Editorial
El Gobierno ha anunciado que, terminado el periodo de audiencia pública, va a reanudarse el trámite de la ley integral contra la trata de personas. Fue esta una de las leyes cuyo proceso decayó con la convocatoria de elecciones anticipadas, hace casi un año. El horror de la situación que la nueva norma busca resolver se manifiesta en las cifras publicadas esta semana por el Ministerio del Interior. Solo en 2023, 80 grupos y organizaciones criminales fueron desarticulados en 196 operaciones policiales. 575 personas fueron detenidas. Esta actuación policial llevó a la liberación de 654 personas, en su inmensa mayoría mujeres. Las fuerzas de seguridad han podido demostrar que 284 de ellas habían llegado a España por intermedio de redes de trata, sobre todo desde Colombia, Venezuela y Paraguay.
La ley integral busca una forma de garantizar que el Estado tenga las herramientas necesarias para combatir a un crimen organizado que, gracias a los avances tecnológicos, ha perfeccionado las formas de captar, trasladar y retener a sus víctimas. La prostitución ha dejado las calles y los burdeles, asustada por la presión policial y la pandemia del coronavirus, y se ha refugiado en domicilios particulares o incluso en las redes, donde es más difícil de controlar y vigilar.
Pero, sobre todo, lo que la ley busca es una respuesta coordinada de los poderes públicos a lo que es, además de un delito, una situación trágica para las víctimas. La mayoría de las víctimas de trata y explotación en España son extranjeras, muchas veces en situación administrativa irregular y, en ocasiones, con hijos o familia a su cargo en los países de origen. Estos, en muchos casos, dependen de los escasos ingresos que los explotadores dejan a las víctimas para poder vivir. La actuación del Estado no puede por tanto quedarse en las operaciones policiales. Ha de tener en cuenta la sensibilidad de las víctimas ante el horror de las situaciones vividas y responder a su miedo: miedo al futuro, miedo a las autoridades, miedo a lo que pueda pasar con sus familias y amigos en el país que dejaron atrás. Todo esto debe estar en la ley que finalmente aprueben las Cortes.
No habrá sin embargo respuesta integral sin la participación de los países de procedencia de las personas explotadas. Autoridades como la Defensoría del Pueblo de Colombia o la fiscalía paraguaya han lamentado en el último año la inacción de sus poderes públicos ante la trata, que afecta a cientos de sus ciudadanas. Puede argumentarse que no es sino uno de los muchos frentes que estos Gobiernos deben cubrir, pero el primer paso para solucionar un problema es reconocer su gravedad.
