A medida que se intensifican los conflictos armados, aumenta el gasto en defensa y el crimen organizado se vuelve cada vez más sofisticado, un nuevo informe de Transparencia Internacional Defensa y Seguridad y Transparencia Internacional Estados Unidos revela una amenaza crítica pero ignorada: la corrupción está permitiendo que las armas caigan en manos equivocadas a escala global.
El nuevo análisis, basado en más de 400 casos documentados de desvío en 70 países, «Bajo el Radar: El Rol de la Corrupción en el Impulso del Desvío de Armas», muestra cómo el soborno, la malversación de fondos y el abuso de autoridad impulsan constantemente los flujos ilícitos de armas, socavando la paz y alimentando la violencia. Esto amenaza la propia seguridad que los sistemas de defensa deben garantizar.
En un caso significativo en Colombia, una red de soldados presuntamente vendió más de 150.000 cartuchos y 2.000 granadas de cañón a una facción guerrillera entre 2019 y 2021, según la fiscalía.
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El informe llega en un momento de creciente preocupación mundial por el riesgo de que las armas terminen en manos equivocadas: insurgentes, milicias y bandas criminales. El desvío de armas sin control socava la seguridad, el desarrollo y la legitimidad democrática en todo el mundo. Conduce a más conflictos, más delitos y más sufrimiento civil.
Las conclusiones del informe son contundentes. Revelan que el tipo más común de desvío impulsado por la corrupción es el robo o la malversación de armas estatales para beneficio propio.
La corrupción facilita el desvío en cada etapa del ciclo de vida de un arma, incluyendo la producción, las transferencias internacionales, el uso activo, el almacenamiento y la eliminación. Las fases de uso activo y almacenamiento mostraron el mayor riesgo.
Muchos de los casos de desvío impulsados por la corrupción tuvieron consecuencias devastadoras para la población civil. En más de 200 casos, se informó que personal militar o de seguridad se confabuló con actores ilícitos, como insurgentes o grupos extremistas, para desviar armas, causando directa o indirectamente cientos de muertos y heridos.
Esto no es un patrón del pasado. El informe describe cómo hoy, en regiones desde el Sahel hasta Europa del Este, el desvío de armas continúa exacerbando los conflictos armados y la violencia, y erosionando la confianza en las instituciones estatales.
En otro caso destacado en el informe, en 2011, cuatro empleados de un fabricante de armas filipino fueron acusados de vender un millón de cartuchos de munición para fusiles a la policía sin permisos, en una operación por 400.000 dólares estadounidenses en efectivo que infringía las leyes de contratación pública.
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Pero esto puede cambiar. Con la voluntad política adecuada, reformas políticas y colaboración internacional, podemos romper la cadena que une la corrupción y el conflicto.
A pesar del creciente reconocimiento del efecto corrosivo de la corrupción en las políticas de control de armas, a menudo se la ha dejado de lado en los esfuerzos por evaluar los riesgos del desvío de armas. Esto es como si un detective ignorara pistas clave en un delito recurrente.
Pero existen maneras clave en que los países que exportan o importan armas pueden actuar para combatir esta forma de corrupción. En primer lugar, deben integrar las evaluaciones del riesgo de corrupción en los marcos nacionales de control de armas, utilizando directrices específicas para la gobernanza de la defensa y la seguridad. En segundo lugar, deben fortalecer la cooperación internacional compartiendo datos sobre riesgos relacionados con la corrupción a través del Tratado sobre el Comercio de Armas y foros relacionados. Y, por último, deben apoyar la investigación a largo plazo y la reforma institucional, incluyendo la ayuda al desarrollo que fortalezca la integridad de las instituciones de seguridad en contextos frágiles.
Estas medidas son vitales no solo para evitar que las armas se extravíen, sino también para evitar que la corrupción alimente los mismos conflictos que se supone que deben contener. Ahora es el momento de actuar, antes de que desaparezca otro cargamento, se compre a otro funcionario y otra comunidad pague las consecuencias.
