Por: Carlos Piñeros – Socio CPB
Es lo que acaba de ocurrir por un mal cálculo de Uribe. Y podría convertirse en un hito contra la delincuencia de cuello blanco, contra la corrupción y a favor de una democracia actuante, justa y confiable.
Uribe renunció al senado para eludir el juicio que le seguía la Corte Suprema, de modo que la Fiscalía asumiera el proceso, entonces en manos de un subalterno político suyo, Barbosa, seguro de que él lo sacaría indemne.
La corte ya había descubierto que Uribe había incurrido en falsa denuncia contra el senador Iván Cepeda y, más grave aún, que había mérito para investigarlo a él mismo por los delitos que acaba de ser condenado.
La Constitución dice que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, pero se han inventado instancias de juzgamiento especiales para funcionarios públicos, que burlan ese mandato. Por miedo a la Corte, Uribe dejó el senado, sin prever que su Fiscal no alcanzaría a liberarlo de responsabilidad, porque los jueces encontraron razones para seguir el proceso, y porque Barbosa no podía mantenerse por siempre en el cargo.
Así, Uribe quedó en manos de la justicia ordinaria, como cualquier parroquiano, cambió el Fiscal y él entró en «todos» son iguales ante la ley. Reposan el sueño de la impunidad 286 denuncias contra él en la Comisión de Acusaciones de la cámara de representantes, sin que se mueva un dedo para abrir un folio.
Ministros, altos mandos militares, congresistas y funcionarios rifaron su dignidad y perdieron la libertad por delitos cometidos bajo las órdenes de Uribe, el sumo responsable irresponsable. La juez que condenó a Uribe honra la independencia del poder judicial, y el rigor de su conducta llama a considerar la eliminación de instancias ajenas para juzgar sin privilegios a todos los ciudadanos, sin excepción.
Es un paso indispensable contra la corrupción, al que debiera agregarse sanciones severas, patrimoniales e intramurales, contra el abuso de la cosa pública.
Pero eso será imposible mientras no se renueve la clase política, malacostumbrada a enriquecerse con trampas en las elecciones y en la contratación pública.
