EGC, EMBF, EMC, CN-EB, ELN y SM. En esa confusión subgrupos y disidencias que negocian o no con el Gobierno malviven las poblaciones de muchos territorios. “Estos fortalecimientos vienen desde el gobierno de Duque y han continuado durante el de Petro”, dice informe.
Disidencias de las disidencias de las disidencias… Y así hasta el infinito. EGC, EMBF, EMC, CN-EB, ELN y SM. En esa confusión grupos, siglas y subgrupos que negocian o no con el Gobierno malviven las poblaciones de muchos territorios de Colombia.
Esta semana, con el asesinato de Mateo Pérez Rueda, un periodista de 25 años y fundador del medio local El Confidente, quedó en evidencia esa ausencia de claridad y de reglas que domina la vida cotidiana especialmente en el campo. Pérez, que era un colega de región- sin la protección de los que ejercen en las grandes ciudades- y que se metía a las veredas a reportear, fue asesinado por miembros del Frente 36 de las disidencias de las extintas FARC en Briceño, una zona del norte de Antioquia aterrorizada por esos grupos. No había ido a “tomar fotos del paisaje” como dijo coloquialmente el presidente Petro, sino a narrar las confrontaciones de ese grupo con el Clan del Golfo, también autodenominado EGC.
El presidente también usó su X para una larga explicación histórica sobre la minería ilegal y para desvincular ese asesinato de las fallas evidentes de su política de paz total. “Fue asesinado por Jhon Edison Chalá Torrejano del frente Darío Gutiérrez, que es un grupo dividido del frente 36, hoy completamente fragmentado en diversos grupos delincuenciales”, escribió. Lo que no dijo es que esa es una estructura que pertenece al Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), cuyo máximo comandante es Alexander Díaz Mendoza, conocido con el alias ‘Calarcá’ y quien fue nombrado por el gobierno como “gestor de paz”. Por eso mismo, tiene levantada su orden de captura, aunque está imputado por cometer delitos de lesa humanidad.
Desde antes del asesinato del periodista, la fiscal general Luz Adriana Camargo, expertos en procesos de paz y académicos han pedido a Petro que no continúe una negociación con ese grupo que sigue atemorizando a las poblaciones donde opera. En su editorial, El Espectador fue lapidario: “la Casa de Nariño parece más preocupada por los efectos políticos del asesinato que por reconocer que su Gobierno fracasó al proteger a un ciudadano que ejercía su derecho a la libertad de prensa. Ese es el resumen de estos cuatro años: un presidente que puede explicar el porqué del desastre, pero no tiene la capacidad de corregirlo”.
No es con el único grupo armado con el que se han complicado las cosas al Ejecutivo. La Oficina del Alto Comisionado de Paz publicó una resolución para que 29 integrantes del Clan del Golfo se concentren en Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), que estarían ubicadas en Tierralta (Córdoba) y en Belén de Bajirá (Chocó). Pero este martes, la fiscal anunció que no suspenderá las órdenes de captura contra esos 29 cabecillas, entre los que se encuentran alias ‘Chiquito Malo’ y otros que están pedidos en extradición por Estados Unidos. La respuesta de Petro fue que él es quien ordena la política de paz. “Las zonas de concentración para la salida de combatientes se respetan por orden del presidente”, escribió y aseguró que son 400 integrantes de ese grupo ilegal.
A eso se suma que la guerrilla del ELN, con quien el presidente afirmó que haría la paz en tres meses, mantiene varios ciudadanos secuestrados y les anunció un “juicio revolucionario”. En medio de ese caos, la situación humanitaria se ha agravado. El Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió que es la peor de la última década y que se han incrementado los combates y el uso de drones que amedrentan a la población civil. Y la fundación Conflict Responses (Core) entregó el informe Poder armado en expansión, que muestra cómo tanto las cifras de integrantescomo las de injerencia de cinco grupos armados tienen una tendencia de fortalecimiento militar. Se refieren al EGC, el EMBF, el EMC, la CN-EB y el ELN, todas esas siglas que determinan la vida. “Estos fortalecimientos vienen desde el gobierno de Duque y han continuado durante el de Petro. Ambos tenían la responsabilidad de cambiar esta tendencia y ninguno pudo”, señalan en el informe.
La posta queda ahora en manos de los candidatos a la presidencia. “(…) quienes tendrán que enfrentar esta realidad y cambiar las tendencias de los últimos ocho años”, concluye Core.
Dejar una contestacion