Ana Bejarano Ricaurte
“Décimo mandamiento: Ama a tu profesión. Trata de considerar la abogacía de tal manera que el día en que tu hija te pida consejo sobre su destino consideres un honor para ti proponerle que se haga abogada”.
Eduardo J. Couture.
Uno de los bulos que deja este periodo electoral es la triste idea de que la abogacía es una profesión que sirve para justificar cualquier cosa. Es una confusión entre el derecho universal a la defensa y la ética profesional de los juristas; un sofisma peligroso que tiene consecuencias gravosas para quienes ejercemos y amamos a esa profesión, pero también para el tejido social que depende de ese trabajo, que no es poco.
Claro que nuestra Constitución consagra el derecho universal a defenderse. Eso quiere decir que cualquier persona que enfrente un juicio tiene derecho a una defensa técnica. En la justicia colombiana casi todos los procedimientos requieren de un abogado para su tramitación y ello se explica por la imperiosa necesidad de que los ciudadanos comprendan las formas de los juicios y puedan transitar por los recovecos judiciales para representar sus intereses.
Tan fundamental y necesario es el derecho a la defensa que el Estado provee (por lo menos en el papel) un sistema de defensoría pública para que nadie deba enfrentar un juicio penal sin acceso a un abogado. En ese sentido, como en tantos otros, la profesión jurídica resulta fundamental para el adecuado funcionar de las formas institucionales.
A los abogados penalistas, en razón de su especialidad, se les suele reprochar por su labor de defender criminales, o presuntos criminales para ser más precisa. Ese trabajo es importante para el sistema democrático en Colombia, porque es el que nos garantiza que la máxima sanción que imponemos en nuestra comunidad política —encerrar a alguien entre rejas— ocurre solo cuando se le ha garantizado el derecho a esa persona a defenderse cabalmente.
Nada de eso se relaciona con la ética profesional de los abogados y abogadas. La historia de nuestra justicia está llena de penalistas probos y trabajadores, que, a pesar de esa difícil labor, no han sucumbido ante los poderes oscuros de la criminalidad en Colombia.
La garantía del derecho a la defensa no implica que los abogados penalistas estén obligados a defender a cualquier hampón que se los proponga. La selección de los clientes y las causas es un hecho diciente sobre la concepción que un profesional del derecho tiene sobre la vida y el oficio.
Pasarse la carrera defendiendo paramilitares, mafiosos, ladrones, asesinos y corruptos es una elección de vida, no es una obligación que viene atada a la tarjeta profesional. Claro que la ética tiene que ver con el derecho y es posible ejercerlo, incluso como penalista, de manera decente. La fama y el prestigio son cosas muy diferentes.
Cuando una persona comete crímenes horribles que amenazan el orden comunitario, es normal que parte de las sanciones sociales que enfrente sea la dificultad para conseguir abogado. Aquellos que le brindan asistencia en muchas ocasiones terminan recibiendo dinero sucio —algunos incluso se lo roban— y por esa vía oscurecen sus propias vidas. Y también por eso tenemos derecho a auscultarlos.
Claro que es posible cuestionar la decisión de defender a un paramilitar que ha masacrado pueblos enteros. Mucho más cuando esa defensa le permite al abogado enriquecerse grotescamente. También es válido criticar el ejercicio pobre y ostentoso de la profesión; a los litigantes que se la pasan hablando de sí mismos, pero casi nunca ganan. El buen abogado habla a través de su trabajo y ello no se reduce a las victorias que consiga, sino a cómo se comporta ante los jueces o si es capaz de tomarse un tinto con el adversario después de que lo ha vencido.
No es cierto que parte de nuestra labor profesional sea acompañar a cualquiera a juicio. Esas visiones acaban promoviendo una concepción egoísta de la profesión jurídica, como si fuera una dedicación que sirve primordialmente para hacer plata. Una miopía y ausencia de empatía que olvida que es también gracias a ese trabajo que muchos pueden o no acceder al ejercicio de sus derechos.
La nueva onda de que el trabajo de abogado excusa cualquier porquería es la que ignora que del correcto ejercicio de esta profesión depende la sanidad de muchas relaciones sociales e institucionales. Colombia es un país con exceso de abogados: al finalizar 2024 contábamos 786 juristas por cada 100.000 habitantes, uno de los índices más altos del mundo. Es el ejercicio del derecho al trabajo para unos, pero una actividad de alta trascendencia social para el resto. De ahí la megalomanía de tanto jurista.
No es normal contar con decenas de procesos disciplinarios en virtud del ejercicio profesional, ni con quejas de todo tipo de clientes que alegan que los robaron o abandonaron o ambas.
Las nuevas generaciones de estudiantes que se preparan ahora para ser abogados y abogadas deberán resistirse a las ideas podridas que se venden en estos días de campaña y que los invitan a pensar que la tarjeta profesional aguanta para todo. Ojalá entiendan que abogar por otros es ante todo un privilegio y no una gabela para ser famoso o enriquecerse.
El adecuado cuidado de ese privilegio pende del trabajo constante y silencioso; de la lealtad con los clientes y con el sistema; del respeto a los jueces y sus instituciones; de la conservación de valores y del carácter que les permita defenderlos. No se dejen convencer de cualquier mercachifle que crea que usar sastres costosos es sinónimo de ser un buen abogado. Sí existen maneras decentes de ejercer nuestra hermosa y valiosa profesión y corresponde a todos nosotros preservarlas en el tiempo.
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