Por William Giraldo Ceballos
Llama la atención el silencio de los gremios de la producción sobre el uso que se le ha venido dando a sus aportes parafiscales para subsidiar a las familias de sus trabajadores y para coayubar socialmente con la atención de niños y familias desamparadas.
Las Cajas de Subsidio Familiar reciben anualmente $9 billones en aportes de las empresas para subsidiar diversos servicios a los trabajadores y a sus familias como vivienda, educación, salud, recreación y ayuda monetaria a los de más bajos salarios.
En los consejos directivos o de administración, las centrales obreras tienen representantes de los trabajadores. Estos dirigentes tampoco han dicho algo sobre el cierre de supermercados y su cesión o venta de locales a compañías particulares y otros eventuales desvíos de los objetivos sociales de las Cajas.
Al menos en teoría ese es el sentido con el cual han venido funcionando las cajas de compensación bajo la dirección de eternos e inamovibles directores o gerentes desde cuando éstas fueron creadas a mediados de los años 50.
Esta semana se habló y criticó abiertamente el recorte presupuestal de $30 mil millones para la atención de niños a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, cuyos recursos de funcionamiento también provienen de aportes parafiscales de las nóminas de las empresas, pero no se dijo nada sobre la posibilidad de trasladar recursos del subsidio familiar para atender la emergencia en que quedan los niños más pobres del país.
Es tanta la riqueza de las Cajas de Compensación que los gobiernos las han obligado a financiar y ejecutar proyectos de vivienda, construcción de hospitales y hasta la conformación de Empresas Promotoras de Salud, EPS.
Mientras los niños abandonados, los huérfanos, las familias sobrevivientes de masacres y calamidades públicas reciben la noticia del recorte presupuestal, los directivos de empresas y empleados con niveles salariales superiores concurren a hoteles de lujo, centros vacacionales y teatros, cuyas tarifas e interés no están al alcance de familias con ingresos promedio de dos salarios mínimos mensuales.
¿Por qué no hay un pronunciamiento de la ANDI o de FENALCO sobre las inversiones y gastos privados que se financian con sus aportes parafiscales?
