Las verdades de Salvatore Mancuso

La JEP, las víctimas y Mancuso acusando a la clase "dirigente" que apoyó el paramilitarismo.

Por: Patricia Lara Salive

En cuatro audiencias que suman casi 28 horas de testimonio, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso hizo ante la JEP graves revelaciones que han causado revuelo en el país, porque involucran a sectores importantes de las Fuerzas Armadas, de la Policía, de la clase política, de los empresarios y de la Fiscalía. Sin embargo, lo más grave de lo dicho por Mancuso está por conocerse, porque por razones de su seguridad y de la de los implicados por él, el exjefe de las autodefensas prefirió revelarlo en audiencias privadas.

Según la JEP, estas son las principales revelaciones hechas hasta ahora, públicamente, por el líder paramilitar:

En el primer día de audiencia, en el que Mancuso habló de que las Convivir fueron una fachada del accionar paramilitar, relató cómo ellas se usaron como un instrumento “valioso” en el fortalecimiento de las AUC; mencionó nombres de integrantes de la fuerza pública, de la Policía Nacional, del Ejército, y de las élites política y empresarial que tuvieron relación directa con los paramilitares a través de las Convivir; ratificó que las Convivir sirvieron como estrategia y mediación, a modo de bisagra, entre la legalidad y la ilegalidad; explicó cómo el discurso de las autodefensas generaba reticencias entre la población, pero con las Convivir era más fácil convencer a la gente y generar apoyo; contó cómo él fue reclutado como guía e informante por parte del mayor Walter Doménico Frattini, cuando le pidió ayuda al Ejército por las extorsiones que recibía de la guerrilla; subrayó que a través de las Convivir tuvo acceso a entrenamiento militar; mencionó varias empresas que financiaron y colaboraron con las estructuras paramilitares a través de las Convivir cobrando impuestos; habló de la coordinación que tuvieron con la fuerza pública para ingresar armas al país por el puerto de Urabá, de manera legal e ilegal, a través de las Convivir, y de cómo él mismo fue a recoger esas armas a Indumil en Bogotá; mencionó cómo algunas élites políticas se acercaron a pedir la creación de nuevas estructuras; y aceptó que había afectado a la población étnica y despojado de tierras a comunidades indígenas como los emberá katío, emberá chamí y el pueblo zenú.

En el segundo día de audiencia, Mancuso habló de las prácticas criminales y de las operaciones conjuntas que hacía entre paramilitares y fuerza pública; puntualizó que fueron múltiples las ocasiones en que planeó y ejecutó operaciones de manera conjunta con miembros de diferentes brigadas y batallones, bajo el conocimiento de varios altos mandos de la fuerza pública, tanto de la Policía como del Ejército; se refirió a la coordinación que hacían en objetivos y estrategias, así como también al intercambio de resultados operacionales como bajas en combate e intercambio de armamento; afirmó que “la Justicia Penal Militar encubría todas estas operaciones que se hacían con las autodefensas (y) hacían todo lo que estuviera a su alcance para desvirtuar las acusaciones que se hicieran”; y reveló que hubo presiones por parte de altos mandos militares para que desaparecieran cuerpos de víctimas en Norte de Santander, y eso llevó tanto al uso de hornos para incinerar cuerpos como a la inhumación de cuerpos en territorio venezolano, algo que antes no se conocía.

En el tercer día de audiencia, Mancuso se refirió a las alianzas que se hacían entre funcionarios, civiles, paramilitares y fuerza pública; habló sobre su influencia en la cooptación de la administración pública en Córdoba a partir de alianzas de todo tipo; de cómo cooptaron personerías, alcaldías, gobernaciones e instituciones de salud; de la influencia que ejercían sobre funcionarios judiciales y de la manipulación que hacían de los expedientes; reconoció que «en el año 2002 las autodefensas intervinieron de manera directa en elecciones al Congreso y en elecciones de presidencia y que también apoyaron las elecciones de Horacio Serpa, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe”; se refirió a las razones por las que fueron perseguidos y asesinados políticos cordobeses; habló de la persecución y el asesinato de periodistas y defensores de derechos humanos; mencionó cómo el exdirector del extinto DAS José Miguel Narváez señalaba a abogados y defensores de derechos humanos para que fueran declarados objetivo militar por parte de las autodefensas; dijo que Carlos Castaño prefirió no asesinar a Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas, por las repercusiones que ello tendría; y se refirió a hechos como el asesinato del alcalde de El Roble, Eudaldo León Díaz, de Jaime Garzón, y de Jesús María Valle, entre otros.

Y en el cuarto día de audiencia Mancuso habló de la información que les suministraba el DAS con fines contrainsurgentes; se refirió a la relación que tenían con el DAS, la cual se remontaba a 1988 y se consolidó después del nombramiento de Jorge Noguera y de José Miguel Narváez en ese organismo; explicó cómo los insumos del DAS eran listados con nombres de personas que eran declarados objetivo militar; dijo que en la ejecución de algunos de esos asesinatos participaron los Tangueros y redes urbanas paramilitares; habló de la íntima relación de Fidel Castaño con el capitán Humberto Victoria, quien era el enlace entre fuerza pública, DAS y paramilitares; confirmó la persecución y asesinato de varios profesores de la Universidad de Córdoba, entre los cuales mencionó a José Antonio Alzate, Misael Díaz Ursola, William Aguirre, Hugo Iguarán, René Cabrales Sosa, Claudio Manuel Pérez, Álvaro Taborda, Javier Galarcio Polo; afirmó que el DAS hacía interceptaciones ilegales a petición de los paramilitares; habló de cómo agentes del DAS transportaron en vehículos estatales a paramilitares, no solo en Córdoba sino en diferentes departamentos como Norte de Santander; mencionó a Jorge Enrique Díaz como pieza clave de la relación entre el DAS y los paramilitares en Norte de Santander; dijo que en un principio Carlos Castaño era quien tenía la relación directa con los directores nacionales y regionales del DAS, pero que luego, él asumió esa tarea; mencionó como principales enlaces entre DAS, fuerza pública y paramilitares a Emilio Vence Zabaleta, el coronel Rafel Orozco y Rómulo Betancourt; dijo que el actual canciller, Álvaro Leyva, el presidente, Gustavo Petro, y la senadora Piedad Córdoba estuvieron en los listados del DAS, elaborados por José Miguel Narváez, por ser líderes de la izquierda a quienes “se debía eliminar”; confirmó la manipulación y eliminación de antecedentes a paramilitares con colaboración del DAS y la Fiscalía; mencionó que solicitaban el traslado de funcionarios del DAS para fines estratégicos en distintas regiones del país; habló de la conciencia que existía de la estigmatización que les hacían a líderes sindicales, profesores, estudiantes y políticos de Córdoba, quienes fueron perseguidos y asesinados por sus posturas ideológicas; y se refirió a la estigmatización de comunidades étnicas y de personas con identidad de género diversa en función del control social que impusieron en la región.

En contexto: ¿Qué dijo Mancuso del asesinato de la fiscal Paternina en la JEP?

¿Ahora qué sigue?
Mancuso dispone de un mes para precisar más su testimonio ante la JEP o dar información adicional.

Según la JEP, esta Audiencia Única de Verdad de Salvatore Mancuso es una oportunidad única para que “un actor que no pertenece a los dos grupos de comparecientes forzosos de la JEP (que son los excombatientes de las Farc-EP y miembros de la fuerza pública) pueda ingresar a la JEP bajo la figura de sujeto incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública, es decir, una bisagra, un miembro de facto de las fuerzas del Estado”.

Después de esta audiencia, la subsala especial de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas contrastará y evaluará todo lo dicho por Mancuso para decidir sobre su sometimiento a la JEP. Pero también tendrá en cuenta la actitud y aptitud de Mancuso, es decir, si muestra voluntad de seguir aportando verdad y pruebas de lo que diga una vez ingrese a la Jurisdicción.

No obstante, hay que aclarar que, en esta audiencia que acaba de pasar, la JEP no pretende establecer responsabilidades ni juzgar a Mancuso. Se trata apenas de un trámite para evaluar la posibilidad de que Mancuso, en particular, ingrese a la JEP. Si fuera aceptado, será la Sala de Reconocimiento la que tendrá que citar a versión a Mancuso las veces que sea necesario para que haga más aportes de verdad y, eventualmente, sea imputado.

La JEP hace énfasis en que “esta audiencia, como las tres de reconocimiento que hubo el año pasado, es, sin lugar a duda, una contribución a la catarsis que debe hacer la sociedad colombiana toda sobre los horrores del conflicto armado”.

Publicado en Cambio Colombia.

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