El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha pedido este viernes la renuncia a su consejera para las regiones, Sandra Ortiz, y a su secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, señalados por hechos vinculados al caso de corrupción en el que la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) compró con sobrecostos unos carrotanques para proveer de agua a La Guajira. La decisión se toma mientras se aclara la situación jurídica de ambos funcionarios. En una alocución en Palermo (Huila), el presidente dijo: “Esos funcionarios, sobre los cuales no puedo hacer procesos judiciales, deben salir por los indicios que acarrean las investigaciones que la prensa o nosotros o la justicia haga”.
Una confesión de Sneyder Pinilla, antiguo subdirector de la UNGRD, ha implicado a a Ortiz en la trama, que también precipitó la renuncia de su jefe Olmedo López a la dirección de la entidad. Según el relato de Pinilla, revelado por la revista Semana y confirmado por el exfuncionario en otros medios, él mismo le entregó 3.000 millones de pesos a Ortiz para que ésta se los diera al presidente del Senado, Iván Name. El objetivo, señala Pinilla, es que el político del Partido verde ayudara a sacar adelante en el Congreso las reformas impulsadas por el Gobierno de Petro. De acuerdo con la denuncia, el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, recibió otros 1.000 millones para el mismo fin, directamente de manos de Pinilla. El denunciante busca colaborar con la justicia, pues él mismo es investigado por la Fiscalía, a cambio de obtener beneficios judiciales.
Idárraga, por su parte, ha sido acusado por López del delito de tráfico de influencias, al supuestamente buscar beneficios para algunos alcaldes, este mismo viernes. En la mañana el presidente anunció la creación de una mesa de transparencia para abordar el escándalo, y López atacó la posibilidad de que el encargado de la lucha contra la corrupción en la Presidencia estuviera en ella. Idárraga contestó recordando que la Secretaría que él dirigía anunció que denunciaría penalmente a López por la trama de corrupción. “Ante este hecho, los investigados y su defensa responden con falsas acusaciones, mostrando su interés por buscar distractores mediáticos y enlodar mi buen nombre, en lugar de ponerle la cara a la justicia”, escribió este viernes.
También este viernes, Ortiz emitió un breve comunicado en el que rechaza las acusaciones que la vinculan en la trama. “En su momento presentaré las respectivas acciones para proteger mi honra y buen nombre”. A renglón seguido, lamenta que se pretenda “instrumentalizar judicial y políticamente a la Fiscalía General de la Nación” con el objetivo, según ella, de desviar la atención de los verdaderos implicados en los hechos, que, en su opinión pueden “obtener beneficios” a través de un principio de oportunidad.
El caso de corrupción por los carrotanques de La Guajira se empezó a conocer en febrero pasado, cuando se supo que los 40 vehículos que habían sido adquiridos por la UNGRD para proveer de agua a varias zonas de ese departamento, tradicionalmente afectado por la escasez del recurso, no estaban cumpliendo con su función. Primero, López aseguró que los carros estaban siendo adaptados con bombas y mangueras antes de entrar en funcionamiento. Sin embargo, más adelante se reveló que había enormes sobrecostos por más de 20.000 millones de pesos (más de cinco millones de dólares) en la contratación, que, además, se le había otorgado a una empresa sin experiencia, dedicada a importar y exportar abarrotes y enlatados. Su reemplazo en la UNGRD, Carlos Carrillo, ha revelado más irregularidades.
