

Andrés Hoyos
El oro tiene color amarillo y bien puede ser una pesadilla para cualquier país.
Las cifras de su comercio en el mundo son asombrosas: 380 mil millones de dólares al año, de los cuales 30 mil millones, casi el 10 %, son ilegales. Colombia es un país de mitad de tabla, pues produce de 80 a 90 toneladas de oro al mes, 60 de ellas legales. Eso genera por ahí seis billones de pesos anuales de ingresos ilegales. Los grupos armados se financian, de manera creciente, por esta vía.
Los caminos de la ilegalidad, dadas las cifras, son múltiples. Aunque existen los pequeños mineros legales, el grueso de la explotación requiere retroexcavadoras, dragas, tolvas elevadoras, así como deforestar alrededor de la mina. Por supuesto que cualquier foto satelital muestra todo ello instalado en las selvas, de suerte que la pregunta es por qué las autoridades no destruyen más, una vez han cruzado la información con las pocas legales que también operan. La maquinaria es el obvio eslabón débil de esta cadena multinacional, ya que detectar después los flujos de dinero o discriminar entre los lingotes legales y los ilegales se vuelve casi imposible. Las máquinas, dragas y retroexcavadoras, se cuentan por miles, pero al mismo tiempo destruir una es asunto sencillo: se ponen explosivos, incluso una granada, y listo. Una draga grande cuesta un millón de dólares, de modo que por cada una que se elimine el efecto es real.
Instalar una mina ilegal toma semanas o hasta meses. Claro que no es necesario ir hasta las minas ilegales para destruirlas. Como alrededor de esa maquinaria no es concebible que haya colegios ni niños, uno empezaría por bombardear la maquinaria ilegal, con tal cual precaución. Porque vaya que han asesinado a muchos policías que se aventuraron a llegar por tierra hasta las minas. Otro eslabón que se puede atacar, aunque con mayor dificultad, es el de los insumos, en especial, el mercurio y el cianuro, cuyo uso es ubicuo en la minería ilegal de oro. Ambos son metales venenosos, además de escasos y costosos, y se pueden perseguir y decomisar si no tienen los permisos necesarios.
El daño ambiental de la minería ilegal es gigantesco. Dice un reportaje: “En las imágenes de satélite se lograron identificar huecos hasta de 6.000 metros cuadrados, que alcanzan profundidades de 12 metros. Estos hoyos se convierten en foco de insectos y de riesgo para la comunidad cercana”. Recuperar un río envenenado es mucho más costoso que reprimir el fenómeno al comienzo.
Arriba decíamos que, pese a la trágica minería ilegal, Colombia apenas es un país de media tabla. Por encima de nosotros están Rusia, la República Democrática del Congo y Venezuela. El centro del comercio ilegal se ubica, quién lo creyera, en los Emiratos Árabes Unidos, una monarquía en extremo rica, que tal vez por su misma falta de control democrático da rienda suelta a los malandros en su territorio. Se calcula que en 2022 el país importó 400 toneladas de oro ilegal, todo lo cual es negado en las comunicaciones oficiales. Por supuesto que eso no pasa solo en Abu Dhabi y alrededores. Sudán es otro foco muy dañino. También participan China, India, Suiza y Turquía.
En 2012 se instaló el London Bullion Market (Mercado de lingotes de Londres), el cual ha tenido un efecto sensible en la legalización del mercado del oro. La idea, al final de todas las cuentas, no es lograr que desaparezca del todo la minería ilegal, sino que se vuelva mal negocio o, por lo menos, mucho menos bueno. Sin embargo, nada de esto parece ser una prioridad para el gobierno de Petro.