En su Informe Anual 2025, presentado este martes, Amnistía Internacional (AI) cuestiona los resultados de la política de Paz Total y advierte que 2025 fue el año con mayor violencia letal contra personas defensoras de derechos humanos durante el actual Gobierno, con 165 asesinatos.
Por: Armando Neira
Durante el Gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, los informes de Amnistía Internacional (AI) provocaban una clara división en las reacciones. Por un lado, el entonces jefe de Estado acusaba a la organización de tener “sesgos ideológicos” y “complacencia” con los grupos armados ilegales, y sostenía que “inventaba justificaciones” para “maltratar” y “cuestionar injustamente a la fuerza pública y al Estado colombiano”.
Desde la otra orilla, líderes de la oposición como Gustavo Petro e Iván Cepeda defendían esos informes no solo por visibilizar ante el mundo “la guerra sucia” contra población civil, en general, y la izquierda, en particular, sino porque, según ellos, sus conclusiones evidenciaban con claridad que “nos están matando”.
Hoy, ya como presidente, Petro es quien queda bajo el escrutinio. El informe de AI pone en entredicho su gestión como máximo responsable del Estado, e incluso cuestiona la política de Paz Total, de la cual Cepeda ha sido uno de sus principales arquitectos y se ha convertido en el ‘talón de Aquiles’ ante los golpes de sus rivales en la carrera a la Presidencia.
“Eso lo deben tratar las autoridades de las cárceles, por supuesto, pero de mí no esperen declaraciones contra la paz en el país”, se limitó a responder cuando se le preguntó una opinión sobre el ‘parrandón’ en la cárcel de Itagüí en el que participaron varios de los 23 voceros de las bandas criminales de Valle de Aburrá.
Depredadores voraces
En su Informe Anual 2025, presentado este martes, Amnistía Internacional advierte sobre un deterioro global de los derechos humanos. Señala el retroceso en su reconocimiento, el debilitamiento del orden internacional basado en reglas vigentes desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el avance del autoritarismo y la represión contra la sociedad civil.
“A lo largo de 2025, los bienes comunes de la humanidad fueron presa de depredadores voraces”, afirma la organización. “Líderes políticos como Trump, Putin y Netanyahu desplegaron una ofensiva para lograr el dominio económico y político mediante la destrucción, la represión y la violencia a gran escala”.
En ese contexto, Colombia y Venezuela aparecen como países de “especial preocupación”. Según AI, ambos están entre los más peligrosos del mundo para defender los derechos humanos. Mientras Colombia sigue sumida en una crisis de violencia asociada al conflicto armado, en Venezuela persiste un patrón de represión estatal que restringe gravemente el espacio cívico.
Un caso que conecta a ambos países es el de Yendri Velásquez, integrante de Amnistía Internacional que huyó de Venezuela tras ser detenido arbitrariamente y víctima de desaparición forzada.
En octubre de 2025 fue atacado a tiros en el norte de Bogotá junto con su connacional Luis Peche, en un atentado que casi les cuesta la vida. Para AI, este caso evidencia cómo las trabas administrativas en Colombia para reconocer el estatus de refugiado aumentan los riesgos para personas defensoras de derechos humanos.
La Paz Total en la mira
En cuanto a la política de Paz Total, el informe es crítico. Señala que durante 2025 no hubo claridad en las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas en las mesas de negociación. También advierte un aumento de los combates entre grupos armados no estatales, así como entre estos y las fuerzas de seguridad, en un contexto marcado por infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Al presidente le cobran incluso sus salidas verbales. En marzo, el mandatario —recuerda AI—, declaró que las organizaciones de la sociedad civil de la región del Catatumbo estaban “subordinadas” a los grupos armados que operaban en la zona y su gobierno se negó a rectificar cuando se le pidió que se retractase.
El deterioro de la situación se refleja en cifras contundentes. El programa Somos Defensores reportó 165 asesinatos de líderes sociales en 2025, la cifra más alta durante el actual Gobierno. “Es inaceptable que en un país maten cada semana a tres personas por defender derechos”, señaló Valentina Ballesta, directora de investigación de la organización.
Además, el informe identifica fallas en la política de protección liderada por el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección, así como una respuesta institucional fragmentada. También subraya que sigue pendiente la implementación de la Política Pública Integral de Garantías para la Defensa de los Derechos Humanos, exigida por la Corte Constitucional desde 2023.
La violencia en el país continúa expandiéndose. La Fundación Ideas para la Paz identificó 14 zonas en disputa entre grupos armados, el doble que al inicio del actual Gobierno. Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en 2025 se registraron 2.794 hechos de violencia, de los cuales 1.390 afectaron directamente a la población civil, impactando a más de 1,6 millones de personas.
La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) documentó 139 desplazamientos masivos que afectaron al menos a 90.282 personas, así como 80 casos de confinamiento que restringieron la movilidad de más de 235.000 ciudadanos. En regiones como el Catatumbo, la intensificación del conflicto provocó el desplazamiento de más de 82.000 personas.
El impacto sobre la niñez también es alarmante. La Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado reportó 196 hechos que afectaron a más de 364.000 menores, incluyendo 172 casos de reclutamiento.
El drama de los excombatientes
Asimismo, al menos 7.728 personas resultaron afectadas por artefactos explosivos, mientras que grupos armados incrementaron el uso de drones para ataques. También fueron asesinados 39 excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, y la Corte Constitucional reiteró que su situación de seguridad sigue siendo crítica.
El informe advierte que las comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes son las más afectadas por la violencia, y denuncia el fortalecimiento del control territorial de grupos armados en regiones como el Chocó.
En materia de libertades, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) registró 468 ataques contra periodistas en 2025, mientras que el Observatorio Colombiano de Feminicidios reportó 609 asesinatos de mujeres. También se documentaron al menos 85 hechos graves de violencia contra personas LGBTI.
Persisten, además, barreras en el acceso a servicios de salud y a la interrupción voluntaria del embarazo, así como dificultades estructurales en el sistema de protección social.
En el ámbito migratorio, Colombia alberga a más de 2,8 millones de personas venezolanas, muchas en condiciones de vulnerabilidad y con limitaciones para acceder a mecanismos de regularización y protección internacional.
A nivel global, el informe también documenta graves violaciones de derechos humanos en distintos conflictos. Señala a Israel por crímenes en Gaza, a Rusia por ataques contra infraestructura civil en Ucrania y a actores armados en Sudán y la República Democrática del Congo por abusos masivos contra la población.
Avances limitados, impacto insuficiente
Amnistía Internacional concluye que, pese a los esfuerzos de negociación del Gobierno colombiano, los avances han sido limitados y su impacto insuficiente para reducir la violencia.
El panorama descrito deja en evidencia que los desafíos en derechos humanos siguen siendo profundos y estructurales, y que las políticas actuales no han logrado revertir las tendencias de violencia, desigualdad y vulneración de derechos en el país.
Amnistía Internacional recuerda que es un movimiento integrado por 10 millones de personas que apela al sentido de humanidad y hace campaña en favor de cambios que permitan que todo el mundo disfrute de sus derechos humanos. “Nuestra visión es la de un mundo en el que quienes están en el poder cumplen sus promesas, respetan el derecho internacional y rinden cuentas”, explica.
Por eso, al poner la lupa sobre Colombia, muestra una radiografía tan estremecedora para los ciudadanos hoy, bajo el gobierno de izquierda de Gustavo Petro, como en su momento lo fue durante el gobierno de derecha de Álvaro Uribe.
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