Editorial
Los regímenes autoritarios recurren a cualquier pretexto para intentar un lavado de cara y tratar de ofrecer a la sociedad un motivo de orgullo nacional. El certamen de Miss Universo es uno de esos eventos explotados por algunos gobiernos para ganar proyección internacional. La última gala se celebró el 19 de noviembre en El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele aprovechó para hacer campaña y reivindicarse a sí mismo.
La ganadora fue una nicaragüense de 23 años, Sheynnis Palacios. Sin embargo, la coronación de la joven ha incomodado al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que, una vez más, ha puesto en marcha la maquinaria de represión. La razón no es la censurable lógica de los concursos de belleza, sino el hecho de que la miss participara en 2018 en la última gran oleada de protestas contra el aparato sandinista.
El triunfo de Palacios fue un revulsivo para miles de personas, que salieron en masa a celebrar como si se tratara de una victoria en una competición deportiva. Muchos jóvenes nicaragüenses se sintieron además identificados con su historia, ya que vendía buñuelos para pagar sus estudios universitarios. Al mismo tiempo, la joven fue blanco de ataques por una foto viral en la que aparecía junto al cantante Carlos Mejía Godoy durante las movilizaciones.
Pero la reacción del régimen ha ido más allá. Primero, detuvo a un tiktoker que rechazó las críticas vertidas contra la ganadora. Después desterró a la directora de la franquicia de Miss Nicaragua, Karen Celebertti, que había viajado a El Salvador para acompañar a Palacios. Un portavoz del Gobierno ha vinculado las celebraciones con los intereses de EE UU y la vicepresidenta ha hablado directamente de “golpismo destructivo”.
El affaire Miss Universo refleja el delirio insomne en el que viven Ortega y Murillo. Su alcance es menor en comparación con el drama cotidiano que sufren la población y una multitud de opositores, exiliados y desterrados, pero es una muestra reveladora del grado de intolerancia de la cúpula sandinista hacia cualquier atisbo de disidencia. A eso se suman dos recientes decisiones que agravan la crisis institucional y el aislamiento internacional del país centroamericano.
A mediados de noviembre Murillo llevó a cabo una gran purga en el Poder Judicial con el despido de más de 900 funcionarios, encabezados por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Y la semana pasada Nicaragua culminó su abandono de la Organización de Estados Americanos (OEA) tras rechazar las críticas al gobierno de Managua por múltiples violaciones de derechos humanos. Un paso especialmente preocupante, ya que ante la aniquilación de la oposición política dentro del país las instancias internacionales son el principal escenario de mediación para explorar, por lejana que parezca, una salida de la dictadura.
