Por NICHOLAS DALE LEAL
Silencio. Eso es lo que causa el asesinato de un líder social. Silencio frente a injusticias, a vulneraciones de derechos, a la violencia… Y cuando son tantos líderes matados con impunidad – 158 este año, según cifras de Indepaz; 150, según Human Rights Watch –, ese silencio, teñido de miedo y zozobra, resulta ensordecedor.
Esta no es una historia nueva. La denuncia popular de los asesinatos de líderes sociales surgió tras el Acuerdo con las FARC en 2016 y fue una de las grandes proclamas de las protestas que paralizaron Colombia durante el Gobierno de Iván Duque y pusieron los cimientos para la llegada de Gustavo Petro al poder en 2022. No fue sorpresa, entonces, que detener esta hemorragia fuese uno de los primeros objetivos declarados del recién posesionado Petro el año pasado. Pero la tarea no es tan sencilla, no basta mostrar voluntad.
Este lunes la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucional ante la violencia contra los líderes sociales. El alto tribunal considera que hay una vulneración sistemática de los derechos de estos defensores que les afecta su seguridad y requiere medidas urgentes y estructurales para resolverse. “La persecución y el asesinato de líderes y lideresas sociales no solo implica la violación de sus derechos fundamentales como individuos, sino que además representa la afectación de las colectividades que lideran y de sus familias”, dice la Corte en un comunicado. Es un llamado de atención al Gobierno y una alarma también. Ante el silencio social impuesto con sangre, ante las estrategias deficientes del Estado para detener las muertes – a pesar de que se ha visto una mejora frente al Gobierno anterior –, la Corte vuelve a poner la situación sobre la mesa.
La declaración es la confirmación que no necesitábamos para recordar y subrayar un grave problema social y de seguridad. Ser el país en el mundo donde más matan líderes sociales, por mucho, debería ser más que suficiente para ilustrar la magnitud de la situación. Lo que ha hecho la Corte es volverle a poner el foco, generándole al gobierno también un problema político y de imagen, pues le dificulta demostrar cambios radicales frente a Duque.
Porque no es que este Gobierno haya estado inactivo. Los expertos coinciden en que ha tenido una actitud mucho más receptiva que el Ejecutivo anterior y ha puesto en marcha, aunque solo parcialmente, el plan que le presentaron al Gobierno al principio de su periodo en el poder. Se crearon 100 Puestos de Mando Unificado (PMU), espacios de articulación interinstitucional en los municipios donde el nivel de violencia contra los defensores es más alto; sin embargo, se quedaron en la fase de caracterización del conflicto en cada zona, más que en la protección concreta de la vida de las personas, fallando especialmente el sistema de alertas tempranas.
Es indudable que se tiene que hacer más, que los resultados tienen que ser mejores – este año se han reducido los asesinatos en un 15% –. Aun así, el Gobierno tiene un reto enorme: mientras haya una gobernanza criminal en pugna en los territorios, es muy difícil que se supere. Los liderazgos locales que son inconvenientes para algún grupo armado se saldan con violencia: amenazas, extorsiones y, si eso falla, asesinatos. Así que la solución es la misma de siempre, la piedra con la que siempre nos topamos: mayor y mejor presencia estatal en todo el territorio.
Es difícil que de la declaración de la Corte resulte una solución efectiva al problema del asesinato sistemático de líderes sociales, hay demasiados factores atravesados, aunque ojalá genere algo de acción, como ha ocurrido en el pasado con otras declaratorias, como las del hacinamiento carcelario o de la crisis social en la Guajira. Lo que sin duda hace es devolvernos a una de las paradojas de este país indomable. Es una frase que tiene dosis iguales de orgullo y de vergüenza: la Constitución del 91 es una de las cartas magnas más completas y progresistas del mundo, pero nunca se ha cumplido a cabalidad. En otras palabras, la realidad en Colombia es inconstitucional.
