Los Danieles. Deudas constitucionales

Ana Bejarano Ricaurte

Ana Bejarano Ricaurte

El cataclismo provocado por Gustavo Petro a su propio gobierno la semana pasada con el anuncio de que busca convocar una Asamblea Nacional Constituyente no se detiene. Petro y su legión de traductores intentaron suavizar la propuesta al explicar que no querían cambiar la Constitución sino hacerla cumplir. Para empezar, se trata de una desinformación grosera que alarma viniendo del presidente de la República, porque se convoca al constituyente primario —el pueblo— precisa y específicamente para cambiar la Constitución. 

En todo caso, tiene razón Petro en que muchas promesas de la Constitución del 91 no se han materializado. Es más, frente a varios asuntos ha pasado casi lo contrario de lo que se planeó en ese entonces. Esta insatisfacción con la ejecución práctica de la carta no existe desde que Petro es presidente. No es el rechazo a las reformas que Petro quiere embutirle al país por la garganta la prueba fehaciente de que la Constitución de hace 32 años fracasó. 

Primero, no es cierto que sea un texto constitucional fallido. Aunque aún en proceso, lo que dispusieron los constituyentes del 91 sí transformó al país. Entre muchos otros aciertos que sí salieron bien —o por lo menos ahí van— están la creación de la acción de tutela y la Corte Constitucional, la intención de reconocer libertades individuales, la reivindicación de grupos indígenas, afro y en general de los históricamente discriminados y olvidados, la remodelación de la arquitectura estatal. 

Pero incluso concentrándonos en todas sus ausencias, los motivos que explican la inaplicación de la Constitución de 1991 no se encuentran en su texto. Precisamente ahí está impresa la estructura del Estado social de derecho que busca concretar una forma constitucional que no se quede en el papel; que entiende que los derechos, reformas y avances contenidos en su texto no son suficientes como simples consagraciones formales, sino que debe satisfacerlas en la realidad. 

La Constitución del 91 no se cumple porque a Colombia la gobiernan los oligopolios, los señores poderosos que representan conglomerados económicos voraces y egoístas; porque acá la gasolina con la que anda cada centímetro del Estado es la corrupción rampante, aceptada, descarada, la que le quita la leche a los niños pobres del Chocó, la que se diversifica en formas alegres de clientelismo, amiguismo y tráficos de influencias; porque para ser presidente o concejal de cualquier municipio hay que comprar votos; porque en los altos cargos del Estado se nombra primordialmente a los amigos, parientes y lagartos que viven de calentar las sillas públicas sin saber lo que hacen; porque las políticas públicas y pliegos de condiciones se diseñan como regalo para el amigo y no pensando en las necesidades de la gente. 

Señor presidente, el problema que tenemos para hacer cumplir la Carta del 91 es la manera asquerosa en que se ejerce el poder en Colombia, la misma que usted también ha privilegiado porque cree que los escándalos de corrupción que rodean a su gobierno son solo accidentes necesarios para operar la máquina estatal que le permitirá cumplir las profecías petristas que todo lo salvará. No, la corrupción y la idea de que no hay nada que nos pertenezca a todos, de que no hay recursos, espacios ni valores públicos, es lo que tiene enferma a la carta del 91 y usted, como varios de sus antecesores, han contribuido a esa dolencia. No es un simple tema de forma: es la razón de este desastre. 

Eso, aupado por la absurda guerra mundial contra las drogas que pega con especial fuerza devastadora en este país, en donde la plata mafiosa de quienes trafican ha servido para alimentar el conflicto armado, la guerra, la toma de las instituciones, la desigualdad y así. 

Se suman otros fenómenos complejos y profundos como el capitalismo rampante, el patriarcado, el racismo estructural que podrían explicar por qué tenemos tantas promesas pendientes, pero la solución no está en cambiar el texto constitucional. Creo que Petro lo sabe —aunque en este punto es difícil entender qué piensa o siente realmente el presidente—, pero le parece un buen slogan. Aunque el sofisma mediocre de que quiere cambiar la Constitución para hacerla cumplir no convence, le sirve para empujar su nueva locura. 

En entrevista con El Tiempo dijo: “yo soy un poder constituido, no soy el poder constituyente. No es un problema de mayorías, es un problema de fuerza popular. Es el pueblo decidiendo, el momento constituyente es siempre. Si el pueblo decide, el poder constituido tiene que aceptar, no lo puede desconocer. El poder constituido es subordinado”. Aterra el argumento según el cual él es el enviado del pueblo y solo hará lo que él le ordene, porque ese disfraz le servirá para justificar cualquier arbitrariedad. Un pueblo que, si de verdad escuchara, le pediría a gritos que no pusiera en riesgo la Constitución del 91 y se dedicara a cumplirla y a gobernar. 

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