Por Eduardo Aristizábal Peláez.
La corrupción no es un accidente ni una desviación aislada, es un sistema cuidadosamente construido por las élites políticas y económicas que han convertido el Estado en su caja menor. Durante décadas, los mismos apellidos han ocupado los espacios de poder, repartiéndose ministerios, contratos y privilegios como si fueran herencia familiar. El resultado es un país saqueado, con instituciones debilitadas y una ciudadanía cada vez más desencantada.
Las élites se presentan como guardianes de la democracia, pero en realidad la han vaciado de contenido. Han reducido la política a un espectáculo de promesas incumplidas, mientras detrás de bambalinas negocian favores, blindan sus fortunas y garantizan su impunidad. La corrupción no es un error, es el combustible que mantiene viva su maquinaria de poder.
La ciudadanía, sin embargo, ya no es la misma. La indignación crece en las calles, en las redes, en los barrios. La gente sabe que cada peso robado es una escuela que no se construye, un hospital que no se equipa, una carretera que nunca se termina. La corrupción no solo roba dinero, roba futuro, roba confianza, roba dignidad.
Los corruptos han perfeccionado sus estrategias, manipulan la justicia, compran conciencias, controlan los medios y se disfrazan de salvadores. Pero la paciencia ciudadana tiene límites. La democracia no puede seguir siendo rehén de quienes la usan como fachada para sus negocios. Es hora de confrontar directamente a quienes han hecho de la política un negocio privado.
Esta columna es una denuncia y un llamado. Denuncia a las élites que se enriquecen mientras el pueblo se empobrece. Llamado a la ciudadanía para que no se conforme con la indignación pasiva, sino que convierta su rabia en acción en vigilancia, en exigencia de rendición de cuentas.
La corrupción no se combate con discursos tibios ni con reformas cosméticas. Se combate con la fuerza de una sociedad que se niega a ser silenciada, que exige justicia y que está dispuesta a defender la democracia en las calles, en las urnas y en cada espacio público. La salud no tiene partido, los niños tampoco, pero sí muchas necesidades.

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