Los mensajes del presidente y su ministro de Salud sobre las votaciones se suman a un encuentro masivo del candidato de izquierda, en acciones que paradójicamente pueden impulsar a la ultraderecha
Bogotá –
“La amenaza para Colombia es que familias mafiosas se tomen el poder”, escribió este martes Gustavo Petro en X . El presidente de Colombia habla así, de forma oblicua, de las elecciones presidenciales del domingo, en las que su partido tiene candidato. “En una década en Bogotá fui el único que podía llenar la Plaza de Bolívar (…) el récord fue cortado por otra persona, que sea el signo de los nuevos tiempos y del camino de la transformación de Colombia”, había escrito el sábado, después del multitudinario cierre de campaña del candidato de su partido, el senador Iván Cepeda. “Hasta el perro y el gato deben salir a votar”, había dicho el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en un evento oficial en su natal departamento del Tolima, con la presencia de un congresista electo del partido de izquierdas, el Pacto Histórico. Y el lunes, Cepeda reunió a más de 3.000 personas en un evento pese a que la ley prohíbe realizar actos públicos en la semana previa a los comicios. Tres hechos distintos, que han llevado a denuncias y quejas de la oposición, y una misma pregunta: ¿hasta dónde llega el respeto de las reglas electorales?
La respuesta legal es, como casi siempre en Colombia, menos clara de lo que quisieran quienes la formulan. La ley colombiana exige que los miembros del Ejecutivo se abstengan de participar en las campañas políticas. Petro y Jaramillo han salido al paso con el argumento de que no están pidiendo el voto por nadie ni obligando a nadie a votar en un sentido determinado. El ministro del Interior, Armando Benedetti, lo ha articulado este lunes, al hablar de “mitos” sobre esas normas: “¿Qué es participación en política? Cuando le digo a un empleado que lo voy a botar si no vota, o que le voy a subir el sueldo para que vote, o si salgo públicamente y digo que, por favor, voten por una persona”, argumentó.
Cepeda, por su parte, ha señalado que su evento era a puerta cerrada, independientemente de su tamaño. La ley no fija el número de personas para estas reuniones, solo que sean privadas. ¿Qué culpa que sean multitudes las que quieran participar del cuidado del voto?”, explicó uno de sus aliados, el exsenador Gustavo Bolívar. Son respuestas que, sin ser descabelladas jurídicamente, ilustran el margen de maniobra que permite un marco normativo cuya aplicación depende de órganos con legitimidad erosionada y voluntad política escasa.
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach —elegido con el apoyo de Petro y de amplias mayorías de la clase política tradicional que hoy mayoritariamente militan en otras campañas presidenciales—, ya pidió información sobre cualquier intervención en política del mandatario y abrió una investigación preliminar contra Jaramillo. La defensora del Pueblo, Iris Marín, también postulada a su cargo por el presidente, hizo este lunes un llamado en sentido similar. “Observamos una conducta de parte del alto Gobierno que puede constituir una influencia a favor de cierta candidatura o en contra de otras (…) hemos documentado hechos que llaman la atención”, ha declarado ante los medios. Son advertencias que podrían elevar el costo político para Petro, si mantiene su cuenta de X como trinchera permanente de campaña. Pero difícilmente puede ir más lejos.
El Consejo Nacional Electoral, el órgano encargado de regular y revisar el desarrollo de los comicios, no está en las mejores condiciones. Su legitimidad está carcomida por el origen abiertamente partidista de sus nueve magistrados, que son elegidos en representación de las bancadas del Congreso. La semana pasada su sala plena terminó a gritos: la magistrada Fabiola Márquez, del partido de Cepeda y Petro, alegaba que podía suspender a una encuestadora por ser ponente de una investigación; el excongresista Álvaro Hernán Prada, excongresista del opositor y uribista Centro Democrático, lo negaba. El episodio fue ruidoso y revelador en igual medida.
Aunque las reglas electorales se han endurecido en los últimos años hasta crear figuras penales específicas —desde 2017 hay tipos penales electorales como el constreñimiento al sufragante, la financiación de las campañas electorales con fuentes prohibidas o la corrupción al sufragante—, la capacidad de los órganos para regular las elecciones mientras ocurren sigue siendo muy baja. De hecho, la oenegé especializada Misión de Observación Electoral solicitó al Consejo Nacional Electoral un pronunciamiento sobre el caso, y el organismo respondió que su Sala Plena evaluará el asunto.
Hay algo que este debate tiene de periódico en Colombia, y también de tramposo. Cada cuatro años, a pocos días de las urnas, reaparece la discusión sobre qué tan rígidas deben ser ciertas normas. La discusión, legítima, tiende a ocupar el espacio que correspondería a conversaciones más incómodas, como la del constreñimiento que ejercen actores ilegales en las zonas donde hacen presencia, más difícil de regular, más difícil de demostrar, y no por ello menos grave.
El impacto de la discusión, en todo caso, es político, y parte del hecho de que Cepeda tiene prácticamente asegurado su paso a segunda vuelta. Todas las encuestas lo muestran como puntero con una intención de voto cercana al 40%. La pregunta que responde esta primera vuelta es quién lo acompañará, y ese interrogante está directamente ligado a quién capitaliza mejor el rechazo al gobierno de izquierda.
Paloma Valencia, senadora por doce años del Centro Democrático y candidata de la derecha tradicional, ha cuestionado hace semanas que el presidente, a su juicio, intervenga en la campaña electoral. Su trayectoria de oposición permanente a Petro le da credenciales sólidas para cuestionar al gobierno en concreto, y su propuesta de construir mayorías amplias la ubica en un espacio distinto al del antagonismo puro. Pero esa misma posición la complica: la defensa de las instituciones como bandera de campaña se vuelve más difícil de agitar cuando las instituciones que deberían poner orden muestran su propia fragilidad.
Abelardo de la Espriella, el penalista y outsider de ultraderecha, llega a esta recta final superando a Valencia en las encuestas, como el segundo favorito. “El Presidente no puede usar su investidura para meterse en campaña ni favorecer proyectos políticos” ha dicho su fórmula vicepresidencial, el exministro José Manuel Restrepo. El suyo es un discurso que divide el mundo entre “los nunca” y “los siempre”: los que nunca han estado en el poder y los que siempre han estado. Es un relato que tiene la ventaja de la simplicidad y el riesgo de la contradicción, porque De la Espriella también suma apoyos entre figuras de la clase política que él mismo dice cuestionar.
Estas denuncias aprietan aunque no haya resolución a la vista. Las críticas al funcionamiento del orden establecido, vengan de donde vengan, tienden a alimentar la bandera antipolítica que ondea el ultra. Cuando el presidente empuja una candidatura, cuando el árbitro electoral termina sus reuniones a los gritos, cuando el candidato oficialista convoca multitudes durante una veda, el relato de que las reglas del juego están capturadas cobra fuerza. No necesariamente favorece a quien lo enuncia con más coherencia, sino a quien lo enuncia con más volumen.
Parte de las emociones que mueven esta elección son el apoyo o el rechazo a Petro. Pero hay otro elemento que no es menor: el rechazo a lo establecido, a la clase política, al sistema. Un sentimiento que florece cada vez que el sistema confirma sus propias limitaciones. Y que esta semana ha recibido, desde varios frentes a la vez, un abono que puede alimentar a la ultraderecha.
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