La mayoría de los periodistas prefiere no responder, por indicaciones de las empresas en las que trabajan o por decisión personal. Este jueves las emisoras locales Mundo 89 FM y La Voz de los Robles 1490 AM, de tradición radial en el centro y norte del Valle del Cauca, anunciaron que suspendían la transmisión de sus noticieros. “No solo cesan los locutores, periodistas y técnicos, sino que además la comunidad se afecta por cuanto se vulnera la Constitución en el Artículo 20″, que habla de la libertad de prensa. “Nos sentimos solos”, aseguran en un texto que divulgaron por varios medios digitales.
Las amenazas no son nuevas en Tuluá. “En los últimos tres meses han sido presionados y amenazados al menos diez periodistas por parte de bandas criminales que operan en ese municipio”, señala un comunicado conjunto de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y de Reporteros Sin Fronteras que fue publicado este jueves. Un grupo criminal autodenominado como Los cancerberos había declarado el día anterior como objetivo militar a cinco medios de comunicación, que por seguridad no fueron mencionados. Este mismo grupo ya había amenazado y presionado a siete periodistas el pasado 23 de julio, a través de otro panfleto en el que les exigían que debían publicar sus comunicados, convertirse en sus voceros.
En el mismo panfleto, Los cancerberos —nombre que tomaron de la mitología griega y que se refiere al monstruo de tres cabezas que custodia el inframundo— se adjudicaron la autoría de un atentado frente a los juzgados realizado en la noche del martes. Mientras los colombianos se reunían alrededor de los televisores para ver el partido contra Chile de las eliminatorias al Mundial, el centro de Tuluá fue sacudido por una explosión. No hubo heridos y solo se reportaron pérdidas materiales, pero el mensaje era claro y reiteraba las amenazas que ya habían enviado a algunos abogados y jueces. Comerciantes y cultivadores de plátano también han indicado que están siendo amenazados y extorsionados por grupos criminales.
Casi que por cada alimento hay un cartel, denuncia el periodista Robert Posada desde el exilio. En 2022, por recomendación de organismos defensores de periodistas, debió irse de Colombia ya que se consideró que su vida corría un riesgo inminente. Entre otras cuestiones, había denunciado a través de varios artículos que publicaba en sus redes sociales y en el medio Al instante —que creó junto a varios amigos— distintos casos de corrupción, especialmente sobre la entrega de licencias de urbanismo por fuera del POT, y sobre una presunta alianza entre instituciones del gobierno local y el crimen organizado. También había tocado el tema de las extorsiones: un día aparecía muerto un vendedor de papa; al siguiente, otro comerciante. Posada se empeñó en hilar los crímenes, que parecían hechos aislados, hasta concluir que “todo lo que la gente consume en Tuluá hoy lo están manejando unas mafias”.
“Yo empiezo a ser muy incisivo con el tema de la extorsión”, cuenta Posada en entrevista telefónica con EL PAÍS. Primero habló del cartel del cilantro, después del de la papa, el de la cebolla, el del plátano. “Luego se viene un momento muy difícil, que es el comienzo del año 2022, cuando empezamos a hablar del cartel del huevo. Un huevo en Tuluá cuesta 700 pesos. En menos de un año un huevo pasó de costar 200 pesos a costar 700 (…) Hay unas mafias que dicen quién puede vender, a cómo puede vender. Y el último que se agregó es la distribución del pollo”. Para poder distribuir sus productos, los comerciantes deben pagar una comisión, “y al que se salga de eso, pues lo matan”.
Posada se aventura a asegurar que en realidad Los cancerberos no existen, que son una invención, un mito, como lo indica su nombre. “Yo no le creo a eso. Yo creo que eso no existe. Están aprovechando para seguir sembrando miedo y terror con fines estrictamente políticos, para torpedear el tema electoral en Tuluá, para que la gente no vote”. Si los fiscales están atemorizados, si los jueces lo están, “entonces el proceso electoral se va a enturbiar. Hoy las elecciones en Tuluá están en riesgo”.
Además de ser un tema político, “es principalmente económico. Hay unos grupos que están en la política, aliados con el crimen organizado, para tener el control de todas las economías de Tuluá, legales e ilegales”. Y ahí entra el periodismo: “El 7 de junio, otro grupo criminal, La Oficina de Tuluá, había amenazado a todo aquel que cubriera noticias e información relacionada con el candidato a la alcaldía Gustavo Vélez”, asegura el comunicado de la FLIP y de Reporteros Sin Fronteras. Vélez, que fue alcalde de la ciudad entre 2016 y 2019, ha asegurado que luchará contra el crimen y la corrupción. El candidato del Partido Conservador también ha denunciado que lleva 11 meses recibiendo amenazas. En junio del año pasado, dos hombres abrieron fuego en la entrada del complejo empresarial en el que tiene su oficina, y el 27 de agosto lanzaron explosivos contra la casa en la que viven sus padres.
Tres días después, los ciudadanos encontraron una cabeza cercenada dentro de una bolsa negra que había sido abandonada en una calle del centro del municipio; la víctima fue identificada como un hombre de 22 años. En medio de la zozobra, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, presidió un consejo de seguridad desde Tuluá, en el que se decidió reforzar la seguridad de la región con otros 600 militares.
El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, también estuvo en el consejo y resaltó que recientemente 17 integrantes de La inmaculada —nombre con el que también se conoce a La Oficina de Tuluá— habían sido capturados. “Lo que ocurre en Tuluá es inadmisible, unos señores desde una cárcel aterrorizando a toda una ciudad y tratando de influir en el debate electoral”, dijo. “Los tenemos detectados, sabemos quiénes son”, aunque aclaró que este es un mal que se dejó entrar hace muchos años y que creció con el tiempo.
Dos quijotes solitarios
Desde el 2020 Robert Posada y Marcos Efraín Montalvo venían percibiendo un ambiente enrarecido en la ciudad. Tenían la sensación de que los negocios oscuros se estaban filtrando en todas las esferas, mientras la mayoría de periodistas reportaban los hechos sin relacionarlos entre ellos. Los dos trabajaban de forma independiente, escribiendo donde encontraban un espacio o en sus redes personales, en las que denunciaban irregularidades en temas de contratación pública. “Éramos como dos quijotes solitarios denunciando cosas, porque ya para ese momento pareciera que había una autocensura de muchos periodistas”, cuenta Posada.
En el 2021 empezaron a recibir intimidaciones. Marcos, sin embargo, siguió investigando presuntas inconsistencias en la creación de empresas para manejar el tema de transporte escolar, el transporte público y controlar el negocio de los taxis. “Él se había vuelto una persona supremamente incómoda y bueno, el resultado de esa denuncia, creo yo, le costó la vida a Marcos”. El 19 de septiembre de 2021 fue asesinado a tiros en una tienda, a sus 68 años. Su partida fue considerada una gran pérdida para el periodismo de Tuluá. Le disparó un joven de 15 años, que fue capturado. Por ser menor de edad, el autor material ya pagó su pena, y hasta hoy se desconoce quiénes fueron los autores intelectuales. En cuatro días se cumplirán dos años del crimen, y dos años de impunidad.
