Martín Eduardo Botero representará a Colombia en La Haya, sede del tribunal internacional, al cual ha señalado de ser “un instrumento geopolítico” con una “larga lista de sesgos, errores y manipulaciones”
Bogotá –
El embajador designado de Colombia ante el reino de Países Bajos, Martín Eduardo Botero, es un duro crítico del trabajo de la Corte Penal Internacional (CPI). Así lo evidencian sus publicaciones en redes sociales, revisadas por este diario. “La CPI ha demostrado en múltiples ocasiones su incapacidad para actuar de forma imparcial, centrándose en cuestiones que responden a intereses políticos más que a la justicia universal”, escribía en X en noviembre de 2024. Sus reproches a este tribunal, creado para juzgar los mayores crímenes de la humanidad —incluido el genocidio— toman especial relevancia cuando se rumora que el Gobierno de Abelardo de la Espriella quiere desvincular al país de la entidad.
Botero es abogado especializado en derecho constitucional europeo y tiene su propia firma. Hasta el momento se encontraba radicado en Italia. El jurista fue postulado la semana pasada como embajador en La Haya, capital de Países Bajos y uno de los centros neurálgicos del derecho internacional en el mundo. El representante de Colombia en esta ciudad no solo cumple funciones ante el Estado neerlandés, sino que es la cara del país ante la CPI, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Permanente de Arbitraje, todos organismos con sede en esa ciudad.
Sus mensajes críticos abarcan varios años. En 2021, lanzó varios mensajes en contra del entonces fiscal de la CPI, Karim Khan. “El abogado anglopakistaní, de defensor del hijo de Gadafi a nuevo fiscal de la Corte Penal: una máquina con 900 empleados que hasta ahora no ha examinado más de 26 casos, ha investigado a 35 personas y [ha dictado] solo 6 veredictos, de los cuales solo tres [son] condenas”, deploró el 29 de octubre de ese año, meses después del nombramiento.
Martin Eduardo Botero@boteroitalyEl abogado anglo-pakistaní, De defensor del hijo de Gaddafi a nuevo fiscal de la Corte Penal: una máquina con 900 empleados que hasta ahora no ha examinado más de 26 casos, investigado a 35 personas y solo 6 veredictos, de los cuales solo tres condenas.repubblica.it/esteri/2021/06…5:46 · 29 oct 2021- Martin Eduardo Botero@boteroitaly29 oct 2021Miembro de la comunidad Ahmadiyya, un movimiento del Islam nacido en el Pendjab, musulmán practicante y también experto en derecho islámico.
- Martin Eduardo Botero@boteroitaly29 oct 2021
domaroli@olidoma29 oct 2021Ya le van a dar una «mina»! Con eso retarda el proceso un rato!
A los pocos días, el 1 de noviembre de 2021, Botero volvió a arremeter contra el tribunal: “Hoy la mayoría de los gobiernos africanos ignoran las decisiones de la CPI porque afirman que sólo se dirige contra los africanos… la pérdida de credibilidad de dicho organismo sugiere una reforma política jurídica interna. Se necesita un cambio radical en las concepciones y métodos que lastraron a la ampliamente desprestigiada CPI frente a la opinión pública”.
Las fechas de sus publicaciones no son aleatorias. Por esos días, Khan se encontraba en Bogotá, en una importante visita en la que anunció el cierre de la investigación que el organismo abrió sobre Colombia 17 años atrás. El motivo fue la confianza que tuvo la Fiscalía de la CPI en la capacidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado. Para Botero, esta decisión pasaba por encima del plebiscito que en 2016 decidió no respaldar el Acuerdo de Paz con las FARC, que luego fue renegociado y dio vida al tribunal de paz.
“Si nadie explicó al señor fiscal de Corte Penal Internacional que el pueblo soberano, único titular de la soberanía, dijo No a la JEP, no a nefastos acuerdos, no a impunidad, creo [que] será necesario recordárselo con un comunicado oficial firmado x 6 millones”, publicó entonces. En otro tuit propuso presentar un recurso a la Cámara de Apelación de la CPI por la decisión de Khan.
En 2024, el embajador designado volvió a arremeter contra la CPI. “[El tribunal] ha demostrado en múltiples ocasiones su incapacidad para actuar de forma imparcial, centrándose en cuestiones que responden a intereses políticos más que a la justicia universal”, escribió en italiano, tras la supuesta decisión del organismo de “no perseguir de manera justa y oportuna” los crímenes cometidos por Nicolás Maduro en Venezuela: “Es un ejemplo claro de la politización y fracaso de este organismo”.
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Martin Eduardo Botero en X: «Este apoyo incondicional a la CPI ignora su larga lista de sesgos, errores y manipulaciones, donde ha demostrado perseguir con entusiasmo a ciertos líderes mientras cierra los ojos ante crímenes evidentes de aliados políticos. En los últimos años, la CPI se ha convertido en un instrumento geopolítico, más útil para presionar a ciertos gobiernos que para impartir una justicia imparcial y efectiva.»
Alerta News 24@AlertaNews247 feb 2025🇬🇧🇺🇸 | AHORA: PORTAVOZ DEL PRIMER MINISTRO DEL REINO UNIDO: «APOYAMOS LA INDEPENDENCIA DE LA CPI Y NO TENEMOS PLANES DE SANCIONAR A LOS FUNCIONARIOS DEL TRIBUNAL».- Martin Eduardo Botero@boteroitalyEste apoyo incondicional a la CPI ignora su larga lista de sesgos, errores y manipulaciones, donde ha demostrado perseguir con entusiasmo a ciertos líderes mientras cierra los ojos ante crímenes evidentes de aliados políticos. En los últimos años, la CPI se ha convertido en un instrumento geopolítico, más útil para presionar a ciertos gobiernos que para impartir una justicia imparcial y efectiva.7:24 · 7 feb 2025·2066Reproducciones
Dragonfly Hunter@JoseAleCuellar8 feb 2025Por favor muestra la larga lista de errores y sesgos de la CPI. Para verificar eso
En febrero de 2025, Donald Trump sancionó a varios miembros de la CPI, incluido Khan, por supuestamente “extralimitar” sus funciones al investigar a ciudadanos estadounidenses e israelíes, países que no son signatarios del Estatuto de Roma. Para entonces, Botero reseñó: “Este episodio reabre el debate sobre la necesidad de reformar la CPI y garantizar que opere con independencia real, sin sesgos políticos y con la capacidad de hacer cumplir sus decisiones de manera equitativa en todos los escenarios”.
Con la noticia de que el Reino Unido y otros países respaldaban el organismo, Botero reafirmó su posición: “Este apoyo incondicional a la CPI ignora su larga lista de sesgos, errores y manipulaciones, donde ha demostrado perseguir con entusiasmo a ciertos líderes mientras cierra los ojos ante crímenes evidentes de aliados. En los últimos años, se ha convertido en un instrumento geopolítico”.
Uno de sus últimos mensajes contra el tribunal fue en mayo de ese año, cuando Khan renunció tras haber sido denunciado por presunto comportamiento sexual inapropiado con una asistente. “Fin de una era oscura en la CPI. La renuncia no es solo un escándalo personal: es una tragedia institucional. Es el punto más bajo de una CPI ya cuestionada por su doble rasero, su lentitud procesal y su uso político”, aseguró.
Un giro de la relación de Colombia con el tribunal
La postura de Botero marca un giro total con respecto a sus antecesores en la embajada, enviados por gobiernos de distintas ideologías. La más reciente, la jurista Carolina Olarte, explica que la relación de Colombia con la CPI ha sido siempre muy estrecha y que es vital para el país. “Somos un aliado estratégico de la corte por toda la experiencia que hemos acumulado en materia de lucha contra los crímenes más atroces”, indica en una conversación telefónica.
El embajador en La Haya, añade Olarte, es una figura clave para la diplomacia de Bogotá porque “es un puente entre la CPI y Colombia, pone sobre la mesa intereses que son propios del país y permite una interlocución para situaciones que eventualmente vinculen de manera directa o indirecta a Colombia”.
Por eso, lamenta las críticas al organismo en una polémica atizada por la decisión de la Administración Trump de sancionar a la presidenta del tribunal, la japonesa Tomoko Akane, y en la que recientemente ha entrado Colombia. Varios medios de comunicación han informado de que el Gobierno liderado por Abelardo de la Espriella sopesa la posibilidad de retirarse de la CPI, en línea con su aproximación sin matices a Estados Unidos e Israel, dos de los países más críticos contra el organismo. La Cancillería no ha confirmado esta información, pero De la Espriella manifestó durante la campaña su intención de retirar a Colombia de varios organismos multilaterales, justificándose en el exceso de burocracia, entre otros motivos.
Olarte, a quien el Gobierno actual retiró de la lista de aspirantes a magistrados del tribunal, considera que el presidente cometería un error si denuncia el Estatuto. “Por el lado jurídico, las víctimas de las más graves atrocidades quedarían sin el grado adicional de garantía que ofrece la CPI frente a escenarios de impunidad”, explica. A su vez, continúa, significaría un duro golpe a la reputación internacional de Colombia pues salirse de un organismo multilateral puede verse como un desconocimiento de los avances judiciales.
La jurista apunta otra preocupación: la comercial. “Hay muchas instancias multilaterales que requieren la firma del Estatuto para hacer negocios o acuerdos comerciales. Nos pondría, sobre todo, en aprietos con Europa”.
La embajada de Colombia en Países Bajos es menos visible que las de Washington o Madrid, pero es una de las más importantes para el país, resume Olarte. La llegada de Botero como representante diplomático pondrá a prueba la estrecha relación de Bogotá con el tribunal penal más importante del mundo. Mas aún cuando la propia Fiscalía de la Corte ha advertido de que puede reabrir su examen a Colombia si encuentra obstáculos al avance de los procesos judiciales y medidas que afecten el funcionamiento de la JEP. De la Espriella redujo significativamente el presupuesto del tribunal de paz y ha cuestionado su trabajo y su credibilidad.
A los pocos días, el 1 de noviembre de 2021, Botero volvió a arremeter contra el tribunal: “Hoy la mayoría de los gobiernos africanos ignoran las decisiones de la CPI porque afirman que sólo se dirige contra los africanos… la pérdida de credibilidad de dicho organismo sugiere una reforma política jurídica interna. Se necesita un cambio radical en las concepciones y métodos que lastraron a la ampliamente desprestigiada CPI frente a la opinión pública”.
Las fechas de sus publicaciones no son aleatorias. Por esos días, Khan se encontraba en Bogotá, en una importante visita en la que anunció el cierre de la investigación que el organismo abrió sobre Colombia 17 años atrás. El motivo fue la confianza que tuvo la Fiscalía de la CPI en la capacidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado. Para Botero, esta decisión pasaba por encima del plebiscito que en 2016 decidió no respaldar el Acuerdo de Paz con las FARC, que luego fue renegociado y dio vida al tribunal de paz.
“Si nadie explicó al señor fiscal de Corte Penal Internacional que el pueblo soberano, único titular de la soberanía, dijo No a la JEP, no a nefastos acuerdos, no a impunidad, creo [que] será necesario recordárselo con un comunicado oficial firmado x 6 millones”, publicó entonces. En otro tuit propuso presentar un recurso a la Cámara de Apelación de la CPI por la decisión de Khan.
En 2024, el embajador designado volvió a arremeter contra la CPI. “[El tribunal] ha demostrado en múltiples ocasiones su incapacidad para actuar de forma imparcial, centrándose en cuestiones que responden a intereses políticos más que a la justicia universal”, escribió en italiano, tras la supuesta decisión del organismo de “no perseguir de manera justa y oportuna” los crímenes cometidos por Nicolás Maduro en Venezuela: “Es un ejemplo claro de la politización y fracaso de este organismo”.
En febrero de 2025, Donald Trump sancionó a varios miembros de la CPI, incluido Khan, por supuestamente “extralimitar” sus funciones al investigar a ciudadanos estadounidenses e israelíes, países que no son signatarios del Estatuto de Roma. Para entonces, Botero reseñó: “Este episodio reabre el debate sobre la necesidad de reformar la CPI y garantizar que opere con independencia real, sin sesgos políticos y con la capacidad de hacer cumplir sus decisiones de manera equitativa en todos los escenarios”.
Con la noticia de que el Reino Unido y otros países respaldaban el organismo, Botero reafirmó su posición: “Este apoyo incondicional a la CPI ignora su larga lista de sesgos, errores y manipulaciones, donde ha demostrado perseguir con entusiasmo a ciertos líderes mientras cierra los ojos ante crímenes evidentes de aliados. En los últimos años, se ha convertido en un instrumento geopolítico”.
Uno de sus últimos mensajes contra el tribunal fue en mayo de ese año, cuando Khan renunció tras haber sido denunciado por presunto comportamiento sexual inapropiado con una asistente. “Fin de una era oscura en la CPI. La renuncia no es solo un escándalo personal: es una tragedia institucional. Es el punto más bajo de una CPI ya cuestionada por su doble rasero, su lentitud procesal y su uso político”, aseguró.
Un giro de la relación de Colombia con el tribunal
La postura de Botero marca un giro total con respecto a sus antecesores en la embajada, enviados por gobiernos de distintas ideologías. La más reciente, la jurista Carolina Olarte, explica que la relación de Colombia con la CPI ha sido siempre muy estrecha y que es vital para el país. “Somos un aliado estratégico de la corte por toda la experiencia que hemos acumulado en materia de lucha contra los crímenes más atroces”, indica en una conversación telefónica.
El embajador en La Haya, añade Olarte, es una figura clave para la diplomacia de Bogotá porque “es un puente entre la CPI y Colombia, pone sobre la mesa intereses que son propios del país y permite una interlocución para situaciones que eventualmente vinculen de manera directa o indirecta a Colombia”.
Por eso, lamenta las críticas al organismo en una polémica atizada por la decisión de la Administración Trump de sancionar a la presidenta del tribunal, la japonesa Tomoko Akane, y en la que recientemente ha entrado Colombia. Varios medios de comunicación han informado de que el Gobierno liderado por Abelardo de la Espriella sopesa la posibilidad de retirarse de la CPI, en línea con su aproximación sin matices a Estados Unidos e Israel, dos de los países más críticos contra el organismo. La Cancillería no ha confirmado esta información, pero De la Espriella manifestó durante la campaña su intención de retirar a Colombia de varios organismos multilaterales, justificándose en el exceso de burocracia, entre otros motivos.
Olarte, a quien el Gobierno actual retiró de la lista de aspirantes a magistrados del tribunal, considera que el presidente cometería un error si denuncia el Estatuto. “Por el lado jurídico, las víctimas de las más graves atrocidades quedarían sin el grado adicional de garantía que ofrece la CPI frente a escenarios de impunidad”, explica. A su vez, continúa, significaría un duro golpe a la reputación internacional de Colombia pues salirse de un organismo multilateral puede verse como un desconocimiento de los avances judiciales.
La jurista apunta otra preocupación: la comercial. “Hay muchas instancias multilaterales que requieren la firma del Estatuto para hacer negocios o acuerdos comerciales. Nos pondría, sobre todo, en aprietos con Europa”.
La embajada de Colombia en Países Bajos es menos visible que las de Washington o Madrid, pero es una de las más importantes para el país, resume Olarte. La llegada de Botero como representante diplomático pondrá a prueba la estrecha relación de Bogotá con el tribunal penal más importante del mundo. Mas aún cuando la propia Fiscalía de la Corte ha advertido de que puede reabrir su examen a Colombia si encuentra obstáculos al avance de los procesos judiciales y medidas que afecten el funcionamiento de la JEP. De la Espriella redujo significativamente el presupuesto del tribunal de paz y ha cuestionado su trabajo y su credibilidad.
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