El anuncio del presidente Petro de convocar la consulta popular por decreto es un grave riesgo a la estabilidad del sistema democrático. Las reglas democráticas deben prevalecer por encima de interpretaciones que desconocen la independencia entre poderes.
El gobierno no puede ignorar la votación del Senado sobre la Consulta Popular. Si considera que la votación tuvo vicios, debe acudir ante el sistema judicial. Cualquier acción distinta es una extralimitación del poder con peligrosos rasgos autoritarios.
Si se concreta el anuncio del gobierno, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado serán fundamentales para contener al poder ejecutivo, restablecer el respeto al Congreso y evitar que la Registraduría quede atrapada en controversias políticas.
El Colombiano
El Congreso debe reconocer su responsabilidad política ante los obstáculos que enfrentó el trámite de la reforma laboral. El poder legislativo debe ser la primera instancia en ofrecer salidas institucionales para canalizar debates complejos por vías democráticas.
Esta grave situación no debe opacar los avances de la justicia en el escándalo de la UNGRD, que hoy suma imputaciones por corrupción al ex ministro Bonilla y exfuncionarios cercanos al presidente Petro, ni los fuertes cuestionamientos al presidente de Ecopetrol.
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