogal estableció más de 200 empresas en Panamá y otras jurisdicciones a petición de un pequeño banco andorrano, Banca Privada d’Andorra. Según los informes, algunas de estas empresas se utilizaron para lavar fondos malversados de la petrolera estatal venezolana.
Solo después de que el banco fuera incluido en la lista negra de Estados Unidos debido a preocupaciones de lavado de dinero, Alcogal comenzó a cortar lazos con algunos de sus clientes venezolanos.
De acuerdo con las normas internacionales contra el lavado de dinero, los proveedores de servicios corporativos como Alcogal y OMC deben llevar a cabo la debida diligencia sobre sus clientes. También deben tener un conocimiento completo del perfil de riesgo de un cliente y aplicar medidas adicionales contra el blanqueo de capitales cuando traten, por ejemplo, con una persona políticamente expuesta. Siempre que surjan sospechas, deben alertar a las autoridades.
Históricamente, Panamá ha tenido un marco laxo para los proveedores de servicios legales y corporativos. Esto permitió que algunos abogados, notarios, agentes inmobiliarios y otros agentes económicos ayudaran descuidadamente a las personas políticamente expuestas y a los actores de la delincuencia organizada a ocultar, mover o gastar su riqueza adquirida ilícitamente.
Tras el escándalo de los Papeles de Panamá y la inclusión de Panamá en la llamada lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el país se embarcó en reformas contra el lavado de dinero. En junio, el GAFI anunció que Panamá había completado sustancialmente su plan de acción. Pero a pesar de los cambios en el marco legal, queda por ver si el gobierno de Panamá hará cumplir y enjuiciará a los facilitadores, como prometieron hacer cuando se publicó la filtración de los Papeles de Pandora.
Panamá está lejos de ser el único país que lucha por supervisar a los profesionales que están destinados a proteger el sistema financiero global del dinero sucio. En todo el mundo, abogados, administradores de patrimonio, notarios y agentes inmobiliarios deshonestos continúan operando con muy poco escrutinio, incluso después de que salen a la luz pruebas condenatorias.
Es hora de centrar nuestra atención en los facilitadores profesionales de la delincuencia financiera, sin cuyos servicios simplemente no serían posibles los esquemas de corrupción transfronterizos a gran escala.
