Por William Giraldo
Opinar independientemente, sin militancia política ni acento ideológico, es una libertad y un derecho que tienden a ser cercenados por quienes simpatizan por una o por otra de las orillas políticas de la clase dirigente colombiana, aunque en algunos casos ya no hay clase.
Nos referimos a las funciones principales de las ramas ejecutiva y legislativa del poder público.
Opinar sobre el incumplimiento de las promesas presidenciales, pone al crítico en el lugar de los uribistas como señalamiento peyorativo.Si se critica a los congresistas por los obstáculos que interponen a iniciativas oficiales, el opinador queda matriculado como «mamerto» o peyorativamente llamado «petrista».
Ambos, el Presidente de la República y los Congresistas tienen funciones señaladas en la Constitución y en las leyes cuyo cumplimiento es obstaculizado por ambas partes por razones políticas que desfiguran los objetivos democráticos para los cuales han sido elegidos dentro de un sistema de gobierno que pretende soluciones adecuadas a los problemas del país.
En los últimos tres años el presidente presentó proyectos de ley para corregir desequilibrios sociales con reformas al Régimen Laboral, a la Salud y a la Seguridad Social en Pensiones. Esas, entre otras, fueron promesas electorales durante su campaña como candidato.
Nadie podría negar que los ajustes en estos campos son necesarios aunque afecten en menor o mayor medida los intereses del sector privado acostumbrado a obtener grandes utilidades para financiar y condicionar el funcionamiento de las instituciones democráticas para ponerlas de espaldas a las necesidades de la ciudadanía.
Pero falló el presidente Gustavo Petro porque su condición de ser el primer mandatario de la izquierda en Colombia, rodeado de grupos de presión política y empresarial, lo llevó a asumir una actitud arrogante y pendenciera que lo desvió de los objetivos de su programa de gobierno.
Los caprichos políticos del presidente Petro, más que la evaluación serena de sus consecuencias facilitaron el camino a los partidos tradicionales que asusaron a sus Senadores y Representantes a la Cámara a ponerse por encima del interés de nacional y hacer uso de todos los medios posibles de comunicación para desacreditar al gobierno en vez de proponer ajustes de fondo a los proyectos para aliviar la situación de los colombianos que los congresistas conocen y saben que sus electores padecen.
Las tareas de los legisladores se desviaron al origen político de las iniciativas y como demostración de fuerza contra el presidente y contra los electores, ejercieron una oposición infectada por la corrupción que financia su permanencia en las curules «parlamentarias»
El ejemplo del comportamiento más político que democrático y más alejado de lo principios constitucionales que rigen al congreso fue la Reforma a la Salud, varias veces derrotada por los actuales legisladores de extracciones políticas tradicionales, indiscutiblemente ubicados por ellos mismos a la derecha.
Esa reforma y las otras que están pendientes buscan una respuesta los problemas ciudadanos: «Los servicios de salud y el saneamiento ambiental , lo dice la Carta, son servicios públicos a cargo del Estado». Posiblemente el artículo 49 de la CN, modificado en el año 2009 por el acto legislativo número 2, tenía las mejores intenciones con el pueblo, pero sus objetivos quedaron capturados por el sector privado.
Dice el mencionado artículo que «Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de los servicios de salud a los habitantes y el saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, -es lo grave- establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo y los términos y condiciones señalados en la ley» y hasta ahí todo aparentemente bien.
Los objetivos primarios se volvieron letra muerta porque con la expedición de la ley 100 se dejó en manos de inversionistas particulares la creación de Empresas con la denominación de Promotoras de Salud, EPS, dedicadas a obtener lucro de un servicio público y la explotación de un derecho fundamental. Para ellas, primero las utilidades, después el pago a hospitales y proveedores de medicamentos y bien bajitos los honorarios para profesionales y los salarios de trabajadores de la salud. Al final del negocio particular, la salud y la vida de los pacientes.
Las intenciones de éste y anteriores gobiernos por corregir la iniquidad nacida del marco de la Constitución de 1991 y de la ley 100 expedida en diciembre de 1993, han sido bloqueadas por congresistas que atienden intereses económicos de las mismas llamadas «aseguradoras», de una parte, y de las órdenes de los directorios políticos.
Para esta época electoral que se vino encima los Senadores y Representantes deben rendir cuentas con transparencia y decirle a los electores qué hicieron en este periodo de cuatro años de legislatura y por qué se opusieron a que la prestación de los servicios de salud mejoraran.
No se trata de decir que la Reforma a la Salud es absolutamente acertada para recibir la calificación de mamerto o afirmar que los congresistas han actuado sabiamente al oponerse a ella en su integridad por el pretendido daño a los usuarios de las EPS para posar de uribista, no. Se trata es de la salud de los colombianos y que se procuren las otras reformas con las que se ha buscado desde el siglo pasado algo de dignidad y equidad social entre los colombianos.
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