Nacida en Alpujarra, Tolima, la jueza Sandra Heredia ha demostrado, durante el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno y fraude procesal, firmeza y temple frente a recusaciones, tutelas y presiones políticas. Les contamos detalles de la trayectoria de esta jueza que delibera sobre uno de los procesos más mediáticos de la justicia colombiana.
Por: Carolina Calero
Sandra Liliana Heredia Aranda no ha dado entrevistas, no es figura pública, ni suele aparecer en los titulares. Sin embargo, hoy todos los reflectores del país están puestos sobre ella. Desde su despacho en Bogotá, esta jueza penal tiene en sus manos uno de los fallos más trascendentales de la historia reciente de Colombia: la decisión en primera instancia que determina si el expresidente Álvaro Uribe Vélez es culpable o inocente por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
Poco se sabe de su vida personal, pero su rol como titular del Juzgado 44 Penal del Circuito ha sido clave para que el proceso no naufrague entre tecnicismos, presiones políticas o demoras estratégicas. Heredia ha asumido la dirección del proceso un estilo directo y pragmático, decidido a evitar que el caso se diluya en los plazos o caiga en la prescripción.
“Nos va a dar aquí la Navidad si seguimos así”, advirtió con ironía durante una de las audiencias, al notar el lento avance de los testimonios de la defensa del expresidente, que por cierto, prescribe el 16 de octubre de este año.
La trayectoria profesional de Sandra Heredia
Según documentos de la rama judicial, la historia de Sandra Heredia dentro de esta rama comenzó en 1994, cuando empezó a trabajar como auxiliar judicial, mucho antes de obtener su título como abogada, el cual alcanzó el 1 de noviembre de 2006. Durante más de una década ocupó cargos de apoyo en juzgados y despachos judiciales, acumulando experiencia práctica en procedimientos, trámites y funcionamiento interno de la justicia.
En 2013 decidió participar en el concurso de méritos convocado por el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima para aspirar a cargos de carrera como funcionaria judicial. Superó las pruebas de conocimiento y psicotécnicas con buenos puntajes, pero fue su apelación lo que realmente reveló su temple. Tras la publicación del registro de elegibles, Heredia interpuso un recurso de reposición y apelación, alegando que su extensa trayectoria no había sido valorada correctamente.
El sistema le había asignado apenas 7,61 puntos por experiencia adicional y docencia, a pesar de que acreditaba más de 2.400 días de trabajo en la rama judicial después de haberse graduado como abogada. Defendió su hoja de vida con argumentos técnicos y jurídicos, con la misma precisión con la que hoy dirige las audiencia.
La decisión terminó dándole la razón. En 2016, el Consejo Superior de la Judicatura revocó las resoluciones iniciales y le otorgó 93,55 puntos en ese factor, elevando su puntaje total a 690,15. Aquella apelación técnica reflejó que es rigurosa y conocedora del engranaje institucional.
Heredia, nacida en Alpujarra, Tolima, ha hecho gran parte su carrera en esa región.
La jueza a cargo del juicio del siglo en Colombia
Desde que el 9 de abril de 2024 la Fiscalía General de la Nación radicó en el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá el escrito de acusación contra Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, dicho despacho asumió una responsabilidad especial por la complejidad del proceso y el interés público que generó.
Sandra Heredia asumió la responsabilidad del caso desde 2024. Crédito: Colprensa.
La jueza solicitó a la Judicatura que se suspendiera el reparto de nuevos procesos, argumentando que necesitaba concentrarse en el juicio contra el expresidente para garantizar la celeridad y el rigor que el caso requería. Ante esto, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá expidió el Acuerdo CSJBTA‑25‑35 del 1 de julio de 2025, que ordenó«suspender la asignación de nuevos procesos al Juzgado 44 durante todo el mes de julio».
Así las cosas, Heredia tiene la tarea de evaluar las pruebas aportadas por la Fiscalía y la defensa, que incluyen cerca de 100 testimonios y numerosos documentos extensos.
Durante los más de dos meses de audiencias, la magistrada rechazó aplazamientos de última hora y se opuso a retrasos que podrían afectar el término de prescripción.
Por ejemplo, en febrero de este año, negó un aplazamiento solicitado por la defensa del expresidente que pidió suspender la audiencia pocos días después del inicio de la fase oral. La jueza se opuso con el argumento de que el juicio debía continuar y no podía interrumpirse sin justificación suficiente. Esa decisión, que en su momento causó molestias en la defensa de Uribe, volvió a ser citada semanas después, cuando se presentó una recusación en su contra.
El día en que se conoció la recusación, Heredia decidió rechazarla públicamente sin enviar el caso a otro despacho para que lo evaluara, como ordena el procedimiento en ciertos contextos. En respuesta, la defensa del expresidente presentó una tutela alegando que se le había negado el derecho al debido proceso. En primera instancia, el Tribunal Superior de Bogotá no le dio la razón. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia corrigió ese fallo y le ordenó a Heredia dar trámite a la recusación en un plazo máximo de 48 horas.
En una de sus intervenciones, señaló que el juicio llevaba más de cinco años abierto y enfatizó la necesidad de avanzar antes de que los plazos legales hicieran imposible la conclusión de la causa dentro del término. También fijó la fecha de lectura del fallo para las 8:30 de la mañana del lunes 28 de julio de 2025, advirtiendo que dedicaría al menos veinte días para deliberar, tras recibir los alegatos finales presentados entre el 1 y el 4 de julio
Un exfuncionario de Asonal Judicial, cuyo nombre prefirió no hacer público y que ha seguido de cerca el proceso, le dijo a CAMBIO que considera que el juicio ha tenido un valor institucional adicional, pues por primera vez en años «un proceso de esta envergadura ha sido transmitido de manera abierta, permitiendo que estudiantes y abogados desde distintas regiones del país observen con detalle el funcionamiento real de una audiencia penal».
A su juicio, este juicio ha permitido mostrar cómo actúa una jueza cuando cuenta con el respaldo institucional para dedicar su tiempo de forma exclusiva a un caso de alto perfil. También destaca que tanto la jueza como la fiscal han representado de forma sólida el papel de las mujeres en escenarios judiciales complejos y observados por el país entero.
