CATALINA OQUENDO B.
En julio de 2004, los paramilitares más sanguinarios de la época, Salvatore Mancuso, Ernesto Báez y Ramón Isaza, se presentaron en el Congreso de la República. Fueron ovacionados de pie por decenas de congresistas. Una parte del país se indignó: ver a estos hombres vestidos de saco y corbata -con sus escoltas armados- hablar desde el púlpito del Legislativo, ofendió a miles de víctimas y a quienes los persiguieron judicialmente durante años. La presencia de esos criminales, que aún no entregaban las armas en el proceso de desmovilización que vino después, se leyó como una legitimación de los violentos.
Esa misma sensación deja para muchos el evento del sábado pasado, cuando nueve cabecillas de las bandas criminales del Valle de Aburrá compartieron tarima con el presidente Gustavo Petro en un evento público en Medellín. Alias Vallejo, Douglas, Lindolfo, Tom y Carlos Pesebre, nombres y alias bien conocidos en la ciudad porque durante años han liderado la criminalidad, fueron trasladados desde la cárcel de Itagüí donde purgan sus condenas, hasta el evento con el presidente Petro. Allí les dieron la palabra para hablar de paz urbana, en el marco de la mesa de negociación que mantienen con el Ejecutivo, y la aprovecharon para criticar al alcalde Federico Gutiérrez y a los fiscales locales. En el público se mezclaban los carteles de apoyo a Petro con los de “Te queremos, Douglas”.
Entre ambos hechos hay enormes diferencias, comenzando porque los jefes paramilitares estaban libres, y los de Medellín están presos; pero también similitudes, que plantean preguntas sobre el lugar que se le da a quienes han optado por la criminalidad. La defensora del Pueblo, Iris Marín, una de las voces más ecuánimes, en medio de las declaraciones altisonantes de todos los lados, dijo que “la paz urbana es un camino positivo y necesario”, pero que los responsables de crímenes “no deben tener un lugar de honra y distinción, sino que deben comparecer ante la ley y someterse plenamente a ella”.
En palabras más directas: “las tarimas no son un lugar propicio para los responsables de los crímenes (…) cuando se confunde el lugar de los responsables con el de actores políticos en un contexto electoral no hay paz que sea posible”. Marín criticó también la rivalidad política evidente entre el presidente y el alcalde de la ciudad.
El llamado ‘tarimazo’, en el que también estuvo Daniel Quintero, ex alcalde de Medellín y candidato presidencial imputado por corrupción, puso bajo la lupa el estado de la mesa de paz urbana que comenzó hace dos años y aún no tiene un marco jurídico para avanzar. Para el Gobierno, cuya ambiciosa política de paz total ha hecho agua en distintos flancos, es una de las pocas mesas de mostrar porque los cabecillas aún siguen en el proceso. Pero esta, como señalan muchos analistas, también enfrenta problemas de improvisación.
“Lo que pasa con la mesa de paz urbana de Medellín y el Valle de Aburrá es una muestra de la falta de rigor con la que se ha manejado la paz total, pero con agravantes”, escribió Andrés Preciado, director del área de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz. El ex negociador con las extintas FARC, Humberto de la Calle, señaló que recién inició la mesa, el Gobierno presentó un proyecto de ley de sometimiento que dejó morir. “Es grave que continúen negociaciones con criminales no políticos sin marco jurídico y sin que sepamos cuál es el puerto de llegada”, afirmó. Y se sumó a las críticas de los políticos de Medellín: “grave también ese acto ostentoso que amenaza a las autoridades locales, la fiscalía, la justicia, las fuerzas armadas. Una cosa es desmovilizar. Otra el exhibicionismo sin compromiso serio de dejar de delinquir”.
Después del escándalo, la senadora oficialista Isabel Zuleta, que coordina la mesa de negociación y fue artífice del evento, dio una rueda de prensa con dos de los cabecillas de las bandas. Dijeron que la reducción de los homicidios en la ciudad y la eliminación de fronteras invisibles se debe a ese proceso. Sin embargo, nadie conoce el mecanismo de verificación ni el método que utilizan para llegar a esa conclusión. Tampoco es claro cuáles son los incentivos de los jóvenes que obedecen a los cabecillas de esas estructuras ni en qué hechos concretos terminaría el proceso, cuando solo queda un año de mandato de Petro.
Zuleta y los criminales afirman que con el actual gobierno negocian por encima de la mesa y con los exalcaldes lo hicieron en “los sótanos” de la alcaldía. La senadora dijo que en la tarima estuvieron varias víctimas de desaparición forzada porque en Medellín hay “muchas escombreras”, en alusión al caso de la Comuna 13. Pero tampoco es claro si, como parte de la mesa, los cabecillas están dando información para encontrar desaparecidos o qué compromisos han hecho para desenredar casos judiciales.
Del ‘tarimazo’, donde se esperaba algún anuncio concreto que avanzara las negociaciones, solo quedaron el escándalo y la propuesta del presidente Petro de ir a la cárcel con la fiscal general “a examinar, bajo las normas existentes, legales, las posibilidades de beneficios jurídicos” a los cabecillas. Ella aún no ha respondido.
