Por Jaime Burgos Martínez*
Anoche mientras veía en el noticiero el desastre del aumento del impuesto predial en el país, y, particularmente, lo que sucede en el departamento de Santander, se me vino a la memoria la etimología de la palabra procurador―(latín procurator, derivado del verbo procurare, compuesto por el prefijo pro-(a favor de, delante) y curare (cuidar, ocuparse de)―, porque parece que no existiera, pues no aparece en persona liderando la defensa del orden jurídico.
Y, al mismo tiempo, no sé por qué surgió en mi mente la imagen mítica de El Cid Campeador (Rodrigo Díaz de Vivar, cerca de 1048-1099), que representa al héroe épico idealizado y al invencible guerrero, de comportamiento equilibrado, prudente y respetuoso, y, lo más grande, símbolo del ascenso social por méritos propios.
La única explicación que encuentro de haberme acordado de El Cid Campeador (árabe sidi, que significa «el señor» y campeador: guerrero) fue la fotografía de debilidad de los campesinos, desde el punto de vista de sus aspiraciones en el pliego de peticiones, que, en mi sentir los acompaña la razón jurídica y social, sin que un hombre fuerte y valeroso, a la luz de la ley y del derecho, los proteja en defensa del orden jurídico y de los derechos y garantías fundamentales: el señor procurador general de la nación.
El procurador debe manejar, personalmente, durante los cuatro años de ejercicio de sus funciones, este asunto tan delicado que puede desencadenar consecuencias graves para todo el territorio nacional; pero, por lo que he visto, me imagino, que no ha hecho más que delegar o comisionar a algunos funcionarios de discreta categoría para que asistan a las mesas de negociación como observadores; ¡por Dios!, aquí se necesita poder de decisión y mando, para que su sola presencia inspire respeto y tranquilidad, así como El Cid Campeador fue llevado a una batalla y montado ―ya fallecido― en su caballo Babieca, con el fin de mantener la moral a sus tropas y aterrorizar al enemigo.
¡¿No sé qué le pasa a la Procuraduría General de la Nación?!. Desde hace diez años para acá ha venido perdiendo credibilidad ante la opinión pública y todo se maneja con lentitud, desidia y desorden. Se ha convertido en el escampadero de políticos «quemados» que no tienen ideas de las funciones que allí se ejercen; refugio de ex altos funcionarios del Estado, mediante costosos contratos de prestación de servicios, que no le aportan nada a la institución ―hoy lleva la bandera de la nómina paralela, cuando hace más de 30 años la censuraba y sancionaba, ¿no es cierto?, honorables miembros de los sindicatos ―; y, por último, es el enganche de partidarios politiqueros, que llegan sin saber nada y, lo peor (la mayoría), sin ganas de aprender y sin sentido de pertenencia a la institución: aves de paso. ¡Cuánta indolencia!
Sobre el tema del avalúo catastral, y, por ende, de la liquidación del impuesto predial, solicité al señor procurador general de la nación, el 3 de julio del año pasado, que su despacho asumiera, en ejercicio de la función preventiva que tanto predica, las posibles irregularidades que se cometen en la formación y en el aumento del avalúo catastral y en las tarifas para deducir el impuesto predial, de conformidad con los proyectos de Acuerdo aprobados por los concejos que presentan los alcaldes. De hecho, presentía que en época prelectoral ―aunque digan que no― esto podía suceder en busca del buen recaudo de recursos para hacer proselitismo político.
Mi petición fue enviada a una delegada que dirigía un político de paso ―el procurador general quizá no le dio importancia al asunto, como ahora sucede― y estuvo inactiva durante casi tres meses, hasta cuando la reiteré, el 17 de septiembre, con los términos super vencidos, y, entonces, asignaron a un abogado joven y estudioso; pero sin poder de decisión. Entendió el tema y, en resumidas cuentas, a finales del mes de noviembre, le dijeron en su dependencia que se iba a expedir una circular o directiva para persuadir a las autoridades encargadas de efectuar los avalúos el cumplimiento de las leyes vigentes, que autorizan un aumento del avalúo catastral hasta en un 50%. Y nada pasó…y se vino el problema, que persistirá…
Acorde con lo anterior, el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), en dos entrevistas televisivas, afirmó que los aumentos legales eran hasta el 50% y, en algunos casos, el 100%. Entonces, ¿por qué hay aumentos exagerados? Por ejemplo, en la tabla anexa a la Resolución 2057 de 2025, del IGAC, en el municipio de Saravena (Arauca), hay un aumento en un porcentaje de 2.505.119%, que parece de Ripley («aunque usted no lo crea»).
¿Será que los actos administrativos los expidió el IGAC por presiones del Poder Ejecutivo? ¿Por qué no revocan esos actos? ¿Será que le tienen miedo al Gobierno nacional? ¿Será que el Gobierno quiere más caos para alterar drásticamente el equilibrio político o social? Eso no se sabe. Pero, señor procurador general, lo que sí es conveniente para el país es que usted se apersone con ánimo y energía y buena disposición del tema comentado y demuestre que una cosa es el agradecimiento que le profesa a quien lo postuló en la terna de su elección y otra ―con libertad e independencia―, el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales atribuidas al cargo que desempeña. ¡Encarne a El Cid Campeador en lo jurídico y la buena marcha del país!
*Jaime Burgos Martínez
Abogado, especialista en derechos administrativo y disciplinario. Bogotá, D. C., abril de 2026
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