Los periodistas lo citan. Los parlamentos lo debaten. Las organizaciones de la sociedad civil lo utilizan para exigir rendición de cuentas a quienes ostentan el poder.
Desde su primera publicación en 1995, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparency International se ha convertido en la referencia mundial para medir la corrupción en el sector público. Se trata de una evaluación independiente que abarca cerca de 180 países. Su alcance es global, al igual que el interés por conocer cómo funciona.
Muchos de ustedes respondieron a nuestra convocatoria para enviar preguntas sobre el IPC. ¡Gracias! A continuación, los investigadores responsables de elaborar el índice responden a las dudas más frecuentes.
¿Por qué el IPC mide percepciones cuando existen otros datos disponibles?
La corrupción se oculta deliberadamente, y ningún país cuenta con un registro preciso y validado de los actos de corrupción. Por tanto, cualquier método existente para medirla —incluido el IPC— constituye una aproximación.
Las percepciones importan. Que una persona pague un soborno, lo rechace, lo denuncie o, por el contrario, mire hacia otro lado, depende de lo que espere que hagan los demás. Cuando se cree que la corrupción está generalizada y la ciudadanía no confía en su gobierno, denunciar puede parecer inútil; además, es más probable que las personas terminen tolerando la corrupción como parte de su vida cotidiana. Por consiguiente, las percepciones tienen consecuencias reales —tanto en el comportamiento como en las políticas públicas—, razón por la cual es fundamental realizar un seguimiento de las mismas.
Las percepciones ofrecen solo una parte de la realidad. El marco estadístico de la ONU para medir la corrupción —en cuya elaboración participamos junto con otros expertos internacionales— sugiere combinar estas percepciones con indicadores estructurales y basados en la experiencia directa, a fin de obtener una visión más completa. Por este motivo, Transparency International también publica el «Barómetro de la Corrupción» —con análisis globales y regionales basados en las experiencias de la ciudadanía—, además de llevar a cabo investigaciones continuas que documentan la corrupción desde diversas perspectivas.
¿Qué tipos de corrupción evalúa el IPC y qué aspectos quedan fuera?
El IPC mide las percepciones sobre la corrupción en el sector público, entendida como el abuso de un poder conferido para obtener un beneficio privado. Sus trece fuentes abarcan cuestiones como el soborno, el desvío de fondos públicos, el nepotismo en la administración pública, la captura del Estado, el procesamiento de funcionarios corruptos, la protección a denunciantes y periodistas, y el acceso a la información. Todos los países se evalúan de la misma manera, y la puntuación final es el promedio obtenido a partir de, al menos, tres fuentes. En la metodología disponible en nuestro sitio web, es posible consultar tanto las fuentes como las preguntas utilizadas.
Asimismo, explicamos qué aspectos no abarca el IPC (Índice de Percepción de la Corrupción): la experiencia directa de los ciudadanos con la corrupción, el fraude fiscal, los flujos financieros ilícitos, el papel de facilitadores —como abogados y contables—, el blanqueo de capitales, la corrupción en el sector privado y las economías informales. Tampoco se incluyen otros dos elementos: la «corrupción legal» —que comprende el cabildeo (lobby), la financiación de campañas políticas y el fenómeno de las «puertas giratorias»—, ni las variaciones internas dentro de un mismo país, ya que publicamos una única puntuación nacional anual. Se trata de cuestiones importantes, muchas de las cuales son abordadas por Transparency International y sus capítulos nacionales en otras áreas de su trabajo.
¿Por qué algunos países autoritarios obtienen una buena puntuación en el IPC?
Las investigaciones demuestran de forma constante que, en promedio, los países democráticos superan a los no democráticos en el control de la corrupción. Algunos Estados autoritarios han logrado suprimir manifestaciones específicas de corrupción mediante métodos impuestos desde arriba, lo cual se refleja en el IPC. Sin embargo, sin supervisión democrática, libertad de prensa ni espacio para la disidencia, es poco probable que este enfoque autoritario para combatir la corrupción sea sostenible; además, puede utilizarse de manera selectiva para atacar a opositores políticos.
Los datos revelan que, en la mayoría de los países autoritarios cuyas puntuaciones mejoran, estas tienden a estancarse hacia la mitad del índice. El IPC también evalúa aspectos como la captura del Estado, el clientelismo y la financiación secreta de partidos políticos. En este ámbito, apenas hay cambios, ya que las élites gobernantes tienen interés en mantener un control férreo sobre la generación y asignación de los ingresos públicos. La discrecionalidad a la hora de decidir quién recibe los bienes públicos es, precisamente, lo que mantiene unida a la coalición gobernante.
¿Puede el índice ofrecer una puntuación fiable en contextos donde se suprime la información?
El IPC no se basa en datos de opinión pública, los cuales serían difíciles de obtener en entornos cerrados. Sus fuentes recurren a expertos nacionales e internacionales, así como a ejecutivos empresariales que operan en el país; en la mayoría de los casos, se garantiza el anonimato de los encuestados para protegerlos y obtener respuestas sinceras. Por tanto, el temor de los encuestados supone un obstáculo menor de lo que suele suponerse.
La supresión de información constituye un riesgo real, pero es un aspecto que el IPC analiza directamente. El acceso a la información sobre asuntos públicos, así como la existencia de mecanismos de protección para denunciantes de irregularidades (whistleblowers) y periodistas, son algunos de los elementos que el índice tiene en cuenta. Un Estado que retiene información y actúa de manera opaca es penalizado precisamente por ello.
¿Qué opina sobre la crítica de que el índice está sesgado en contra de los países de menores ingresos?
El índice se calcula de manera objetiva, basándose en una metodología coherente que ha sido certificada de forma independiente. Existe una correlación entre las puntuaciones del IPC (Índice de Percepción de la Corrupción) y el PIB per cápita; sin embargo, esto no indica, por sí solo, un sesgo en la medición. Un factor clave que podría reflejar es la diferencia en los niveles de capacidad institucional para combatir la corrupción. Los países de menores ingresos suelen contar con menos recursos para respaldar tribunales independientes, mecanismos de supervisión eficaces y acciones contra la corrupción; además, a menudo presentan una menor libertad de prensa, lo que puede generar más oportunidades para que la corrupción ocurra y quede impune.
Asimismo, existen varios ejemplos de países de ingresos medios y bajos que obtienen resultados sistemáticamente mejores que otros países mucho más ricos. Hemos observado mejoras significativas en naciones de todos los niveles de ingresos, así como un retroceso democrático en algunas de las economías más ricas.
¿Qué debe hacer un país con su puntuación?
El IPC puede ofrecer una visión útil de las tendencias a largo plazo. Desde 2012, 31 países han experimentado mejoras significativas, mientras que 50 han empeorado. Lo que tienen en común los países que han mejorado es la implementación de reformas amplias y sostenidas —más allá de un simple cambio de política—, tales como el fortalecimiento de los organismos de supervisión, la profesionalización de la función pública y la digitalización de los servicios públicos, lo cual limita la discrecionalidad de los funcionarios.
No obstante, una cifra aislada en el IPC no puede indicarle a un gobierno qué institución, sector o proceso debe corregir. Para ello se requieren datos a nivel nacional; por eso, los gobiernos que utilizan el IPC de manera eficaz lo consideran una señal, no un veredicto. Analizan las tendencias, examinan las debilidades subyacentes y, posteriormente, desarrollan marcos de medición nacionales que sirven de base para sus políticas anticorrupción. Para facilitar esta labor, la ONU ha elaborado una guía práctica sobre la medición de la corrupción que complementa su marco estadístico. Por su parte, las secciones nacionales de Transparencia International en diversos países del mundo también promueven reformas en áreas específicas.
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