Con condecoraciones o sin ellas, ¡no hay justicia!

Por Jaime Burgos Martínez*

Siempre he sido del criterio de que las condecoraciones en el sector público no deben existir, puesto que para sus servidores el mejor reconocimiento ―por sus méritos― es el cumplimiento cabal de las labores encomendadas, que lleva a la satisfacción espiritual y a la justificación de un salario.  Sin embargo, desde años atrás, algunos gobiernos han creado algunas distinciones, con fines, esencialmente, políticos, y en emulación a algunas establecidas en la antigüedad como coronas de laurel romanas por valor militar y hojas de olivo para vencedores griegos y órdenes de caballería en la Edad Media, que, con el transcurso del tiempo se convirtieron en símbolos de honor, prestigio y reconocimiento estatal para actos heroicos o servicios destacados.

Las condecoraciones ―se repite― son símbolos de prestigio que honran el sacrificio, la valentía y los servicios destacados en ámbitos militares, culturales, sociales y diplomáticos, que fortalecen la identidad y el honor. No obstante, en la Rama Judicial de nuestro país existe la Distinción José Ignacio de Márquez al Mérito Judicial, creada, mediante Decreto 1258 de 27 de julio de 1970, para honrar a sus funcionarios y empleados que demuestran honestidad y servicio excepcional. Esta distinción se instituyó en honor a José Ignacio de Márquez, que, según cuenta la historia, fue el primer presidente civil de Colombia (a mediados del siglo XIX), estadista boyacense respetuoso de la ley y la democracia, y, además, magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Pero, en la actualidad, la aplicación de la justicia es muy lenta y selectiva ―a pesar de la tal «virtualidad», que no la ha descongestionado, sino que ha aumentado la desfachatez en los despachos judiciales―, lo que, en estricto sentido, es negación de ella; y, por ende, corrupción. Por lo tanto, se me ocurre que debería instaurarse una distinción negativa para aquellos empleados y funcionarios de la Rama Judicial que no cumplen con sus funciones por distintos motivos: dilación de los términos procesales, sin justificación alguna; tráfico de influencias (mercaderes de favores por empatías personales, políticas o dinero, pues, como dijo alguien, las controversias jurídicas ya no se arreglan con códigos sino en buena moneda y otras cosas…). 

Todas estas ideas han llegado a mi mente, ya que, por las próximas elecciones del Congreso de la República, los medios de comunicación (por ejemplo, El Tiempo, 12 de diciembre de 2025, Elecciones Colombia 2026)  han registrado la repetida aspiración de congresistas y excongresistas ―y muchos encabezan lista― que se encuentran pendientes de una resolución judicial (sub judice) por estar involucrados en publicitados escándalos de corrupción, relativamente recientes o de años atrás; pero la autoridad judicial que tiene la competencia para juzgarlos no se inmuta por pronunciarse, a pesar de los movimientos políticos que se están presentando. ¿Será que hay que creerles a los candidatos cuestionados que todo está «arreglado», como lo afirman algunos de ellos con un cinismo superlativo absoluto?, o, más bien, hay que conformarse con lo que expresa un ilustre jurista ―decepcionado del ejercicio del Derecho―, cuando en su presencia alguien sostiene que un individuo puede ser privado de la libertad por estar comprometido en un ilícito: «¡En este país no pasa nada, pues no hay justicia!».

En verdad, es vergonzoso ver que los informes de prensa, con profunda y seria investigación, presentan pruebas legales, pertinentes, útiles y veraces, que forman la convicción del lector sobre hechos claves de un asunto o proceso, con el respeto de la presunción de inocencia y de los derechos fundamentales, para formarse un juicio acerca de la culpabilidad o inocencia del acusado; pero, de la noche a la mañana, todo se desvanece, y solo se entiende el caminar descarado y altanero del investigado ante los ojos vendados de funcionarios penales, administrativos y disciplinarios; y  por más de que él trata de ocultar los recursos obtenidos de forma ilegal e inmoral, siempre habrá alguien que pone el dedo en la llaga, diciéndole: ¡ladrón, corrupto!

Y ―para terminar― los funcionarios judiciales competentes de los distintos procesos no se pronuncian, pues algunos «intermediarios de alta categoría» los ayudan a perder la memoria y que los expedientes sean corroídos y olvidados con el pasar del tiempo, ¡qué barbaridad! Por eso, insisto en mi tesis de que si un servidor público cumple legal y adecuadamente las funciones confiadas, no ha hecho más que valorar el Estado y a los administrados, sin necesidad de ninguna exaltación, pues su mayor recompensa es el salario; pero, en cambio, si no lo hace (incluidas corporaciones judiciales, administrativas o legislativas), debe ser despreciado y galardonado, negativamente, puesto que, en palabras de Aristóteles, «La ironía es una forma de menosprecio». 

*Jaime Burgos Martínez 

Abogado, especialista en derechos administrativo y disciplinario.

El Rodadero, diciembre de 2025