Un jurado federal de Miami condenó ayer al ex Contralor General de Ecuador Carlos Ramón Polit Faggioni, por su papel en un plan multimillonario de soborno internacional y lavado de dinero, informó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
En comunicado oficial explicó que según documentos judiciales y pruebas presentadas en el juicio, «entre 2010 y 2015, Polit Faggioni, de 73 años, solicitó y recibió más de 10 millones de dólares en pagos de sobornos de Odebrecht S.A., el conglomerado de construcción con sede en Brasil.»
Polit, en su cargo de Contralor General del Ecuador, era responsable de proteger los fondos públicos contra el fraude y erradicar la corrupción. En cambio, Polit aceptó sobornos de Odebrecht para eliminar las sanciones y no imponer multas a los proyectos de Odebrecht en Ecuador.
Además, alrededor de 2015, Polit recibió un soborno de un empresario ecuatoriano a cambio de ayudarlo a obtener ciertos contratos con la compañía de seguros estatal de Ecuador.
“Como Contralor General del Ecuador, a Carlos Ramón Polit Faggioni se le encomendó proteger al pueblo del Ecuador del mal uso de los fondos públicos. En cambio, Polit abusó de su posición como funcionario público al solicitar y embolsarse más de $10 millones en sobornos y luego lavar los fondos ilícitos en Miami”, dijo la Fiscal General Adjunta Principal Nicole M. Argentieri, jefa de la División Penal del Departamento de Justicia.
«La División Penal está comprometida a garantizar que Estados Unidos no sea un refugio seguro para los fondos ilícitos de funcionarios corruptos».
«Este veredicto es un recordatorio del firme compromiso de nuestra oficina de investigar y procesar a funcionarios extranjeros corruptos que traen sus fondos obtenidos criminalmente al sur de Florida para comprar bienes raíces», dijo el Fiscal Federal Markenzy Lapointe para el Distrito Sur de Florida.
Desde 2010 o alrededor de esa fecha y hasta al menos 2017, bajo la dirección de Polit, otro miembro de la conspiración hizo que las ganancias del plan de sobornos de Polit «desaparecieran» mediante el uso de empresas de Florida registradas a nombre de amigos y asociados, a menudo sin conocimiento de los asociados.
Los conspiradores también utilizaron fondos del plan de sobornos de Polit para comprar y renovar bienes raíces en Florida. “Esta condena demuestra que a pesar de su riqueza, título o influencia, nadie está por encima de la ley”, dijo el agente especial a cargo Anthony Salisbury de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) Miami.
«HSI y sus socios en el Grupo de Trabajo sobre Delitos Financieros de El Dorado continuarán persiguiendo a funcionarios extranjeros corruptos que utilizan sus puestos oficiales para su propio beneficio ilícito».
El jurado condenó a Polit por un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, tres cargos de lavado de dinero encubierto y dos cargos de participar en transacciones con propiedad obtenida de forma delictiva.
Se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo de lavado de dinero y conspiración para cometer lavado de dinero y a una pena máxima de 10 años de prisión por cada cargo de participar en transacciones con bienes obtenidos de forma delictiva.
Aún no se ha fijado una fecha para la sentencia.
Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
Odebrecht S.A. se declaró culpable en diciembre de 2016 en el Distrito Este de Nueva York de conspirar para violar las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) en relación con un plan más amplio para pagar casi 800 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos en 12 países, incluido Ecuador.
La oficina local de HSI en Miami investigó este caso. El Equipo Internacional contra la Corrupción del FBI investigó el caso Odebrecht y brindó asistencia sustancial en este caso. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó una asistencia sustancial.
El Departamento de Justicia también agradece la asistencia de las autoridades policiales de Ecuador, Brasil, Panamá y Curazao con la investigación. La abogada litigante Jil Simon y el jefe adjunto Alexander Kramer de la Sección de Fraude de la División Penal y el fiscal federal adjunto Michael N. Berger para el Distrito Sur de Florida están procesando el caso. El fiscal federal adjunto Marx P. Calderón para el Distrito Sur de Florida está a cargo del decomiso de activos. La Sección de Fraude es responsable de investigar y procesar asuntos de la FCPA y la Ley de Prevención de la Extorsión en el Extranjero (FEPA).
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