Tal y como reveló CAMBIO a finales de septiembre, el magistrado Misael Rodríguez de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ya compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue a Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol; y a Guillermo Alfonso Jaramillo, hoy ministro de Salud, tras hallar evidencia de que en la campaña de 2022 se hicieron maniobras contables y manipulación de facturas para evitar que se violaran los topes permitidos por la autoridad electoral.
La compulsa de copias, que es una decisión unilateral del magistrado y no de la Sala completa, va dirigida igualmente al Consejo Nacional Electoral y a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. El documento, con nombre propio, menciona a Roa quien en ese momento era el gerente de la campaña de Petro y a Jaramillo, quien estaba al mando de la campaña al Senado por el Pacto Histórico.
Como reveló CAMBIO, la Sala encontró que los vuelos que Petro hizo como precandidato presidencial, en el momento en que se iba a medir con Francia Márquez, Alfredo Saade, Arelis Uriana y Camilo Romero en la consulta interna del Pacto Histórico, realmente se contabilizaron a la campaña al Senado.
Fueron 27 de desplazamientos y un total de 72 horas de vuelo que se contrataron con la Sociedad Aérea de Ibagué. Pero los vuelos no los tomaron los candidatos a la campaña al Senado, sino el precandidato Petro. En la investigación quedó demostrado que las planillas correspondientes fueron modificadas para que 24 de esos 27 vuelos aparecieran, como por arte de magia, reportados al cliente “Campaña Senado” cuando inicialmente habían sido registrados para la campaña Petro.
CAMBIO reveló las bitácoras de los 27 vuelos que demuestran que en los mismos sólo se movilizó el candidato Petro, con sus asesores del momento Armando Benedetti y Laura Sarabia, algunos integrantes de su familia y el personal de seguridad. Además, este medio expuso las modificaciones que se hicieron a las facturas de los servicios aéreos contratos inicialmente que fueron divididos entre las dos campañas, para que quedaran vigentes dos: una emitida a Roa con tres servicios (helicóptero, ambulancia y conexos) y otra a Jaramillo con los servicios de transporte aéreo de pasajeros en avión y actividades conexas.
El valor de la factura emitida a Jaramillo fue de 1.215 millones de pesos. Y lo que hicieron, según la investigación de la Corte, fue dividir ese monto entre los 20 aspirantes al Senado. Así, cada uno reportó 60 millones de pesos por concepto de tiquetes aéreos al CNE en informes firmados por los candidatos, Guillermo Alfonso Jaramillo y el contador de la campaña José Delfín Díaz. Según la Corte, los candidatos no cometieron delito porque no sabían de la maniobra y realmente creyeron que estaban asumiendo ese gasto compartido de la campaña.
No obstante, la Corte Suprema acreditó que sí hubo fraude al CNE, pues la gerencia de la campaña al Senado incluyó ese monto en su informe final de gastos, aquel que se usa para la reposición de votos que recibió el Pacto efectivamente. Así, se habla de un presunto fraude por 1.215 millones al CNE y de la presunta comisión de delitos de terceros por las maniobras que evitaron que la campaña Petro reportara en su contabilidad todos los vuelos que realizó el precandidato, lo cual habría excedido el monto permitido para ese momento.
Como explicó este medio, para la consulta del Pacto Histórico en el 2022 los candidatos tenían derecho a gastarse $14´268.260.246 y registraron gastos por ese valor exacto, con sus pesos y centavos.
