José Manuel Vega de la Cruz, el periodista que puso contra las cuerdas al clan Gnecco, al representante conservador Ape Cuello y a otros poderosos políticos del Cesar, terminó golpeado, encañonado y amenazado por uno de sus investigados. Hoy vive en el exilio, tuvo que cerrar su medio y, como si fuera poco, es víctima de un montaje judicial que lo tiene al borde de una medida de aseguramiento. CAMBIO revela la historia.
Por: Federico Gómez Lara y Sylvia Charry
El miércoles 20 de octubre de 2021 el periodista José Manuel Vega de la Cruz acudió a una cita que le había solicitado Andrés Arturo Fernández, exsecretario de Ambiente de Valledupar y conocido miembro del clan Gnecco. La reunión la pidió éste último cuando se enteró de que era el protagonista de una investigación que lo vinculaba con hechos de corrupción y que sería publicada en los próximos días en El Periódico – Prensa Libre, un medio digital independiente de Valledupar que se fundó con la única intención de incomodar al poder establecido que desde hace años maneja la capital del Cesar como si se tratara de una finca.
Vega de la Cruz llegó al lugar pactado, luego de días de insistentes llamadas, pensando que el investigado quería hablar con él para ofrecer su versión e incluirla en la nota periodística. Sin embargo, se encontró con un panorama totalmente distinto.
El poderoso Fernández se bajó de su camioneta y, sin mayor reparo, amenazó al periodista y lo golpeó mientras Lenin Ditta, uno de los escoltas que protege al cuestionado exfuncionario, le apuntaba con un arma. Esta es la historia de cómo la aplanadora de poder político, económico y judicial de Andrés Arturo Fernández -miembro del Clan Gnecco y discípulo de Alfredo Ape Cuello Baute,– logró violentar a un periodista, para luego perseguirlo con una falsa acusación de extorsión hasta tenerlo exiliado, con su medio de comunicación cerrado y al borde de enfrentar una imputación con medida de aseguramiento.
Colombia es un país en el que denunciar puede costar la vida. En el 2024 la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) documentó 530 agresiones contra periodistas, un aumento del 13% con respecto al año anterior. Ese mismo año se reportaron 20 casos de desplazamiento forzado y 4 de exilio, cifras que confirman que ejercer el periodismo sigue siendo un oficio de alto riesgo.
Por eso, entre otras cosas, es reveladora la historia de José Manuel Vega de la Cruz, un comunicador vallenato que, con un grupo de colegas, se aventuró a crear un medio digital para investigar la contratación pública y los torcidos de la clase política en el Cesar. Su primera gran investigación salió apenas unos días después de fundar el medio. El 25 de octubre de 2021 (5 días después de la golpiza) publicó el artículo titulado «Hijo de tigre”, en el que expuso cómo el poderoso Andrés Arturo Fernández, sobrino de la cacica Cielo Gnecco e hijo de Luis Fabian Fernandez –exalcalde de Valledupar condenado por corrupción–, habría favorecido a una empresa con la que tenía vínculos familiares para quedarse con un contrato de más de 1.700 millones de pesos. Pero, antes de que esa nota saliera a la luz, ya había empezado la presión.
Vega de la Cruz, en medio de la adversidad, contó con un pequeño asomo de suerte. Mientras el investigado le pegaba y su escolta le apuntaba con un arma, una patrulla de policía que merodeaba el sector intervino y frenó el altercado violento. Para justificar la agresión, el señor Fernández dijo que el periodista lo estaba extorsionando. Al no existir ninguna prueba ni sustento de esa acusación, los agentes no tomaron la denuncia. En cambio, el periodista instauró una denuncia contra Fernández por lesiones personales y, dos días después, la amplió e incluyó otro delito: amenazas.
José Manuel Vega de la Cruz , periodista. Cambio
La denuncia del cuestionado Fernández fue archivada en 2022 por falta de pruebas. Mientras tanto, el periodista y su equipo siguieron publicando y poniendo contra la cuerdas al personaje, lo que desató una evidente y calculada persecución judicial. Un a de esas que solo suelen ser posibles cuando los poderosos instalan a una de sus fichas en la administración de justicia o, en su defecto, amenazan e intimidan jueces y fiscales para salirse con la suya.
El 29 de marzo de 2023, Vega de la Cruz publicó una investigación sobre irregularidades en una póliza de la Gobernación del Cesar que logró detener la adjudicación. El 3 de mayo de ese mismo año tituló un nuevo informe con la frase que resumía su situación: “La orden es asesinarme”. Esto, luego de establecer que, en reuniones clandestinas, sus detractores le habían puesto precio a su cabeza. El 4 de septiembre rindió declaración jurada en la Fiscalía de Valledupar sobre el atentado y las amenazas sufridas en 2021.
El 14 de febrero de 2022, El Periódico reveló lo que llamó “el carrusel de contratos del gobernador del Cesar”, una denuncia sobre la administración del entonces gobernador encargado Andrés Felipe Meza Araújo. Allí se señaló un entramado de contratación cuyo objeto era el pago por servicios ambientales y estrategias de recuperación de ecosistemas, con contratos firmados desde 2019 en la Gobernación del Cesar. El reportaje describía cómo las adjudicaciones terminaban favoreciendo a un pequeño grupo de contratistas en un esquema repetido y sospechoso.
En junio de 2021 se habían adjudicado, además, los contratos para la construcción del coliseo de gimnasia y las piscinas olímpicas en Valledupar. Una inversión de 34.000 millones de pesos con un plazo de ejecución de doce meses. En 2022, El Periódico reveló que esas obras habían sido ejecutadas exclusivamente para los Juegos Bolivarianos y cuestionó que, pasado el evento, no existiera un plan de aprovechamiento que justificara semejante gasto en infraestructura. “Inversiones solo para los juegos”, tituló la nota, dejando en evidencia cómo se usaron recursos millonarios para obras de escasa proyección social. El poderoso detrás de los hechos era nada menos que Ape Cuello.
Hace un par de semanas, cuando el presidente Petro visitó Valledupar, su anfitrión fue nada más y nada menos que Ape Cuello, un hombre al que no le cabe un cuestionamiento más y que, recientemente, ha logrado gran cercanía con la Casa de Nariño de la mano de Juliana Guerrero, la joven viceministra del Ministerio de la Igualdad que hoy le habla al oído al presidente.
Otra investigación de alto impacto se conoció el 18 de julio de 2022, cuando el medio de Vega publicó cómo se habían repartido 618.000 millones de pesos del OCAD Paz en el Cesar. La denuncia apuntaba a que esos dineros, destinados a proyectos de inversión en municipios golpeados por la violencia, terminaron en manos de comisionistas, funcionarios de entes de control y alcaldes aliados. Uno de los señalados fue Danilo Duque Barón, entonces alcalde de Pueblo Bello. El artículo mostró cómo se usaron fondos de economía mixta y empresas de servicios públicos para canalizar los recursos, en una operación que desviaba el sentido real de la inversión.
Cada publicación achicaba el cerco judicial contra Vega. En enero de 2024 la Fiscalía de Luz Adriana Camargo imputó a Andrés Arturo Fernández por amenazas agravadas pero, en abril, mientras avanzaba el proceso contra él, la misma Fiscalía decidió reabrir el expediente contra el periodista por extorsión, al parecer sin ninguna prueba nueva, que ya había sido archivado dos años antes. La defensa del periodista, en cabeza de El Veinte, le ha solicitado con insistencia a la Fiscalía que entregue el documento en el que se relatan las motivaciones del desarchivo, pues no ha existido ningún hecho nuevo que pudiera justificar la decisión. A la fecha, no ha recibido ninguna respuesta.
A partir de entonces se multiplicaron las denuncias de funcionarios y contratistas contra Vega, en un escenario de acoso judicial que coincidió con su salida del país junto a su familia. El Periódico – Prensa Libre dejó de publicarse en medio de esa tormenta.
El contraste entre las investigaciones y la persecución judicial es evidente en la línea de tiempo. En octubre de 2021 fundó su medio y, días después, fue golpeado y denunciado por extorsión. En marzo de 2023 reveló un contrato irregular en la Gobernación y ese mismo año tuvo que declarar bajo juramento que lo querían asesinar. En enero de 2024 se imputó a Fernández por amenazas, pero enseguida la Fiscalía resucitó el proceso por extorsión contra él. En 2024 y 2025 aparecieron nuevas denuncias de contratistas, y en julio de 2025 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una solicitud de medidas cautelares a su favor.
Mientras tanto, la Fiscalía alegaba una supuesta contumacia de Vega y el 12 de agosto fue citado a una audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento, programada para el 20 de agosto de 2025 en el Juzgado Tercero Penal Municipal de Valledupar.
Amparado por la red de abogados pro bono de El Veinte, Vega asistió a la audiencia y solicitó que se reprogramara para asistir con su apoderado de confianza y con todas las garantías para su defensa técnica. La audiencia fue reprogramada para el próximo miércoles 3 de septiembre.
El caso de José Manuel Vega muestra con claridad cómo las denuncias periodísticas que incomodaron al clan Gnecco, a Ape Cuello y a otros poderosos del Cesar tuvieron un costo inmediato. Primero vinieron las amenazas y las agresiones físicas; luego, el exilio; y finalmente, la paradoja de ser perseguido por la justicia mientras los poderosos que él investigó siguen en libertad. Es la misma historia que se repite en Colombia desde hace décadas: cuando un periodista se atreve a destapar la corrupción y la connivencia entre políticos y contratistas, el precio casi siempre lo paga él.
El índice de acoso litigioso, amenazas y violencia contra los periodistas regionales en Colombia es uno de los peores de la región. El enfrentamiento entre reporteros y gamonales políticos locales suele terminar en situaciones como la de José Manuel Vega, exiliado, perseguido y acosado ante los jueces. O también puede acabar en la muerte. La desprotección por parte del Estado al periodismo regional tiene catastróficas consecuencias para la veeduría de los asuntos públicos en todos los rincones del país, pues estas presiones conducen a que en Colombia un altísimo número de municipios no cuenten con ninguna expresión periodística.
De acuerdo con el informe de la Flip, Cartografías de la Información, son 666 municipios los que no tienen acceso a noticias locales. Lo que la Flip califica como un “desierto informativo” se sostiene en las estrategias de presión y silenciamiento que enfrentan los periodistas regionales, como Vega.
CAMBIO se contactó con Andrés Arturo Fernandez, pero no quiso contestar las preguntas y le dijo que contactaran a su abogado. De otro lado, fuentes de la Fiscalía advirtieron que el proceso estaba en Valledupar, pero que hace dos años entró en etapa inactivo en esa ciudad porque el periodista solicitó cambio de fiscal por falta de garantías en Cesar. “Por trasparencia se asigna nuevo fiscal en Cúcuta y este fiscal reactiva el proceso y lo cita a imputación el próximo 3 de septiembre”, explicaron.
