Por Carlos Alberto Ospina M.
Una de las grandes trampas de los tiempos modernos consiste en revestir de solemnidad lo ancestral, como si de manera instantánea adquiriera inmunidad moral. Más bien parece un escudo retórico, una licencia política que todo lo permite y, en varias ocasiones, una cortina de humo para evadir los deberes ciudadanos.
Se ha llegado a tal punto que basta invocarla para neutralizar los cuestionamientos sociales respecto de la convivencia y permisividad con diversas organizaciones delincuenciales. Esto permite a específicas comunidades indígenas evadir preguntas incómodas, suspender operativos de las fuerzas de seguridad y aplazar indagaciones judiciales.
Cualquier crítica real es considerada un acto de intolerancia cultural, una expresión de patriarcado o el influjo de una oligarquía que busca anular las reivindicaciones históricas de estos pueblos. La auténtica ancestralidad merece respeto, protección, seguridad, fomento y preservación; el problema reside en que unos dirigentes aprendieron a utilizarla como blindaje frente a sus responsabilidades.
Resulta una simplificación lejana a la realidad asumir que las colectividades nativas constituyen bloques homogéneos, impolutos y ajenos a las contradicciones o a la ambición de poder. Al contrario, las autoridades indígenas coexisten con tensiones, dinámicas de corrupción, disputas internas, intereses económicos y luchas por la legitimidad. Aunque señalar estas situaciones sea tildado de herejía por determinados sectores, negar dicha complejidad no es más que un ejercicio de abierta hipocresía.
Cuando el discurso ancestral se vuelve coartada, prima la victimización y el relato del abandono histórico. Si bien es innegable la ausencia del Estado durante décadas, un asunto muy diferente es convertir esa desidia en una patente imperecedera de absolución y privilegios. Al amparo de la autonomía y las competencias de autogobierno, algunos colectivos territoriales caen en las mismas lógicas clientelistas, de desgreño y descomposición que denuncian de la administración central.
A pesar de las sensibilidades ideológicas, basta con revisar los numerosos expedientes que reposan en la Fiscalía y en los juzgados de distinto orden para identificar a las autoridades indígenas que son objeto de investigaciones, denuncias por abuso sexual a menores de edad y cuestionamientos relacionados con el manejo de tierras y de los recursos de la salud, entre otros hechos.
Más allá de cualquier paternalismo o victimización, es necesario llamar a las cosas por su nombre. No siempre la ley es solo para los de ruana; existen excepciones, como aquellos dirigentes indígenas que manejan cuantiosos recursos públicos, ejercen un control territorial violento y poseen amplias facultades, quienes han gobernado bajo el amparo de la autonomía sin rendir cuentas claras a sus comunidades.
Criticar a una autoridad nativa no significa atacar a un población ni a una región determinada del país. La defensa de las tradiciones exige distinguir entre preservar la memoria colectiva e instrumentalizar los símbolos ancestrales para proteger intereses oportunistas.
En Colombia se volvió costumbre blindar ciertos liderazgos mediante la manipulación del concepto de identidad étnica con inmunidad política. Lo más opuesto a lo ancestral no es la crítica externa, sino el sentido de inmoralidad interna camuflada como resistencia.
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