Nicholas Dale Leal
No pasó ni un día de este 2024 y ya empezamos a contar muertos. Para algunos no hay feriados que valgan, el gremio especializado en el miedo y sus derivados no descansa: mantener a una población atormentada por la zozobra o, por lo menos, indiferente a punta de la aversión al terror que supone detenerse sobre una violencia tan brutal como cotidiana, es una tarea de tiempo completo. El 1 de enero, en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, en el suroccidente del país, y en Ciudad Bolívar, en Bogotá, tres asesinatos independientes dejaron claro que la violencia es inmune a los buenos deseos que acompañan un calendario nuevo. También quedó manifiesto el reto que tienen por delante las Administraciones del país, locales y nacionales, para que el próximo año nuevo las balas no se camuflen con los fuegos artificiales.
Porque prácticamente eso fue lo que sucedió en Tuluá, Valle del Cauca, a pocos minutos de que se acabara el 2023. El concejal Elieced Ávila fue gravemente herido tras recibir un ataque con arma de fuego por unos desconocidos, mientras esperaba el año nuevo con su familia en un barrio de la ciudad. Los responsables del asesinato han sido identificados como la banda criminal “La Inmaculada”, aunque los motivos todavía no son claros. El político del Partido Conservador, que estaba a punto de iniciar su tercer periodo consecutivo, fue trasladado de urgencias a un hospital, pero murió en la mañana del martes 2 de enero.
Unos 300 kilómetros más al sur, en el pueblo de El Bordo, Cauca, un segundo asesinato también silenció las celebraciones de año nuevo. En este caso la víctima fue Giovanny Chávez Vega, un firmante del acuerdo de paz que realizaba su proceso de reincorporación en el NAR Mari Álvarez, ubicado en el municipio de Sucre, aledaño al pueblo. Chávez Vega fue atacado por hombres armados no identificados que le dispararon y lo mataron en el instante. Este es el primer firmante asesinado de 2024; en el 2023 la cuenta ascendió a 45, según cifras de Indepaz.
Por último, en Ciudad Bolívar, en Bogotá, una persona fue asesinada por un grupo de aproximadamente 15 personas en la noche del lunes. Según la Policía, el hombre, cuya identidad no ha sido publicada, caminaba junto a su esposa por el barrio Perdomo cuando se encontraron con un grupo de personas que, al cruzar miradas con la víctima, sintieron que los había mirado mal. El hecho dio paso a una discusión, y esta a una riña, en la que, en absoluta desventaja, el hombre fue golpeado y apuñalado múltiples veces. Luego les robaron sus pertenencias al hombre moribundo y a su esposa aterrada, y se esfumaron. Para cuando fue trasladado al hospital más cercano, ya estaba en condición crítica. Murió al poco tiempo.
Estas noticias de novedosas tienen poco, son titulares a los que los colombianos estamos desafortunadamente acostumbrados; pero donde todavía podemos ser sorprendidos, ojalá que para bien, es en las reacciones.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se trasladó a Tuluá el martes para un concejo de seguridad extraordinario – también participó en otro focalizado en Cali y el área metropolitana junto con los alcaldes recién posesionados – tras el cual anunció acciones que incluyen reforzar la presencia de la fuerza pública. Sin embargo, en una acción tal vez más importante, junto al alcalde de Tuluá dirigió una carta al presidente Petro pidiéndole ayuda para hacerle frente a la inseguridad en los municipios del centro del Valle. Asimismo, pidieron tomar medidas especiales contra Andrés Felipe Marín, Pipe, cabecilla de la banda señalada del asesinato del concejal Ávila. Marín está detenido en la cárcel La Picota de Bogotá, pero continúa delinquiendo. La solicitud deja clarísimo que la seguridad tiene como factor clave la relación entre el presidente y los alcaldes de los municipios más afectados.
Por otro lado, el asesinato de Giovanny Chávez Vega confirma la declaración de la Corte Constitucional de que el estado de las cosas en el caso de los líderes sociales y excombatientes es inconstitucional. Una instancia más de un goteo incesante. Pero ante esto, por ahora, hay pocas pistas sobre qué estrategias nuevas se van a seguir.
Finalmente, el caso de Ciudad Bolívar es tal vez el más aterrador para el ciudadano promedio, acostumbrado a ver la violencia en las noticias como si se tratara de otro país, pero menos listo para procesar que también en la capital la percepción de una mala mirada puede ser una sentencia de muerte. Si ya la sensación de inseguridad en Bogotá era alta, sucesos como estos solo la aumentarán. No es sorpresa que este sea el tema que más preocupa a los bogotanos y el que supondrá la prueba de fuego para el nuevo alcalde conciliador, Carlos Fernando Galán.
Como queda patente en estas líneas, a estas alturas quedan más incógnitas que certezas. En cada caso, y con el contexto particular que los rodea, faltan todavía capítulos enteros por escribir. Pero vistos en conjunto, dimensionan el obstáculo tan variado que es “la violencia” – sí, así en genérico, pero en minúsculas – en Colombia y suponen un pistoletazo al 2024 que no ha sido de fogueo.
