Cecilia Orozco Tascón
El Tiempo del domingo pasado publicó una larga entrevista con el funcionario saliente Francisco Barbosa. Como era de esperarse y dada su condición de político en campaña, puesto que, salvo viajes y viáticos fantásticos para su ego, abandonó ya las tareas de la Fiscalía que son ejercidas por sus amigos Martha Mancera y Gabriel Jaimes, Barbosa aprovechó para echarle, otra vez, vainazos a Petro y su gobierno. Sea el tema que sea, cae en lo mismo: el activismo de oposición, deseable en las democracias pero prohibido para quien fue nominado y elegido como garante de justicia. Esta vez, decía, el figurón calificó como “despropósito” un anuncio presidencial y se entremetió en un asunto que más compete al Ejecutivo que al judicial: la crisis humanitaria producida por las olas de migrantes. Dio directrices de gobernante: “Es con acciones y no con discursos altisonantes como se enfrenta esta odisea migratoria”. ¿Qué diablos tiene que ver un fiscal general con las soluciones a un problema socioeconómico transnacional? De manera tangencial, debería investigar crímenes que surjan de tales movimientos pero, de nuevo, él no se dedica a esos menesteres de bajo perfil. Ahí están, para el oficio, Mancera y Jaimes. Como se sabe, Barbosa anda en otra cosa.
Para la muestra, el botón: a la pregunta-afirmación: “Se insiste en que usted interviene en política y está preparando una futura candidatura”, su respuesta es como la de Narciso ante el espejo, enamorado de sí mismo: “…acá la gente piensa en términos de candidaturas y no de liderazgos. Los líderes son necesarios en múltiples frentes. Nuestro país requiere ser defendido y no se hizo el trabajo de defensa de las instituciones y de la Fiscalía para luego salir corriendo”. Termina con una sentencia cumbre: “Habrá Francisco Barbosa para rato” (ver). Ni a Álvaro Uribe —cuya jefatura ha durado veintitantos años— ni a su mentor Duque, tan vanidoso y pueril como él, se les ha ocurrido autodefinirse en términos de “líder necesario para defender las instituciones”, instituciones que, dicho sea de paso, si se encuentran en riesgo es debido, precisamente, a servidores públicos de su estilo, que confunden su rol, se extralimitan y abusan de su poder temporal sin ningún control porque los dos entes que podrían llamarlo a respetar el orden constitucional se aculillan: la Comisión de Acusación de la Cámara y la Corte Suprema.
Si en la Fiscalía llueve, en la Procuraduría no escampa. Margarita Cabello ha abierto un abanico de investigaciones disciplinarias en este periodo como nunca lo hizo durante el gobierno del mandatario que la infló. Solo en lo corrido de este año, Cabello ha anunciado apertura de indagaciones a los ministros de Relaciones Exteriores, del Interior (Prada), de Defensa, de Minas, al viceministro de Cultura, a un amplio grupo de funcionarios del Ministerio de Salud, del INVIMA, de la ADRES y hasta se atrevió a suspender al director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) porque este se opuso a un raro negocio multimillonario en Barranquilla, la ciudad en la que Cabello tiene toda clase de conflictos de intereses no declarados pero presentes y existentes, por ejemplo, el que se relaciona con “el meteórico ascenso” de su hijo, Alberto Mario Caparroso Cabello, “como megacontratista del Caribe” (ver). ¿Qué hará la procuradora con la reciente denuncia de la revista Cambio —esta sí, con pruebas a la vista— sobre el desperdicio o gasto superfluo en remodelaciones y muebles para esa entidad por la astronómica cifra de $30.000 millones en los dos años y nueve meses en que la barranquillera ha dirigido ese organismo? (ver). ¿Qué haría Cabello o uno de sus subalternos si la denunciada no fuera ella sino cualquier otro funcionario? Respondo: le abriría, de inmediato, investigaciones y lo pondría en capilla. Pero ella y Barbosa se sitúan kilómetros arriba de la ley, por idénticos motivos: temor de sus examinadores a sus represalias judiciales y dádivas en cargos para sus familiares, sus protegidos, sus exesposas, sus novias, etc. La corrupción.
