El Gobierno viene trabajando en un proyecto de ley con el que promete reducir las tarifas por la electricidad que pagan millones de usuarios, protegerlos contra cobros injustificados y fortalecer la participación ciudadana. Pero esa iniciativa no parece tener energía en el Congreso. ¿Por qué no avanza el proyecto de ley? Análisis.
Por: Redacción Cambio
En el Congreso de la República, con frecuencia —la mayoría de las veces— lo urgente no deja espacio para lo importante. Allí, sobre los escritorios de los parlamentarios, duermen el sueño de los justos iniciativas que, de convertirse en políticas públicas, en teoría podrían mejorar la vida de muchas personas.
Eso explica que, sin ir más lejos, el proyecto de ley para transformar el sector energético colombiano, y reducir las tarifas de energía, radicado por el Gobierno Nacional, no avance.
¿Puede haber una decisión más favorable para la gente —especialmente para los sectores más humildes— que alivie, aunque sea un poco, el peso de los recibos de los servicios públicos?
Por eso, el Gobierno decidió que trataría de “bajar la luz”. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, ha venido socializando la iniciativa con la esperanza de que sea aprobada, pero en el horizonte se vislumbran varios obstáculos.
El principal escollo es que, como suele decirse, la cuarta legislatura suele estar dominada por los intereses de los congresistas. En esta etapa, suelen mirar con indiferencia al presidente, hacerle poco caso a los deseos del Ejecutivo y, menos aún, darle un triunfo político que lo beneficie ante la opinión pública.
La razón es simple: las elecciones están a la vuelta de la esquina y nadie quiere entregarle una victoria al gobierno de turno.
Los últimos meses de la legislatura están marcados por una configuración distinta del Congreso, un ambiente de campaña política que ralentiza el trabajo legislativo y una serie de debates e iniciativas que enfrentan desafíos, como la reforma a la salud, la reforma tributaria, hoy en la incertidumbre, y hasta la elección de magistrados.
Tiempos de derrotas
De hecho, en el Congreso aún resuena el eco de la derrota del Gobierno en la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional. De 103 votos, Camargo obtuvo 62, mientras que la candidata respaldada por el Ejecutivo, María Patricia Balanta, recibió 41.
Todavía hay un interrogante que flota en el ambiente: ¿hubo congresistas del Pacto Histórico que votaron en contra de los deseos de Petro?
“Tendremos que revisar. Fue una paliza porque pensábamos que iba a estar muy reñido, incluso que podría haber empate. Aquí algo está fallando; alguien no está diciendo la verdad en la bancada del Gobierno”, dijo la senadora Martha Peralta.
El año electoral genera un ambiente de campaña que afecta el funcionamiento normal del Congreso, haciendo que muchos legisladores se enfoquen más en sus regiones y en sus aspiraciones de reelección.
La analista María Jimena Escandón lo resume con claridad: “En la coyuntura actual, el proyecto del Gobierno enfrenta varios obstáculos políticos. Su discusión, en plena cuarta legislatura y en medio de la fragmentación del Congreso y la proximidad de las elecciones, limita significativamente su margen de maniobra”.
Para esta experta, la agenda legislativa está saturada, los congresistas priorizan su capital electoral y las mayorías del Ejecutivo se encuentran debilitadas, lo que convierte este proyecto en una bandera más simbólica que de resultados inmediatos.
Entre los analistas hay consenso en que, si bien el sector requiere reformas basadas en consensos técnicos y financieros —no en coyunturas electorales—, este proyecto, más que un instrumento de transformación real, parece un gesto político de cierre de mandato. Al margen de la controversia, ese es un obstáculo difícil de sortear.
En busca de la confianza
Por eso, su éxito dependerá menos de la voluntad del Gobierno y más de su capacidad para construir confianza con los actores del sistema eléctrico y ofrecer un plan de acción viable, técnica y fiscalmente sostenible.
La propuesta es sencilla: la reforma contempla un ajuste gradual de los subsidios energéticos. Los hogares de mayores ingresos asumirán un porcentaje mayor del costo de los servicios, mientras que los sectores más necesitados continuarán recibiendo apoyo estatal. Este enfoque busca evitar distorsiones económicas y promover la equidad en el acceso a la energía.
En esencia, según lo que dice el Gobierno, pretende garantizar tarifas justas, fortalecer la participación ciudadana y proteger a los usuarios frente a cobros injustificados. Además, se implementarán mecanismos de monitoreo y evaluación para medir el impacto de los cambios en la población y en el consumo energético. Expertos destacan que estos mecanismos son esenciales para asegurar la transparencia y la eficacia de la reforma.
Las medidas del proyecto no han estado exentas de críticas técnicas. Ese es otro de los lunares que enfrenta el proyecto, porque para varias voces del sector, algunas medidas podrían tener efectos adversos a largo plazo en un mercado altamente regulado como el energético.
A lo largo de su gobierno, Petro ha levantado la bandera de bajar el precio de la energía eléctrica para cumplir lo prometido en campaña. En Colombia, más de 700.000 personas carecen de este servicio público y alrededor de seis millones viven en municipios donde la calidad es deficiente, según el Índice de Pobreza Multidimensional Energética.
Además, millones de usuarios —especialmente en la región Caribe— pagan tarifas exorbitantes, un problema de larga data.
Se trata de un problema estructural, de solución compleja y en el que ahora, para mayor inri, el tiempo juega en su contra. A solo ocho meses de entregar el poder, el margen de maniobra se reduce notablemente. Aun así, el proyecto liderado por el Ministerio de Minas y Energía busca oxígeno.
Palma asume el reto
Y es que el presidente ya lo ha intentado por distintos medios: mediante decretos para regular los precios en la bolsa de energía, normas que modifican el funcionamiento del mercado energético, promesas de subsidios para paneles solares y medidas que presionan a los generadores. Ahora, el encargado de materializar esa misión es el ministro Edwin Palma.
El problema es que se trata de un sector altamente regulado y técnico, en el que la operación y los precios no cambian “a la brava”, sino que requieren estímulos adecuados para lograr resultados. Mientras tanto, miles de familias siguen pagando altas facturas.
Por eso, desde mediados de junio, el Gobierno comenzó a socializar el proyecto elaborado por el Ministerio de Minas y Energía, que aborda temas como los subsidios, la composición de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la forma de pago de la llamada “opción tarifaria”: una deuda de 2,9 billones de pesos que los usuarios mantienen con los distribuidores por los aumentos no aplicados durante la pandemia.
“El principio fundamental de nuestro proyecto de ley es bajar tarifas, bajar los precios de la energía eléctrica, democratizar el mercado, intervenir el mercado”, ha subrayado Palma.
Según él, el objetivo es modificar las leyes 142 y 143 de 1994, que definen las normas de generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el país. “Después de 30 años, es justo revisar una ley. Las realidades sociales y políticas cambian”, sostiene Palma, quien afirma que el actual esquema “no le ha servido a los usuarios”.
¿Qué busca el proyecto?
La columna vertebral del proyecto, según el gobierno, es lograr la equidad y la garantía en la prestación y regulación del servicio público de energía eléctrica, orientadas a promover la igualdad en el acceso a los subsidios, la sostenibilidad financiera del sistema, la eficiencia en el consumo y la transparencia en la facturación.
Entre las propuestas se plantea que los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, así como los no residenciales regulados —industria y comercio—, asuman la deuda por la opción tarifaria que tienen los estratos 1, 2 y 3.
Otro punto propone evaluar los subsidios que reciben los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 según las condiciones reales de los beneficiarios. También se sugiere que las facturas separen los cobros de los servicios asociados a la energía eléctrica y que no incluyan tasas o impuestos ajenos al valor del servicio.
Además, se contempla la creación de esquemas tarifarios diferenciales para los usuarios vulnerables, trasladando esa carga a quienes tienen mayor capacidad de pago. La norma permitiría, de forma excepcional, que las metodologías tarifarias se modifiquen por solicitud de la Superintendencia de Servicios Públicos.
En relación con la CREG, uno de los puntos más sensibles, el Gobierno propone modificar el número de comisionados y sumar tres nuevos: un académico, un representante de los usuarios y otro de los sindicatos. Asimismo, se reduciría de diez a cinco años la experiencia mínima requerida para ocupar el cargo.
Dudas y certezas
¿Cuál es el ambiente en el sector? Hace un par de semanas gremios y asociaciones enviaron una carta al ministro manifestando su disposición para identificar mecanismos que alivien la carga tarifaria de los usuarios y destacaron el interés en separar de la factura cobros ajenos al servicio, así como mejorar la focalización de los subsidios.
Sin embargo, advirtieron que la iniciativa “no permitirá lograr beneficios eficientes y sostenibles hacia una reducción tarifaria en el corto plazo y, por el contrario, puede afectar el bienestar de los ciudadanos y del país en su conjunto”.
Palma respondió: “La recibo con mucha satisfacción. Eso hacen los demócratas”, afirmó e invitó a debatir. “En algunas estamos de acuerdo. Hay que hacer un uso eficiente de la energía”, añadió.
La modificación de la CREG no parece sencilla. Durante buena parte del actual gobierno, el presidente no ha tenido una relación fluida con el organismo. Al inicio de su mandato se abstuvo de nombrar a los comisionados expertos, dejando parcialmente inactiva la entidad. A comienzos de 2023, incluso asumió directamente sus funciones, hasta que el Consejo de Estado lo frenó.
Entre los detractores, hay una lectura distinta de la propuesta de aliviar a los ciudadanos cada mes cuando les llega la factura.
Una fuente del sector, que prefirió no ser identificada, aseguró que el proyecto busca, en realidad, modificar la CREG, algo que el presidente ha intentado desde hace tiempo. “Quieren hacer politiquería con esto. No han designado a todos los comisionados y están impulsando esta reforma para dejar, al final del gobierno de Petro, personas que no son idóneas y mantener a la CREG amarrada”.
En la carta enviada al ministro, los gremios insistieron en que la designación de los comisionados debe regirse por criterios de experiencia técnica y dirección, de modo que las decisiones regulatorias sean objetivas y se basen en análisis rigurosos, evitando errores regulatorios.
“El peor aspecto de todo esto es la composición de la CREG que proponen”, comentó el abogado Manuel Gómez Fajardo, director del área de Energía e Industrias Reguladas de la firma Cuatrecasas. Según él, la modificación es “absolutamente inconveniente” para el mercado, pues reduciría el perfil técnico de la Comisión y daría espacio a sectores con intereses particulares.
“En este momento tenemos una CREG cuyos comisionados cumplen con criterios exigentes de experiencia técnica, académica y profesional. Si esta norma se aprueba como está, estaríamos perdiendo independencia”, advirtió.
La mirada en el futuro
Otro punto crucial del proyecto es el pago de la opción tarifaria. En mayo del año pasado, fue el propio presidente Petro quien anunció que el Gobierno asumiría esa deuda, que afecta especialmente a la región Caribe. Luego aclaró que solo lo haría para los estratos bajos, y en marzo de este año, el ministro Palma señaló que se estudiaba un nuevo esquema en el que los estratos 4, 5 y 6, junto con los sectores industrial y comercial, pagarían la deuda en un plazo de hasta diez años.
“No estamos de acuerdo con que se obligue a los usuarios a pagar la opción tarifaria. Cerca del 30 % de los usuarios residenciales en varias regiones ya han saldado su deuda, como los de Bogotá, Cali, Cauca y Chocó”, explicó José Camilo Manzur, presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis).
Según Manzur, si esta medida se aprueba, impondrá una carga adicional a ciertos usuarios y supondrá un incumplimiento de la promesa presidencial. “Creemos que existen alternativas diferentes para asumir este costo. Por ejemplo, podrían utilizarse recursos del Sistema General de Regalías”, propuso.
Otro tema bajo la lupa es el cambio en los subsidios. Actualmente, cerca del 80 % de los hogares colombianos los reciben, pero la propuesta del Gobierno busca focalizarlos únicamente en los estratos 1 y 2, dejando sin apoyo directo a los estratos 3 y 4.
Asocodis advierte que esta medida podría aumentar las tarifas y afectar la competitividad del sector. Por su parte, el Gobierno argumenta que busca un uso más eficiente de los recursos públicos, priorizando a quienes más lo necesitan.
La tesis del Gobierno es sencilla: “El desafío es encontrar un equilibrio entre eficiencia y equidad. No se trata de eliminar los subsidios, sino de garantizar que lleguen a quienes realmente los requieren”.
El Ejecutivo también planea fortalecer los programas de eficiencia energética, promover el uso de tecnologías más limpias y económicas, y mejorar la transparencia en la facturación de los servicios públicos.
Expertos coinciden en que estas medidas podrían reducir el gasto de los hogares y favorecer la sostenibilidad ambiental, pero advierten que será necesario un seguimiento cercano para evitar impactos negativos en la población de menores ingresos.
La reforma busca equilibrar la eficiencia en el gasto público con la equidad social, aunque el debate sobre los subsidios y los ajustes tarifarios continúa siendo un tema sensible en la agenda nacional.
Analistas señalan que los ajustes podrían generar un ahorro significativo para el Estado, pero subrayan la importancia de proteger a los grupos más vulnerables. Por ello, el Gobierno ha diseñado programas complementarios, como subsidios focalizados y proyectos de eficiencia energética, para mitigar posibles efectos adversos.
En síntesis, la reforma pretende equilibrar la eficiencia del gasto público con la equidad social. No obstante, el debate sobre los subsidios y los ajustes tarifarios sigue siendo un asunto sensible en la agenda nacional.
La clave estará en garantizar que los beneficios lleguen a quienes más lo necesitan, sin comprometer la sostenibilidad económica y ambiental.
Con todo este escenario, la situación es compleja para que el proyecto vea la luz. Gonzalo Araujo, cofundador de Orza Relacionamiento Estratégico, lo pone en blanco y negro: “El proyecto aún no inicia trámite. Aunque es políticamente atractivo para congresistas del Gobierno y la oposición, la bancada caribe no le concederá una victoria política, ni al presidente ni a sus aliados, a estas alturas del partido”.
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