Por Carlos Alberto Ospina M.
La táctica de la mentira oficiosa deja de ser un acto repudiable para transformarse en un arma aprobada en el nombre de una causa superior hostil que, sale a flote, porque confirma prejuicios.
Amplios sectores de la población perciben que este gobierno fue capturado por nuevas élites desconectadas de la realidad social que se basan en los mismos vicios del clientelismo, la corrupción y la ineficacia administrativa. La erosión de la legitimidad conduce a que el ciudadano pierda respeto por la institucionalidad.
De ahí la razón del atractivo de la retórica incendiaria que promete “refundar todo”, aunque no es ejemplo de consistencia ni solidez moral. La violencia verbal se convierte en una instrumento de catarsis y un método ‘legítimo’ para disputar el poder, pasando por encima de cualquier consideración de prudencia política.
El socialismo en general y el Pacto Histórico en particular aumentan los contextos de exclusión debido a que posicionan la narrativa que la propiedad privada no es fruto del esfuerzo, sino un símbolo para arrasar el privilegio acumulado por unos pocos. Por esa razón, ciertos sectores interpretan como ‘justicia simbólica´ la destrucción de bienes públicos y privados. A la vez que la promesa de subsidios ilimitados sin sustento fiscal ni diseño técnico, opera a manera de reparación inmediata y supuesto reconocimiento a los marginados. La farsa efectista y el engaño sistemático por parte del populismo.
Por lo visto, la normalización de la violencia ha dejado profundas huellas en la forma cómo se tramitan los desacuerdos. Así las cosas, no es de extrañar que el adversario sea tratado como enemigo a exterminar. Lo grave es la degradación democrática representada en la permanente agresión oral, equivocadamente pensada, a modo de carácter.
La cultura de la confrontación azuzada por las bodegueros y las redes sociales robustecen la idea de que el grito vale más que el argumento; es decir, se premia el algarabía y la simplificación. En ese sentido, no es de extrañar la ambigüedad acerca del narcotráfico, la explotación ilegal de oro, la destrucción del medio ambiente, el lavado de activos, la inseguridad, el desplazamiento y el confinamiento de múltiples poblaciones; entre otros fenómenos que padece la nación. La relativización ética ha alimentado las economías ilegales, la financiación de campañas, el crimen trasnacional y los grupos armados organizados.
Uno de los peligros más fundado está en equiparar democracia liberal con opresión estructural a fin de aumentar las herramientas dominación; en lugar de constituirse en garantías de convivencia, participación y sistema de pesos y contrapesos. La anarquía selectiva solo respeta las normas cuando favorecen la causa propia. De aquí, la práctica de deslegitimar al contradictor, propagar noticias falsas y prometer ‘el oro y el moro’.
Durante años se ha descuidado la formación en pensamiento crítico, historia y cultura democrática. Esta deficiencia conceptual conduce a sustituir el análisis racional por la emoción primaria y el discurso antisistema. Por supuesto, que los tres poderes públicos y los partidos no ayudan a aumentar los niveles de credibilidad. Ese es el riesgo palpable, si “todos son iguales”, cualquier alterativa radical parece viable.
Sea cual fuere el episodio destructivo no se puede aplaudir como autoridad inmediata; a pesar de que los efectos a mediano plazo perjudiquen a los más vulnerables. La democracia participativa debe alejarse de los escenarios de demolición para fomentar el respeto a las reglas de juego, la constitución, el liderazgo responsable, la ciudadanía informada, la libertad de deliberación y, por lo tanto, el pluralismo.
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