Trabajadores de la Dirección de Derechos Humanos de la cartera denuncian haber recibido órdenes de una persona que no tiene cargo formal
Bogotá –
Un ambiente enrarecido se ha apoderado de las oficinas del Ministerio del Interior de Colombia. El cambio de Gobierno, el pasado 7 de agosto, y la natural llegada de nuevos funcionarios a la cartera han traído consigo las denuncias de irregularidades que han hecho varios trabajadores de la Dirección de Derechos Humanos. Cuentan que algunas personas ejercen funciones directivas y dan órdenes a pesar de no tener un contrato o nombramiento con el Estado, citan a reuniones y piden información delicada. En un ambiente enrarecido, la incertidumbre tiene también asiento desde hace varias semanas en el ministerio.
Los focos apuntan hacia Federico Arellano Mendoza, un abogado bogotano, compañero de pregrado del presidente Abelardo de la Espriella en la Universidad Sergio Arboleda. Tras el cambio de Gobierno, se presentó en las oficinas del ministerio como director de Derechos Humanos, en una dependencia que responde al Viceministerio para el Diálogo Social y los Derechos Humanos. Con él, como suele ocurrir, llegó un equipo de asesores, que hacen las veces de puente con los funcionarios y contratistas. Varios de estos trabajadores señalan que los recién llegados les empezaron a dar órdenes, citar a reuniones y pedir información sensible. Sin embargo, hasta ahora Arellano no está vinculado formalmente con el Estado y la Dirección en la que ha actuado está vacante.
En los organigramas del ministerio, publicados en la página de internet, Arellano apareció como director de Derechos Humanos hasta el pasado 29 de septiembre. Una de sus asesoras, Ruby Silva, fungía como enlace entre él y los trabajadores de la dirección. A través de mensajes de WhatsApp conocidos por este diario, les solicitaba información sensible de la entidad que debían remitir a su correo personal de Hotmail, no a uno institucional, y les pedía asistir a reuniones con Arellano, a quien presentaba como director. Varios trabajadores le preguntaron por esa vía si él ya había asumido el cargo. En algunos casos, ella reconoció que no. Tras varios cuestionamientos internos, Arellano dejó de aparecer en los organigramas el 30 de septiembre, aunque sigue ejerciendo sus funciones de facto, según cuatro fuentes consultadas de manera individual por este diario.
No es la única situación que indica que Arellano ha estado ejerciendo un cargo para el que no ha sido nombrado. El 18 de septiembre, tras una reunión que organizó la Cancillería para hacer seguimiento de las medidas de reparación y cumplimiento de la sentencia por el caso de la periodista Jineth Bedoya Lima, el propio Arellano, de puño y letra, firmó la lista de asistencia como director de derechos humanos del Ministerio del Interior. A diferencia de la gran mayoría de asistentes, que dejaban sus correos electrónicos institucionales como contacto, Arellano dejó apuntada una cuenta de Gmail.
Una de las fuentes consultadas —que sigue vinculada al ministerio y pide hablar bajo anonimato por temor a represalias— indica que, desde el 19 de agosto, formalmente la dirección está ocupada de manera transitoria por Yeny Martínez, funcionaria de varios años del ministerio. La persona dice: “Hace unos 20 días nos citaron a una reunión en la que nos presentaron a quien sería el nuevo director de derechos humanos. En esta reunión se nos manifestó que debíamos entregar una información y demás. Desde ese momento se ha solicitado a los equipos entrega de informes, de los nombres de las personas que trabajan en los equipos, cuáles son sus funciones… Es decir, se ha solicitado muchísima información sobre la dirección”.
Otra persona, que también pide hablar bajo reserva de su identidad por las mismas razones, cree que Arellano desapareció del organigrama publicado porque la irregularidad se empezó a hacer muy visible. Sin embargo, asegura que sigue ejerciendo las funciones: “Cada día es peor, porque se están haciendo requerimientos. Además, no hay correos institucionales para ellos, porque no hay ningún vínculo. Pero piden información relacionada con organizaciones defensoras de paz, por ejemplo, y sobre sus enlaces y teléfonos. Y lo están haciendo personas ajenas a la entidad. Esta es una preocupación por la seguridad de las organizaciones y comunidades con las que se trabaja, porque está en riesgo la información individualizada”.
Un caso similar ocurre con Ricardo Chaparro Herrera, quien el 23 de septiembre pasado presidió la reunión en la que se elaboró el borrador de modificación del decreto 003 de 2021, relacionado con el uso de la fuerza legítima del Estado y la protección de la protesta pacífica. En esa discusión, cuentan fuentes presentes en ella, Chaparro se presentó como director de diálogo social y la presidió, reunión junto a otras tres personas.
Al consultar en las bases de datos del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep) y del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), no aparecen nombramientos ni contratos de Arellano, de Ruby Silva, su mano derecha. Tampoco de Ricardo Chaparro. El Código Penal colombiano contempla los delitos de usurpación de funciones públicas, que afecta al “particular que sin autorización legal ejerza funciones públicas”, y el de simulación de investidura, que ocurre cuando una persona “simulare investidura o cargo público”.
EL PAÍS intentó establecer contacto con el ministro del Interior, Rodrigo Lara, con la oficina de prensa de la cartera y con Arellano en busca de un pronunciamiento oficial sobre la situación. Hasta la publicación de este artículo, ninguno de ellos ha respondido a las solicitudes de este periódico.
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