Estados Unidos y Colombia fortalecen acciones para combatir la trata de personas, la explotación sexual infantil y el reclutamiento de niños por parte de grupos armados

Una reunión bilateral sostuvo la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, con la embajadora especial para monitorear y combatir la trata de personas del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Cindy Dyer, con el objetivo de fortalecer la cooperación para enfrentar este delito que amenaza a la niñez y la adolescencia en el país.

El Departamento de Estado informó oficialmente que los Estados Unidos fortalecerá la alianza con Colombia y pidió al gobierno colombiano priorizar el proceso penal de estos delitos y que las condenas a los responsables sean adecuadas a la magnitud del daño causado.

La embajadora itinerante para el Seguimiento y el Combate a la Trata de Personas, Cindy Dyer; la viceministra para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Lilia Solano Ramírez y la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Eliana Cáceres Cárdenas, convocaron al primer Diálogo Anual de la Alianza de Cooperación para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Child Protection Compact, CPC) el 18 y 19 de septiembre de 2023.

La Alianza CPC es un plan plurianual formulado en forma conjunta y suscripto por ambos gobiernos en abril de 2022 para fortalecer la capacidad del Gobierno de Colombia de erradicar la trata de niños, niñas y adolescentes y atender las necesidades de las víctimas infantiles y de los niños, niñas y adolescentes que están en riesgo frente a este delito. Hasta el momento, el Gobierno de Estados Unidos ha invertido casi USD 10 millones en asistencia exterior a través de proyectos y actividades ejecutados por socios de implementación de la sociedad civil de Colombia, y el gobierno colombiano ha destinado personal y contribuciones en especie para lograr los objetivos de la Alianza CPC.

Entre los participantes en el diálogo se incluyeron actores gubernamentales interesados en abordar la trata de niños, niñas y adolescentes, incluido su reclutamiento forzoso o su uso en grupos armados ilegales. A ellos se unieron representantes de los siguientes socios de implementación de CPC de la sociedad civil: American Bar Association-Rule of Law Initiative (ABA-ROLI), Fundación Renacer y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (Pan American Development Foundation, PADF). También estuvo presente la institución de investigación NORC, que está llevando a cabo un estudio de investigación integral para contribuir a definir el diseño de proyectos para los socios de implementación de CPC y el gobierno colombiano.

El Diálogo reflexionó sobre los avances logrados durante el primer año de la Alianza CPC. Los participantes conversaron sobre las actividades en curso y señalaron los progresos, así como los desafíos imprevistos que se interponen a su realización. Los participantes también debatieron sobre los indicadores de desempeño en materia de CPC y sus metas, conforme se identificaron en el Plan de Implementación entre EE. UU. y Colombia. Estos indicadores sirven como parámetros de referencia para asegurar el impacto a largo plazo y la sostenibilidad de las actividades que se realizan en el marco de la Alianza.

Con el objeto de complementar el intercambio durante el Diálogo sobre CPC, de dos días de duración, el Gobierno de Colombia, en coordinación con socios de implementación de la sociedad civil, compiló un informe anual sobre la Alianza CPC. Este informe resume los avances conseguidos en el logro de los objetivos de la Alianza, las recomendaciones para una mayor asistencia, las áreas en las que hay margen para mejoras, los esfuerzos de sostenibilidad y datos sobre los indicadores de desempeño de CPC utilizados para medir el progreso.

En su discurso de apertura, la embajadora itinerante Dyer señaló que la Alianza CPC brinda la oportunidad de que ambos gobiernos se sirvan de la vasta experiencia que tienen los socios implementadores de la sociedad civil en Colombia, así como para que haya un mayor intercambio de información y colaboración en un esfuerzo unificado contra la trata de niños y niñas. También alentó a las autoridades colombianas a apoyarse en el trabajo de la Alianza CPC, priorizar el procesamiento penal de los delitos de trata y procurar que se impongan sanciones adecuadas a los responsables de trata que resulten condenados, incluidos quienes participan en trata con fines laborales y los funcionarios que son cómplices.

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