Los Danieles. Los malos honores

Daniel Samper Pizano

Daniel Samper Pizano

A través de una frase diminuta, la Constitución de 1886, que rigió a Colombia durante más de un siglo, incluyó la siguiente atribución del Congreso: “Decretar honores públicos a los ciudadanos que hayan prestado grandes servicios a la Patria” (Art. 76/Núm. 19). Total, catorce palabras.
Mucho han cambiado el país y el mundo y la propia Constitución fue reemplazada en 1991 por la vigente. Pero aquella norma sigue casi idéntica. Solo perdió dos adjetivos innecesarios. Ahora son doce palabras (150/15).

Parece poca su trascendencia, y lo es aún menos si consideramos que, como lo sabe todo primíparo de Derecho, la naturaleza de las leyes de honores se aparta del espíritu de las que afectan jurídicamente situaciones “de carácter general y abstracto”. Consagrar piropos a los buenos ciudadanos es una actividad particular y concreta, típica de los actos de la Administración, no del Parlamento. 

Tanta solemnidad obliga a meditar por qué solo se permite tributar lisonjas específicas en el Capitolio con asistencia comprobada y votación mayoritaria. Presumo que, en su sabiduría, los legisladores conocían de sobra la capacidad de lagartería y sectarismo de muchos colombianos. Por eso juzgaron indispensable proteger las finanzas públicas, a menudo asaltadas en estos homenajes, y espantar a los oportunistas que, de no mediar una muralla de debates y votaciones parlamentarias, asediarían ministerios y alcaldías en pos de diplomas y medallas. 

Considerado lo anterior, llama la atención que Gustavo Petro haya montado un podio doméstico de honores, y uno se pregunta si es legal que el jefe del Estado invente atajos adversos al espíritu de la Constitución. Entre los varones ilustres de la galería figuran antiguos guerrilleros, y desde la orilla opuesta se exige a la Colombia inclusiva que abra cupos para exmilitares procesados, paracos y bandoleros. Algunos narcos aspirarán pronto a ser “agentes de paz” e inquilinos de la vitrina presidencial.

Para ser fiel a los deseos de los ciudadanos, el muñequero debería prohibir la presencia en él de todo colombiano que haya disparado o dado orden de disparar sobre un compatriota. Este sería un verdadero homenaje a la paz.

Pero si la Constitución ha sembrado de dificultades el camino que sube al monte de los honores, debería ser aún más espinoso el descenso al infierno de los desbarrancados.

Casi todo el país —incluso sectores indiferentes y no taurinos— lleva más de una semana asombrado por el derribo grosero en Duitama de una estatua en homenaje a César Rincón. El maestro bogotano es protagonista de la edificante historia de un chino recogedor de cartones que triunfa como torero. Ya que el pueblo colombiano tiene pocas vías de progreso y ascenso, César optó desde niño por jugarse la vida en los cuernos de este hermoso animal, hoy condenado en Colombia a morir a golpes de maza y cuchilladas en mataderos siniestros. Gracias a su valor, fue el espada más importante del mundo, hazaña con la que el pueblo se identifica. Qué país este. Primero, le da la pobreza por todo capital. Y cuando la supera con honestidad y valor, lo espera para revolcarlo. (Recomiendo al respecto un video de Salud Hernández en Semana. ¡Y para que yo recomiende algo de Salud…!). 

Se equivocaron quienes, tras lograr la ilegalización del toreo y dejar sin empleo a miles de trabajadores, pretendían seguir ordeñando electoralmente la res.

El espectacular derribo de la estatua de Rincón —en la que no aparece toro alguno: solo él y quienes lo alzan en hombros— estaba destinado a ser un certamen propagandístico desde el coso taurino del municipio boyacense, a doscientos kilómetros de Bogotá. El 26 de junio se citaron allí tres alegres compadres: el alcalde del lugar, José Luis Bohórquez; la autora de la ley antitaurina, Esmeralda Hernández, y el director de Prosperidad Social del gobierno, Gustavo Bolívar. No los unía la casualidad sino la política. Se proponían, en compañía de un camarógrafo, descuartizar y tumbar la estatua. La consigna era, según su propia expresión, ofrecer un buen show, por lo que convenía grabar la caída y luego el monumento hecho trizas en el suelo.

Todo olía mal, todo hedía. Un ciudadano anónimo captó el dialogo previo (ver video). En él, Bolívar sospecha que el desplome puede parecer “muy agresivo”. Pero como las redes necesitan tantica violencia para llamar la atención, se procede a la demolición con picas, lazos y jaladores. El grito de “¡Que viva el alcalde José Luis!”, proferido por un sacamicas municipal, cierra el espectáculo. 

De izquierda a derecha, el alcalde Bohórquez, la senadora Hernández y Gustavo Bolivar.

La imagen quiso ser triunfal y resultó indignante. Más que un alcalde elegantoso, un hada de los animales y un escritor sensible, vimos a tres políticos en plan de conseguir votos. Las disculpas inventadas a toro pasao por temor al escándalo resultan risibles: “No tengo nada que ver con este asunto” (Bolívar); “Bienvenido César Rincón; queremos conservar la memoria de la tauromaquia” (Esmeralda Hernández). No nos crean tan pendejos, sumercé.

Ahora, liquidada la estatua, dizque van a montar en la plaza unas maravillas que podrían haberlas hecho allí mismo desde hace tiempos. Demagogia pura. No se requería aplastar la imagen de Rincón para ello. Aclaren primero quién pagó la fiesta destructiva y con qué plata. ¿Los contribuyentes boyacenses? ¿La aprobó el Concejo? ¿Serían tan amables la Fiscalía o la Contraloría de averiguarlo? 

Si dispensar un honor merece un debate en el Congreso, derribar símbolos aceptados merecería tres. “Turbas, multitudes o protestas han echado a tierra muchos monumentos en los últimos tiempos”, dice David Blight, historiador gringo experto en iconoclasia política (destrucción de imágenes). Y agrega: “Hay que crear algún proceso deliberativo, sea en la legislatura, en un cabildo o en un grupo de trabajo. Deberían acordarse principios para eliminar, mantener y contextualizar la decisión final”.

Nada de esto se tuvo en cuenta para montar en la casa presidencial un bazar que apesta a pólvora. Tampoco para destruir el recuerdo de un compatriota que aprestigió al nombre de Colombia cuando violentos y narcos pintaban una imagen afrentosa del país.

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