Por Yolanda Reyes, Bogotá
La directora del ICBF advirtió que se recortarían 84.000 cupos de atención integral a la primera infancia en el 2021, leo una noticia que ha pasado tan inadvertida como la carne de caballo en comedores escolares, y me pregunto a quién dirige la “advertencia”: ¿a las familias, al presidente, a la “primera dama”, a los organismos de control? El presupuesto de ICBF tenía un déficit de 831.000 millones de pesos, pero los senadores y los representantes “se pusieron la camiseta de la niñez” –son palabras de la directora–, y lograron una adición de 215.579 millones de pesos.
Gracias a esa “camiseta” que, puesta así, luce como un favor, el déficit es ahora de 620.000 milloncitos y afecta el programa de primera infancia y el de restablecimiento de derechos. La directora dice que espera cubrirlo con el liderazgo del Ministerio de Hacienda y del Congreso, y aquí cabe preguntar si ese déficit que dejaría a 84.000 niños sin atención integral y a muchos más sin procesos de restablecimiento de derechos (cuando los maltratan, los violan o los reclutan, por dar ejemplos cotidianos) requiere de ‘lobbies’ ministeriales, parlamentarios y mediáticos para cumplir con el mandato constitucional de garantizar la prevalencia de los derechos de los niños.
¿Para qué sirven, entonces, el artículo 44 de la Constitución de 1991 que cambió la idea del asistencialismo a “la niñez desfavorecida” por el concepto de garantía de derechos, el Código de Infancia y Adolescencia de 2006, que dotó de herramientas legales al Estado para sancionar la vulneración de esos derechos, y la Ley De Cero a Siempre que, en 2016, consagró la Doctrina de la Protección Integral a la Primera Infancia como Política de Estado?
¿Cuántas plazas públicas se necesitan para albergar a esos 84.000 excluidos de atención integral (nutrición, crecimiento, salud, educación, cultura y saneamiento básico adecuados) que se suman a los que ya deambulan hoy por las calles de nuestras ciudades y se desplazan –en sentido literal– por las carreteras, colgados de los cuerpos de sus madres? Usted y yo los hemos visto y los veremos, ahora chiquitos, y luego, si no decimos nada, como otra generación que heredará la inequidad que se construye en los primeros seis años, y que es la génesis de la brecha irreparable de aprendizaje, de desarrollo y de oportunidades durante el resto de la vida.
Lo que nos permite leer estos símbolos y tantos que se siguen inventando no depende de un potencial innato y misterioso que recibimos antes de nacer sino de un entramado de condiciones que garantizaron, desde la etapa intrauterina y durante los años cruciales de la infancia, los estímulos indispensables para potenciar nuestro desarrollo cerebral y nuestras capacidades para relacionarnos. Esas bases de la vida emocional, cognitiva y ciudadana, que son un derecho y no un privilegio, están contempladas en la ley y son de obligatorio cumplimiento.
“El Gobierno Nacional proyectará y garantizará los recursos para la implementación de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre… En todo caso, los recursos presupuestados anualmente no podrán ser menores a los invertidos en la vigencia inmediatamente anterior”, conviene releer la ley, y recortar otros gastos que haya que recortar para cumplirla. Por cierto, ¿dónde está la Procuraduría?
Me gustaría ver a los llamados líderes de opinión hablando de estos “temas blandos”, reservados a “señoras”, pues la bomba social que ya venía cargada ha cobrado proporciones colosales durante la pandemia y le estallará al país, y costará muchos millones más de los que se mendigan. Así sea por dinero, esta deuda con la infancia debería ser asunto de interés nacional.
YOLANDA REYES
