Enrique Santos Calderón
Vacío de poder y ausencia de autoridad son las sensaciones que han dejado el camión bomba de Cali y el derribo de un helicóptero de la Policía en Antioquia, con un saldo de 18 muertos (entre ellos doce policías) y más de sesenta heridos.
Son los peores actos de violencia en los últimos veinte años que, sumados al asesinato del senador Miguel Uribe, alimentan el temor de que el país pueda regresar a las peores épocas de narcoterrorismo y violencia subversiva de los ochenta y noventa. Los signos son alarmantes, aunque el contexto y las circunstancias son distintas.
Para comenzar, la guerrilla no tiene el control territorial de esos años y estos hechos suceden bajo un gobierno de izquierda, lo que confirma que para los grupos armados poco valen afinidades ideológicas con el Pacto Histórico, ni les importa radicalizar el país hacia salidas autoritarias. Ya Gustavo Petro despojó a las disidencias Farc de estatus político para calificarlas ahora de “organizaciones terroristas y narcoterroristas”, que tendrá que combatir como tales. Veremos cómo lo hace y cómo afina su relación con las Fuerzas Armadas, para responder al clamor de mano dura que sale de una sociedad que ya no tolera más concesiones a quienes siguen empuñando el fusil.
No le ha tocado fácil a Petro, cuyo último año se anuncia tormentoso. En buena parte por su difícil talante personal. Salta de un conflicto al otro, inclusive con sus aliados naturales. Como con la USO, el poderoso sindicato petrolero que se quedó esperándolo en una cita que incumplió. La USO le ha pedido reabrir el debate sobre el fracking, porque la autosuficiencia energética es vital para Colombia. Le solicita además que se discuta “con pragmatismo, evidencias y sin ideologías”. Significativa petición, tratándose del sindicato que años atrás fue el más radical e ideologizado que haya tenido el país.
Por otra parte, con la empresa privada los puentes están rotos. Por primera vez en cincuenta años no asistió un presidente, ni miembro alguno del gobierno, al congreso de los industriales de la Andi. Se dijo que no fue invitado y luego que él mismo advirtió que no lo invitaran. Sea como fuere, tendrán que verse las caras. Mientras estemos en un sistema capitalista, Estado y sector privado tienen que reunirse y hablar cuantas veces sea necesario. Elementary, my dear Watson.
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La democracia colombiana es singular.
El presidente de la República no asiste a una reunión con el sindicato más importante del país porque nadie lo despertó de su siesta. El expresidente líder de la oposición es absuelto de su condena a doce años de arresto domiciliario y al otro día sale al ruedo y arremete contra el jefe del Estado por “cobarde” y “sicario moral”. El ministro de Justicia descalifica al comisionado de Paz por expresar dudas sobre el proyecto de paz del Gobierno. El impresentable y rápidamente removido jefe del gabinete presidencial anuncia que se lanzará entonces a la presidencia, para rescatar a Petro de «las garras de quienes lo tienen secuestrado”. De sus alfiles Benedetti y Laura Sarabia, se deduce, por la forma como los ha cuestionado.
Una democracia singular también por las peleas internas que corroen al primer gobierno de izquierda cuyo presidente no logra controlar, pese a que lo golpean con más contundencia que los ataques de la oposición. Todo lo cual acentúa la sensación de vacío de poder. Al mismo tiempo, voceros de la derecha buscan un referendo para que todo aspirante a la primera magistratura tenga que someterse a exámenes toxicológicos para “evitar que haya gobernantes, borrachos, drogados e impuntuales”, según uno de sus proponentes. Ni Benedetti ni Petro dieron la papaya de sentirse aludidos, pero la iniciativa es signo del tono venenoso que va adquiriendo el debate electoral.
También aparece un comité ciudadano, ya inscrito ante la Registraduría, que pretende convocar un referendo para derogar el acuerdo de paz de 2016. Hasta estos extremos llega la obsesión de la cierta derecha por borrar los logros que han tenido los procesos de paz desde que en 1984 Belisario Betancur anunció en su posesión presidencial que había que hablar con los protagonistas de una violencia política que llevaba más de tres décadas. Los subsiguientes mandatos de Pastrana, Samper, Gaviria y el propio Uribe buscaron lo mismo.
Pretender borrar este pasado histórico sin proponer alternativas ni salidas convincentes hacia el futuro —salvo la de “fuera Petro”— es muestra de la pobreza intelectual y programática de los pregoneros del uribismo. Comenzarán a aparecer seguramente, pero hasta ahora brillan por su ausencia.
P.S.: La bravuconada de Trump de estacionar buques de guerra con cuatro mil marines frente a las costas venezolanas ha sido respondida por la bravuconada de Maduro de movilizar a toda su fuerza militar, a decenas de miles de milicianos e incluso a presos liberados de las cárceles, para defenderse de una posible invasión.
Pero más allá de posturas patrioteras de uno y otro, ofrecer cincuenta millones de dólares por Maduro y designarlo como jefe máximo de un cartel narcoterrorista que amenaza la seguridad de Estados Unidos, como lo hizo Trump, representa un escalamiento de las tensiones que podría sobrepasar lo retórico. Lo que tendría muy reales repercusiones en el orden mundial. ¿Hablarían de esto Putin y Trump en su último encuentro? ¿Hasta dónde el autócrata ruso se la jugaría por el venezolano?
Inevitable recordar la invasión de Panamá en 1989, cuando el dictador Manuel Antonio Noriega, también acusado por Washington de cómplice del narcotráfico, fue depuesto, capturado y llevado a Estados Unidos, donde pagó veinte años de cárcel. Venezuela no es Panamá, ni Noriega es Maduro (aunque el dictador venezolano en algo lo evoca), y un desenlace parecido sería casi inconcebible. Digo casi, porque con Trump nunca se sabe.
