Por Jaime Burgos Martínez*
En estos días he recordado, con la situación tan azarosa que vive el país, el embeleco de la Séptima Papeleta que impulsó la creación de la Asamblea Nacional Constituyente que expidió la laxa y extensa Constitución Política de 1991 ―difícil de cumplir―, en que pululan los derechos y escasean los deberes y obligaciones ciudadanos; dicha Carta se erigió para combatir la violencia y la corrupción, que, desde los días del Nobel de paz hasta hoy (y, sobre todo, a partir del 7 de agosto de 2022), han recrudecido asombrosamente, y se perdió lo que se había logrado. ¡No hay cambio!
Y otras de las motivaciones de la papeleta fue la ineficacia del Congreso de la República, que, en la actualidad, en lugar de mejorar, a mi juicio, ha empeorado, por un lado, en su presentación (aspecto exterior), pues algunos de sus miembros se visten de forma chabacana y, con sus pintas, parecen haber aterrizado en el sitio que no les corresponde, donde se ha perdido el respeto y la conciencia de la dignidad asumida; y, por el otro, en el ejercicio de sus funciones legislativas (falta de técnica), judiciales (destella la selectividad) y de control político (pantomima). En realidad, se ha de preguntar: ¿Cómo puede haber separación de poderes si la Constitución, en su artículo 113, permite la «colaboración armónica», que, en la práctica, no es más que un amancebamiento con el poder ejecutivo? ¿Y, entonces, cómo lo supervisa?
No se puede ocultar que la mayoría de las veces el comportamiento de esta corporación legislativa es desconcertante; por ejemplo, el artículo 37 de la Constitución Política preceptúa: «Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho», pero no ha sido reglamentado, después de 34 años, en lo que hace relación a los injustos y arbitrarios bloqueos de las vías públicas, que han perjudicado la vida de muchos habitantes y la economía del país, lo que da a entender que a la institucionalidad lo que le interesa es el desorden y el caos, vestido de etiqueta, con el nombre de protesta social.
En esta campaña electoral, no he escuchado ―ni creo que se dé― a ningún candidato al Congreso y a la Presidencia de la República que se haya referido a este tema de gran importancia para la tranquilidad y movilidad públicas. En efecto, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no existe un derecho absoluto a bloquear vías; pero, en caso de que se realice y si es desproporcionado, se permite el uso de la fuerza pública, después de agotar medios pacíficos de entendimiento, pues casi siempre afecta de manera grave otros derechos esenciales: vida, libertad, igualdad, dignidad, alimentación y no discriminación, etc.
A más de lo anterior, me aterra la cantidad de aspirantes a la Presidencia de la República ―nunca visto en este país―, gracias a la generosidad desmedida de la Constitución Política (artículo 107), de garantizar a todos los ciudadanos «el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos», con el argumento baladí de combatir el clientelismo de los partidos políticos tradicionales; por ello, pienso, que ha sido peor el remedio que la enfermedad, puesto que todos esos movimientos y grupos de ciudadanos ayudan a aumentarlo, pues la «torta estatal» tiene que repartirse en su totalidad para que pueda alcanzar y haya plena satisfacción, tal como lo acuñó un exministro de Hacienda, del gobierno de Juan Manuel Santos, al afirmar: «Repartir la mermelada en toda la tostada nacional», a cambio de lealtad legislativa.
Aquí se necesitan partidos políticos fuertes, serios, con profunda cimentación ideológica y moral, y que sean efectivos canales de comunicación entre el ciudadano y el Estado, y no movimientos o grupos sin nada de eso; por el contrario, son abundantes en otras cosas y vicios… y persiguen, esencialmente, la «genialidad» creada por el Legislador: la reposición de gastos por votos válidos obtenidos, que se ha convertido en un negocio bastante lucrativo y de justificación de dineros non sanctos.
Sin embargo, para los teóricos y estudiosos en materia político-electoral, la fundación de movimientos y grupos son elementos fundamentales y esenciales de la democracia, como forma de gobierno ―así sea en apariencia―, porque son canalizadores de la voluntad popular y el poder reside en el pueblo y este lo ejerce directamente (mecanismos de participación: referendo, plebiscito, etc.) o a través de representantes elegidos (presidente de la República, congresistas, concejales, etc.), a la luz de los principios de libertad, igualdad y respeto a los derechos humanos para intervenir en la toma de decisiones y resolver lo que ha de ocurrir en el mañana.
El destino de este convulso país pende de una simulada democracia, en que se añoran los visos de autoridad, disciplina, orden y justicia de otros tiempos, donde no se vislumbran soluciones prácticas al bienestar general, pues se escuchan expresiones cargadas de ofensas personales, pero no de ideas constructivas para una sociedad azotada por la inseguridad, orden público anormal, corrupción y una economía en descenso. Pero, tristemente, ¡esa es la democracia! «¡Oh, democracia, bendita seas, aunque así nos mates!», como dijo, en 1914, el maestro Guillermo Valencia en el funeral del asesinado general liberal Rafael Uribe Uribe.
*Jaime Burgos Martínez
Abogado, especialista en derechos administrativo y disciplinario.
Valledupar, diciembre de 2025
