Es imposible entender la historia de Colombia sin la influencia del Partido Liberal. De un siglo para acá, una docena de sus dirigentes gobernó el país, sus seguidores participaron en guerras civiles y sufrieron persecución, y varios de sus caudillos murieron asesinados por fuerzas del Estado y el narcotráfico. No obstante, la pluralidad de liderazgos que caracterizaba a la colectividad se ha visto opacada en los últimos años por la figura de su actual jefe, el expresidente César Gaviria, quien dicta líneas y toma las decisiones importantes. La más reciente fue la advertencia escrita que envió al presidente Gustavo Petro, en la que asegura que “no hace mayor sentido” que el partido continúe en la coalición que apoya su mandato.
En una comunicación de dos páginas, Gaviria se dirige al primer mandatario para formularle una serie de reproches. Le cuestiona su falta de autocrítica sobre las elecciones regionales de octubre, en las que los candidatos afines al Gobierno tuvieron un pobre desempeño, y que no lo haya tenido en cuenta durante el trámite de la reforma al sistema de salud. “El presidente Petro tiene su visión peculiar sobre los resultados electorales en las que se considera triunfador y nuestra colaboración con el Gobierno se ve como una competencia poco beneficiosa para su acción política. En mi caso personal ni se ha considerado útil una charla con el señor ministro de Salud”.
Los liberales tienen 46 congresistas —32 representantes a la Cámara y 14 senadores— y desde septiembre del año pasado pertenecen al grupo de movimientos y partidos que apoyan a Petro. Las leyes colombianas obligan a las colectividades a declararse en oposición, independencia o a favor cada vez que se posesiona una nueva Administración. Gaviria y los suyos se decantaron por esta última opción, aunque el expresidente hoy confiesa su arrepentimiento.
“Con la conclusión del proceso electoral es evidente que, con miras a la celebración de nuestra convención, es fundamental hacer una evaluación de lo que ha representado nuestra presencia en la coalición de Gobierno. Falta aún una buena cantidad de semanas para que ella se reúna y un elemento fundamental será el informe que como director del partido rendiré a la convención”, escribió en la misiva a Petro.
La convención a la que se refiere Gaviria aún no tiene fecha, pero se llevará a cabo en los primeros meses de 2024 y allí la militancia en pleno decidirá qué camino tomar. Hasta que llegue ese momento, existe un margen de tiempo para que el expresidente cambie de opinión y su amenaza se diluya o posponga. No sería la primera vez que sucede. Desde marzo es evidente que hay un distanciamiento entre el líder liberal y el presidente. La discordia casi siempre gira alrededor de la reforma a la salud, la más grande obsesión del jefe de Estado en este momento.
Petro llegó al poder ondeando banderas de cambio. Su propuesta incluía un ambicioso paquete de reformas que hasta ahora no han contado con éxito en el Congreso. Salvo la modificación del régimen tributario, votada favorablemente en noviembre de 2022, los demás proyectos están estancados. La que más genera discusión es la reforma al sistema de salud, que plantea una transición de un modelo mixto (público-privado) a uno con más predominio estatal.
Fue precisamente esta iniciativa una de las razones por las que se deterioró la relación de Petro con varios ministros liberales de su primer Gabinete. Sin haber cumplido 10 meses en el cargo, el presidente pidió la renuncia a Alejandro Gaviria, Cecilia López y José Antonio Ocampo, quienes encabezaban las carteras de Educación, Agricultura y Hacienda, respectivamente. En el pasado, los tres participaron en Administraciones de corte liberal —Gaviria en el periodo de Juan Manuel Santos, mientras que López y Ocampo durante el cuatrienio de Ernesto Samper— y su nombramiento fue una estrategia de Petro para mostrarse mesurado, luego del temor que despertó su triunfo en alguno sectores de la sociedad. Los exministros, ya por fuera del Ejecutivo, han manifestado públicamente sus reparos sobre el proyecto.
El empeño del Gobierno por esta reforma también tuvo repercusiones en la bancada liberal en el Congreso. A la par que vivía una discusión interna con sus ministros, el presidente se esforzaba por concertar la reforma con los diferentes partidos políticos, incluyendo el Liberal. A finales de marzo, cuando se conoció el borrador de la reforma, César Gaviria expresó su inconformidad y señaló que Carolina Corcho, por entonces ministra de Salud, “eliminó todas las líneas rojas” que trazó su partido para apoyar el proyecto.
Los debates se realizaron posteriormente en el Congreso. Anticipando una sublevación, Gaviria emitió un comunicado recordando que aplicaría “las sanciones que contemplan los estatutos para quienes se aparten de las decisiones que se consideren de bancada”. En otras palabras, si alguno de los legisladores osaba apoyar la reforma, sería castigado. No contaba con que su llamado al orden recibiría respuesta: 18 representantes a la Cámara lo recriminaron públicamente en una carta. “Recibimos con molestia e indignación la declaración que usted hizo el día de ayer, no solo por el contenido, sino por las improcedentes y antidemocráticas decisiones que se anuncian en la misma”.
Petro también objetó la postura de Gaviria. Desde el balcón de la Casa de Nariño, en la celebración del Primero de Mayo, achacó a su antecesor las dificultades que vivía el trámite de la reforma a la salud en el Congreso. “[Los congresistas] se echaron para atrás solo porque los dueños de los bancos y del capital presionaron a uno de sus mayores voceros, el expresidente Gaviria”.
Las acusaciones del primer mandatario parecían sentenciar su relación con el jefe liberal. Sin embargo, en junio, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, líder del centroderechista Cambio Radical, hizo un llamado para que diferentes fuerzas se unieran para conformar un bloque de oposición al Gobierno. Su invitación iba dirigida, entre otros, al Partido Liberal, que decidió dejarla pasar. Si bien Vargas y Gaviria sostuvieron conversaciones telefónicas, nunca se reunieron en persona y la proposición jamás estuvo cerca de materializarse.
Gaviria, paradójicamente, no cesó sus críticas, pese a la continuidad del liberalismo en la coalición de Gobierno. En agosto, calificó al presidente de adelantar una “ineficiente gestión y conducción” del sistema de salud y, en octubre, le envió una carta de 14 páginas sobre diversos temas, incluyendo su paquete de reformas, al que responsabilizó de generar “un clima de zozobra, al verse en riesgo la estabilidad de estos servicios y fuentes de bienestar”.
Con esta antesala es que se dio la más reciente amenaza de Gaviria a Petro, la de declarar al liberalismo en independencia. Para Sergio Guzmán, director de la consultora Colombia Risk Analysis, el malestar del expresidente y sus seguidores gira alrededor de la intrascendencia a la que se han visto relegados en el trámite de las reformas. “El Partido Liberal quiere ser reconocido como un partido que tiene peso en las decisiones del Gobierno y no solo burocráticamente. Los liberales se sienten cómodos en el Gobierno, pero no con su rol en la toma de decisiones porque sienten que han ignorado un poco sus aspiraciones y pretensiones. La postura del Ejecutivo es que, como tienen participación, tienen que callar y votar favorablemente los proyectos. Al liberalismo no le resulta fácil aceptar eso”, comenta.
Algunos congresistas ya se pronunciaron. El representante Juan Carlos Lozada —uno de los rebeldes que firmó la carta en marzo rechazando las sanciones anunciadas por Gaviria— aseveró que el expresidente no tiene legitimidad porque “ha perdido el liderazgo total al interior de la bancada parlamentaria” y le pidió que convoque una convención para definir una nueva dirección. Hasta que eso no suceda, los liberales permanecerán en la coalición de Gobierno. Gaviria puede radicalizarse en su oposición o moderarse y dejarse convencer de las bondades de la reforma. Dado su historial de malabarismo ideológico en las últimas décadas, cualquier cosa puede pasar.
