Por Jaime Burgos Martínez*
El 9 de junio de 2022, en Santiago de Chile, se instituyó la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, promovida por la Real Academia Española (RAE), con el fin de fomentar el lenguaje claro y accesible, con una lengua transparente en sus descripciones gramaticales, como fundamento de los valores democráticos y de ciudadanía, en defensa de una cabal comprensión de leyes y normas básicas reguladoras de la convivencia social.
Y con este propósito, la Real Academia Española (RAE) y la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) publicaron el año pasado la Guía panhispánica de lenguaje claro y accesible, para lograr superar el desafío que implica un lenguaje carente de la oscuridad o turbiedad de los textos jurídicos y administrativos, que perjudica a los ciudadanos de un país, como sucede en el nuestro. De ahí que, en la Presentación de la obra (p. 17), se afirme que se «reivindica un nuevo derecho: el derecho a comprender».
De hecho, en esta nación hace falta no solo en el ámbito jurídico sino también en otros la claridad en la manera de expresarse por escrito o verbalmente. Así que la mayoría de las leyes o actos administrativos que se expiden casi siempre están cargados de ambigüedad, que no se sabe si ello se hace de manera intencional o por falta de conocimientos de técnica legislativa, que niegan la interpretación coherente de una disposición, regla o precepto legal reglamentario.
En otros terrenos, por ejemplo, el político, campea la falacia (argumentaciones psicológicamente persuasivas pero incorrectas), así como la repetición de términos, de forma deliberada, para producir un efecto determinado, sazonados con embustes, engaños e invenciones: concatenación, tendenciosa y sesgada. Por eso se requiere un lenguaje claro como un derecho de los ciudadanos y una obligación que incumbe a los actores políticos, culturales, sociales, económicos, etc. de nuestra sociedad colombiana, que, desgraciadamente, se encuentra entre dos ideas o actitudes contrapuestas: un Gobierno nacional falto de gobernabilidad, hambriento de poder y corrupción, y una oposición dividida (donde prevalecen la ceguera y los intereses particulares), que no habla claro y no ofrece soluciones en un futuro cercano. Es el peor de los mundos. ¿Para dónde va esto? No se sabe…, quizá, lo más seguro, ¡barranco abajo!
De ahí que ―en resumen― sea razonable lo que expresa el presidente de la Academia Real Española, Santiago Muñoz Machado, en su obra Fundamentos del lenguaje claro(2024:96-97), «…Más allá de las normas, la claridad de la comunicación es en la actualidad un principio que disciplina a la sociedad entera, una exigencia de los valores democráticos del derecho de participación en los asuntos públicos o una consecuencia de la libertad de información…Sin normas claras no es posible la participación democrática ni el acceso incondicionado a los derechos y obligaciones que ellas establecen para el correcto e igualitario desarrollo de una convivencia participativa».
*Jaime Burgos Martínez
Abogado, especialista en derechos administrativo y disciplinario.
Bogotá, D. C., mayo de 2025
